El año más intenso de la inspección de Hacienda en Andalucía

La recaudación líquida total de Andalucía —es decir, lo que pagan religiosamente empresas y contribuyentes— ascendió a 9.380 millones de euros , una cifra que ya se acerca mucho a la de los años previos a la crisis como 2006 (en aquella ocasión fueron 10.500 millones). La aportación de las grandes empresas andaluzas de implantación nacional no se contabiliza en esta cifras (ya que se gestionan desde la sede central de la Agencia).

«La mejora se explica en buena parte por la clara recuperación de la situación económica », remarca Jorge Ramírez, delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. La creación de empleo y el aumento del consumo están catapultando los ingresos por el IVA o el impuesto de la renta, y se percibe que los salarios están subiendo. Sin embargo, en la recaudación tributaria en Andalucía hay un elemento diferencial con respecto a la época del boom. «El aumento de los ingresos de los últimos años es también un efecto inducido por el notable incremento en la eficacia de la lucha contra el fraude» , subraya Ramírez.

Hace una década los resultados de la batalla contra la evasión fiscal se situaban en el entorno de los 820 millones de euros;actualmente esa cifra casi se ha duplicado, ya que en 2017 superaron —por segundo año consecutivo— la barrera de los 1.500 millones de euros . De hecho, gracias a esto se ha compensado en parte el impacto demoledor del desplome de los ingresos de las arcas públicas.

¿En qué capítulos se desglosan los 1.533 millones obtenidos de la lucha contra el fraude fiscal? La mayoría —más de 1.100 millones de euros— viene de la mano de la intensificación de las actividades de control (es decir, de labor de la inspección de Hacienda). «En 2017 se realizaron en Andalucía 23.346 actuaciones inspectoras y la deuda media de las que acabaron en liquidación alcanzó los 80.000 euros» , recuerda Jorge Ramírez. Nunca en se habían realizado tantas acciones de este tipo. De hecho, el resultado es histórico, ya que el dinero obtenido por este apartado ha crecido más de un 15% con respecto al año anterior.

Con este bagaje, ¿por qué no se han superado los registros totales de 2016? Aunque las actuaciones de inspección se han incrementado en número y resultado, han caído los ingresos que proceden del segundo pilar en la lucha contra el fraude . Se trata de la minoración de las devoluciones que solicitan los constribuyentes tras hacer la declaración, un apartado al que se deben 367 millones.

El resto de los ingresos en la batalla contra la evasión (65,6 millones) procede de declaraciones extemporáneas (es decir, las realizadas fuera de los plazos estipulados).

En 2017 siguieron las grandes operaciones para el control masivo de aquellas actividades donde la cifra de ingresos declarados es inferior a la real, como fue el caso de la denominada «Dragón», que rastreó la posible economía sumergida en los comercios mayoristas de productos chinos en toda España.

Uno de los ámbitos en los que ha habido un avance cualitativo en los últimos años es el de la fiscalidad internacional. «Gracias a los nuevos acuerdos tenemos información sobre los rendimientos de cuentas bancarias de los españoles en 50 jurisdicciones y el próximo año doblaremos este número», recuerda el delegado especial.

En paralelo, se ha intensificado el control sobre patrimonios relevantes. «Hemos regularizado la situación fiscal de más de un centenar de ciudadanos con patrimonios muy altos, con una deuda media derivada de estas actuaciones de unos 220.000 euros».

El otro frente de la Agencia Tributaria está en los juzgados. «En 2017 hemos mantenido actuaciones de colaboración con los órganos de la Administración de Justicia, con especial hincapié en las conductas denunciadas por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, que han presentado un importante avance en nuestro ámbito». En 2015 había más de 760 causas instruidas pendientes en los diferentes juzgados por defraudación tributaria (por volúmenes superiores a los 465 millones de euros); dos años después las causas pendientes de resolución se han reducido a 420, pero los importes denunciados han crecido considerablemente (alcanzan en conjunto los 720 millones de euros, una media de 1,7 millones por procedimiento).

Gracias a un cambio normativo, cuando se admite a trámite una denuncia la Agencia Tributaria puede cobrar la deuda durante el proceso de instrucción , lo cual evita que haya alzamiento de bienes, y en caso de que haya finalmente una absolución se devuelve esa cantidad con los intereses debidos.