El futuro de Abengoa, en manos de proveedores a los que debe 153 millones

El acuerdo de refinanciación con el ICO y los bancos, así como el posible apoyo de la Junta de Andalucía, penden de un hilo: que los proveedores a los que debe 153 millones de euros acepten convertir parte de esa deuda en préstamos participativos, renunciando a acciones judiciales para embargar activos esenciales para el mantenimiento de su negocio de ingeniería y construcción, según fuentes consultadas por ABC.

Aunque Gonzalo Urquijo, presidente de la compañía, considera que Abengoa «tiene un problema coyuntural que hay que resolver», la multinacional arrastra importantes dificultades de liquidez desde 2015, cuando pidió un rescate bancario, acuerdo que fue homologado por el Juzgado Mercantil 2 de Sevilla en diciembre de 2016. Sin embargo, los problemas estructurales de la compañía, que apostó por la energía termosolar y los biocombustibles, que exigían importantes inversiones, a diferencia de la energía fotovoltaica, volvió a ponerla contra las cuerdas y en el verano de 2019 logró firmar in extremis otro acuerdo de reestructuración bancaria.

Sus cuentas de 2019 no recibieron el visto bueno de la consultora PwC, que no daba credibilidad a sus previsiones, lo que obligó a la multinacional fundada en 1941 por Javier Benjumea Puigcerver a retrasar su presentación. En pleno estado de alarma, la empresa no pudo atender ni el pago de los intereses de la deuda que había refinanciado en 2019, por lo que acordó con la banca acreedora una moratoria hasta el 30 de junio. No fue suficiente porque los problemas financieros de la empresa son de tal calibre que no ha podido afrontar el pago de la nómina de junio de sus trabajadores ni de la extra de verano.

Finalmente, Abengoa admitió que cerró 2019 con un «agujero» de 388 millones de euros , por lo que según la Ley de Sociedades estaba en causa de disolución. En 2019, la compañía que dirige Gonzalo Urquijo cerró con unas pérdidas netas de 517 millones de euros a pesar de haber incrementado las ventas en un 15%, alcanzando los 1.493 millones de euros (en 2012 eran de 7.000 millones de euros), mientras que su ebitda creció un 60%, situándose en los 300 millones de euros. Su cartera total de contratación ascendía al cierra de 2019 a 1.514 millones de euros.

Para salvar la situación, la compañía sevillana Abengoa necesita cumplir cuatro hitos: lograr la financiación del ICO, llegar a un acuerdo con los proveedores y acreedores comerciales, modificar las condiciones de pago de los casi 6.000 millones que debe a acreedores financieros (el fondo KKR, Santander, BBVA o CaixaBank) y disponer de línea de avales de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) para poder presentarse a concursos.

El próximo martes, Abengoa prevé dar a conocer sus cuentas del primer trimestre y firmar un acuerdo de reestructuración bancaria, que romperá el grupo económico actual, de forma que Abengoa pasaría a ser un accionista minoritario, mientras que la sociedad Abengoa Abenewco 1 recibiría la nueva financiación y línea de avales. El fondo de inversión KKR, uno de sus principales acreedores financieros, parece dispuesto a aceptar una importante quita a cambio de convertirse en uno de los principales accionistas de Abengoa.

Abengoa ha pedido a los bancos que le concedan 250 millones de euros, de los que el ICO avalaría el 70% . Las entidades financieras estarían dispuestas a otorgar 180 millones de euros y pidieron al ICO que cubriera el resto. Para cubrir el resto, espera que la Junta de Andalucía le conceda un crédito de entre 20 y 30 millones de euros, aunque dentro del Gobierno de Juanma Moreno hay diferencias de criterio al respecto. Si el Gobierno central de PSOE y Podemos finalmente apoya esta empresa andaluza, difícilmente no lo hará el Ejecutivo autonómico que sustenta el PP y Cs. Además, Abengoa necesita una líneas de avales de 300 millones de euros para cubrir sus necesidades del negocio hasta finales de 2021.

Abengoa propuso a otros acreedores comerciales de Abenewco 1 a los que debe 392 millones de euros pasar esa deuda a la sociedad Abenewco 2 bis, asignándole derechos prefentes sobre activos, como futuras ganancias en arbitrajes sobre las ayudas a las renovables o de la venta de activos en Kenia, México, India, Ghana o España. Según ese plan, recuperarían el 80% de la deuda. Otra deuda vencida de 137 millones de acreedores recibirán otro tratamiento que no implicará salidas de efectivo o compromisos de pago en el futuro, según Abengoa.

Sin embargo, este plan de reestructuración financiera no irá a ningún sitio si Abengoa no logra el apoyo de los proveedores a los que adeuda 153 millones de euros y a los que propuso, a través de la consultora KPMG, convertir esa deuda en préstamos participativos. La nueva deuda sería pagada con activos propiedad de Abengoa y un 2% del capital de Abenewco 1. Pero los acreedores comerciales no recuperarían en veinte años el total de la deuda, sino sólo el 12%.

Fuentes consultadas po r ABC indican que la multinacional está teniendo importantes problemas para lograr que el 95% de esas acreedores comerciales firmen la operación , lo que explica que haya retrasado hasta en tres ocasiones la firma del acuerdo de reestructuración financiera. Se trata de una deuda vencida en 2015 y que, por tanto, puede ser reclamada en los tribunales. De hecho, algunos proveedores tienen ya interpuestos pleitos para pedir el embargo de bienes, algunos esenciales para proseguir con su actividad. «Si esos proeedores aceptan recibir préstamos participativos a cambio de la deuda tendrán que renunciar a acciones judiciales en curso o futuras, y la deuda comercial entraría dentro de un crédito sindicado que evitaría acciones judiciales individuales», indican las mismas fuentes.

No es la primera vez que piden el embargo de bienes de Abengoa por impa go . En 2019 el Juzgado de Primera Instancia 14 de Sevilla dictó una orden general de embargo para Abengoa como consecuencia del impago a MIC Insurance-Millennium de más de un millón de euros. Abengoa propuso a MIC pagarle con acciones de filiales y créditos pendientes de cobro, que rechazó la empresa de Antonio Morera Vallejo, lo que llegó a la multinacional a pagar para evitar un concurso de acreedores necesario, con el que Gonzalo Urquijo hubiera perdido el control de la compañía en favor de administradores concursales.

Si finalmente no logra el apoyo de la banca, de los proveedores y acreedores comerciales o del ICO, Abengoa se vería en una encrucijad a: podría pedir el concurso de acreedores voluntario (sería el mayor presentado hasta ahora en España) o el preconcurso (5 bis). Este último le blindaría durante cuatro meses de ejecuciones de bienes necesarias para su actividad. Podría también la mutinacional acogerse a la moratoria concursal que aprobó el Real Decreto 16/2020, que permite a las empresas con problemas de liquidez no tener que solicitar el concurso de acreedores antes del 31 de diciembre de este año, de modo que si algún acreedor solicita un concurso necesario queda protegida, pero esta solución no parece viable ya que la multinacional tiene necesidad urgente de «cash» para seguir con su actividad diaria. Actualmente están en concurso nueve de sus filiales, dos de ellas con convenio (Simosa y Simosa IT) y el resto previsiblemente irán a liquidación.

Ante los vaivenes en las negociaciones con sus acreedores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendió el 14 de julio la cotización de Abengoa, que cerró con un valor de 0,0062 euros el título, cuando en 2014 era de 4,53 euros. De hecho, la multinacional ha visto desplomarse su capitalización bursátil, que llegó a los 4.000 millones hace seis años y que ahora se sitúa en poco más de 106 millones de euros. En 2018 se desplomó aún más, llegando a valer en Bolsa 60 millones de euros.