¿Puede volver a producirse en Andalucía un fraude como el del caso ERE?

Nadie supo ni recuerda ni dio instrucciones para que colaran a falsos trabajadores en ERE de empresas para cobrar una renta de por vida o hasta su jubilación con cargo a fondos públicos. Nadie les informó de que Francisco Javier Guerrero, director de Trabajo durante nueve años, nueve, estuviera dando ayudas excepcionales a empresas inexistentes o « próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz ». Hasta que la juez Mercedes Alaya no tiró del ovillo del caso Mercasevilla, nadie se enteró de que la partida 31L nutrió pagos a una tropa de comisionistas por tramitar ERE, con un control nulo sobre los desorbitados márgenes que cobraban.

Si todo fue fruto de un desliz con consecuencias fatales en la gestión de un fondo dotado de 855 millones de euros entre 2000 y 2011 , la pregunta parece inevitable: ¿puede repetirse hoy un fraude como el de los ERE?

La Administración autonómica ha revisado parte de los protocolos de vigilancia y control de los fondos públicos en lo que respecta al papel desempeñado por la Intervención General de la Junta de Andalucía, pero aún persisten algunos ángulos de sombra y vicios heredados de la etapa anterior. Éstos son los principales:

La Consejería de Empleo utilizó esta herramienta presupuestaria para agilizar los pagos de ayudas a espaldas de la mirada preventiva de los interventores. Año a año enviaba fondos a una agencia externa de la Junta, IFA/IDEA, que se limitaba a abonarlas, a costa de reducir los filtros sobre el movimiento de estos fondos . Según el auto de procesamiento, este artificio se ideó con «el propósito de saltarse los controles de la Intervención General» y creó un caldo de cultivo idóneo para la selección caprichosa de beneficiarios de las ayudas sociolaborales y a empresas. Según la ley, las transferencias de financiación deben emplearse en operaciones genéricas de los entes públicos, pero nunca para pagar subvenciones.

El informe de los peritos de la Intervención General del Estado incorporado al sumario del caso ERE , convertido en la gran pieza a desmontar por las defensas en un juicio, expuso que «nunca» se fiscalizó ni se pudo fiscalizar ningún expediente de concesión de subvenciones debido a que el instrumento de pago lo impedía. Los acusados, en cambio, alegan que el sistema era legal porque figuraba en las cuentas anuales de la Comunidad.

Con la sombra de la corrupción acechando, el Ejecutivo otorgó a la Intervención más capacidad de fiscalización previa sobre las transferencias, y no solo a posteriori como hasta ahora. Según fuentes técnicas consultadas, la reforma introducida en la Ley de Presupuestos de 2014 abortaría la posibilidad de pagar ayudas a través del método empleado en los ERE.

La realidad es distinta. Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, 22 entidades de la Administración autonómica continúan haciendo un mal uso de las transferencias de financiación . En su informe de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2016 publicado el pasado marzo, detectó que algunas consejerías utilizan a agencias externas para «operaciones de intermediación» relacionadas con el abono de subvenciones, pese a que en teoría está prohibido. Cita los casos de la Agencia Pública Andaluza de Educación y de Extenda, «sustituto legal o intermediaria en el pago de las subvenciones» de la Consejería de Economía, aunque a diferencia de los ERE están reguladas mediante una orden.

Con posterioridad, en enero de 2017, el actual interventor general de la Junta, Vicente Fernández, realizó unas instrucciones para acabar con la indefinición que rodeaba la emisión del informe de actuación. La Intervención estará obligada a emitirlo cuando el ente fiscalizado haga caso omiso a sus recomendaciones para solventar las irregularidades o cuando aprecie un menoscabo de fondos públicos.

La ausencia de un informe de actuación en el caso ERE fue uno de los motivos alegados por Griñán, exconsejero de Hacienda, y su exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo, para no haber tomado medidas cuando el exinterventor, Manuel Goméz, acusado en el juicio, envió a tres exconsejeros un informe en el año 2005 que concluía que se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido .

La Junta ultima un reglamento que define con nitidez el alcance del control de la Intervención en los entes públicos. «En caso de inactividad de los órganos llamados a actuar en estos casos», se dan armas al interventor para acudir al Consejo de Gobierno o a los juzgados . De haber existido esta norma, el fraude de los ERE tal vez no habría llegado tan lejos. El reglamento se encuentra en exposición pública y tiene que ser informado por el Consejo Consultivo antes de ser aprobado. Todavía no están fijadas qué operaciones estarán sometidas a un control previo y a posteriori.

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018 permiten abonar «hasta el cien por cien del importe» de determinadas subvenciones sin que los beneficiarios hayan presentado una sola factura que acredite el destino del dinero público. Para aplicar esta excepción a la regla general de la Ley de Subvenciones basta con que un consejero lo proponga discrecionalmente y que el Consejo de Gobierno lo apruebe alegando «razones de interés público, social, económico o humanitario». Este mecanismo extraordinario fue utilizado de forma generalizada por la Consejería de Empleo para seguir dando nuevas ayudas para cursos de formación a entidades receptoras de fondos sin estar justificadas las anteriores.

Tres años después de la victoria de Susana Díaz en las autonómicas, no ha visto la luz la propuesta estrella de su programa electoral: la creación de la Oficina contra el Fraude Fiscal y la Corrupción. Con esta promesa, la presidenta andaluza buscaba así romper cualquier cordón umbilical con la «herencia» de los ERE que tanto le avergonzaba.

Su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, le puso fecha y anunció que en 2016 estaría en marcha el nuevo órgano encargado de «prevenir, detectar y denunciar malas prácticas» en el uso de los fondos públicos. El proyecto, recogido en el acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos que permitió a Díaz convertirse en presidenta, ha tenido que rectificarse porque colisionaba con competencias estatales. El Gobierno andaluz confía en que empiece a funcionar el próximo mes.

Sea como fuere, no hay método infalible. Como proclamó exinterventor en el juicio, « cuando se quiere gestionar irregularmente, se gestiona irregularmente y ahí no hay informe que valga».