La falta de liquidez amenaza la supervivencia de Abengoa, que negocia ya un ERTE para su plantilla

la empresa asegura que el Covid-19 está teniendo un impacto en la compañía y por ello ha decidido suspender temporalmente contratos. Por otra parte, el consejo de administración y el equipo directivo de Abengoa ha decidido además reducirse en un 20% sus retribuciones con la intención de «ayudar a los empleados afectados por esta situación y proteger la liquidez de la compañía». En concreto, los consejeros y directivos «reducirán un 20% sus retribuciones , suspendiéndose también el abono fraccionado de los variables 2018 que veníamos realizando (el variable 2019 ya fue cancelado), hasta que la situación de estado de alarma finalice».

En septiembre de 2019, Abengoa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su endeudamiento financiero ascendía a 3.118 millones de euros, incluyendo 1.220 millones que correspondían a la deuda de sociedades a la venta. Así pues, la crisis del coronavirus ha pillado a Abengoa con las cuentas de 2019 sin aprobar porque su auditora, PwC, no consideraba creíbles sus previsiones de ingresos. Ello impidió a Abengoa informar a la CNMV del cierre de sus cuentas en 2019. La multinacional presidida por Gonzalo Urquijo ha encargado otro informe a KPMG sobre sus cuentas.

Aunque el ERTE que negocia Abengoa no está derivado de la crisis del coronavirus, la empresa se verá beneficiada por el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. Ese decreto m odifica la fecha de presentación de cuentas anuales e incluso establece una moratoria para aquellas empresas en estado de insolvencia que tienen la obligación de solicitar el concurso de acreedores en los juzgados mercantiles. Esa moratoria también suspende plazos para las empresas que estuvieran refinanciando deuda y tuvieran que comunicarlo a los juzgados mercantiles, ante los cuales sólo se podrán presentar por Lexnet asuntos urgentes, según el Consejo General del Poder Judicial.

Por tanto, si Abengoa entra en situación de insolvencia, sus administradores no tendrían la obligación de solicitar el concurso para evitar responsabilidades económicas por agravamiento del estado de insolvencia de la compañía. Además, los administradores tampoco serían responsables de las deudas generadas durante el estado de alarma declarado por el Gobierno. Según el Real Decreto, Abengoa tendría dos meses desde la finalización del estado de alarma para solicitar el concurso si es que fuese necesario. Y si algún acreedor instara el concurso necesario (en ese supuesto la empresa pierde el control de la compañía en favor de los administradores concursal), el juez no tendría que tramitarlo hasta dos meses después de que finalizara el estado de alarma. Incluso dentro de ese plazo, si Abengoa presentara el concurso voluntario, tendría preferencia sobre el necesario instado por acreedores. Por tanto, la moratoria concursal por la crisis del coronavirus ha venido a Abengoa como anillo al dedo.

Los problemas de Abengoa no guardan relación con la pandemia. En 2019, la empresa modificó los términos de las financiaciones existentes y reestructuró su deuda financiera , lo que incluía la emisión de bonos convertibles por un importe nominal de 1.423 millones de euros y la inyección de dinero nuevo por un importe máximo de 97 millones de euros.

En febrero de 2020, dos meses después de que Abengoa finalizara con éxito su reestructuración financiera en su filial de Brasil, todas las alarmas saltaron porque la compañía que preside Gonzalo Urquijo informó que había recibido una oferta de financiación por parte de un conjunto de inversores y solicitaba a sus acreedores financieros autorización para incurrir en un endeudamiento financiero adicional por importe de 50 millones de euros. Fuentes consultadas por ABC indicaron que «ese dinero es calderilla para Abengoa, el equivalente a varias nóminas de su plantilla. Muy mal deben estar las cosas cuando Abengoa tiene que recurrir a un préstamo de esa cuantía tras una reestructuración financiera de más de mil millones de euros».

Tras la reestructuración financiera, Abengoa ha visto cómo algunos acreedores han instado en los tribunales el embargo de sus bienes y hay quien lo ha logrado. ABC ha podido saber que el Juzgado de Primera Instancia 14 de Sevilla dictó en julio de 2019 una orden general de embargo para Abengoa como consecuencia del impago a MIC Insurance-Millennium de 837.465 euros, más 300.000 euros de intereses y costas. Esa cantidad fue reconocida en favor de la empresa propiedad de Antonio Morera Vallejo en una sentencia firmada por ese mismo juzgado.

Ese Juzgado ordenó investigar el patrimonio de la empresa y requirió a sus representantes a identificar aquellos bienes que fueran susceptibles de embargo y que permitieran pagar esa condena. Abengoa intentó pagar a MIC con acciones de filiales y créditos pendientes de cobro, difíciles de convertir en líquido, lo que fue considerado fraude de Ley por parte de la demandante. Finalmente, para evitar que MIC instara el concurso necesario de la multinacional -lo que le haría perder el control de la compañía a Gonzalo Urquijo en favor de un administrador concursal-, Abengoa pagó su deuda a ese acreedor.

Por otra parte, Abengoa ha solicitado en los últimos meses el concurso de acreedores para sus filiales Abengoa Finance y Abengoa Greenfield, que colocaron a inversores cualificados e institucionales bonos y obligaciones por 2.700 millones de euros entre 2010 y 2014. Se trata de Abengoa Finance, que tiene un patrimonio neto negativo de 30 millones de euros, siendo la titular de su deuda Abengoa Abenewco 2. La otra filial que ha solicitado la declaración de insolvencia es Abengoa Greenfield, que tiene un patrimonio neto negativo de 4,3 millones de euros.

De igual forma, Abengoa solicitó el concurso de acreedores de Simosa IT, una filial que desde 2009 le provee de servicios informáticos y de telecomunicaciones, la cual acumula una deuda de casi 37 millones de euros, de los que 28,9 son créditos ordinarios. El 54% de esos créditos votaron a finales de enero de 2020 la aprobación del convenio de acreedores que incluye una quita del 50% de la deuda y una espera de cinco años, con pagos trimestrales. Sin embargo, varios acreedores han impugnado ese convenio y será ahora el Juzgado Mercantil el que tenga la última palabra.

La falta de liquidez de Abengoa ha llevado también a sus accionistas históricos a solicitar el concurso de acreedores . En enero de 2019 entró en concurso Inversión Corporativa (IC), la sociedad constituida en 1981 y que agrupa a más de 300 accionista s de la segunda y tercera generación de las familias fundadoras de Abengoa: Benjumea, Aya, Abaurre, Solís y Sundhein. IC -otrora presidida por Felipe Benjumea y al frente de la cual está ahora Ignacio Solís Guardiola- llegó a tener el 51,3% de los derechos políticos de Abengoa, pero después de las ejecuciones de acciones por parte de bancos y las emisiones de acciones nuevas, esos derechos están en torno al 2%.

Además, se declararon en concurso otras sociedades filiales de IC, como Finarpisa, Iniciativas de Bienes Inmuebles (Ibisa), Iniciativas Concertadas, Iniciativas de Bienes Rústicos, Explotaciones Casas Quemada y Herrería la Mayor. El total de la deuda de IC y sus filiales asciende a 119 millones de euros. Se está negociando con los bancos acreedores la dación en pago con suelos ubicados en una zona de expansión de Sevilla: Buen Aire, frente a Santa Clara. La recalificación y venta de medio millón de metros cuadrados será la llave para la salida del concurso de acreedores de Inversión Corporativa y de sus seis filiales, según el informe de l os administradores concursales de Inversión Corporativa, AATI Concursal. Todo está pendiente de que el Ayuntamiento de Sevilla apruebe de forma definitiva el Plan Parcial de la zona, quedando recalificados esos suelos.

Está pendiente también de resolver la demanda que Inversión Corporativa presentó en Madrid contra Santander y HSBC para reclamarles 1.000 millones de euros por considerar que fueron los culpables de la caída de la multinacional sevillana. En febrero se celebraron varias vistas y estaba previsto que en mayo tuviera lugar el juicio oral, aunque la crisis del coronavirus y la paralización judicial que ha propiciado podrían alterar esas fechas.

ABC ha podido saber que toda esta situación ha creado graves problemas de liquidez a título particular a socios históricos de IC. Uno de ellos solicitó el concurso de acreedores como persona física por adeudar más de 3 millones de euros. Por otra parte, la s ociedad Promontoria Holding XXII -filial europea del fondo de alto riesgo Cerberus, que compró deuda a CaixaBank- pidió la declaración de insolvencia para una de las sociedades de otro socio histórico que adeuda 20 millones de euros, pero finalmente el Juzgado Mercantil de Sevilla lo ha denegado.