Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, territorio sin ley por una lucha entre clanes de droga

Agentes locales se niega a entrar en la zona sin Policía Nacional: «No podemos jugar con la vida de las personas»

Desde el sábado se han producido tres tiroteos con 'armas de guerra' por controlar el mercado de marihuana

Las Tres Mil Viviendas JUAN FLORES

Hay una guerra entre clanes de la droga en las Tres Mil Viviendas de Sevilla y acumula ya tres tiroteos desde la tarde del pasado sábado. El primero fue toda una ráfaga de disparos con armas de gran calibre al que ... siguieron nuevos tiros durante la mañana del domingo y un tercer episodio durante la tarde del lunes. Mientras se consigue detener a los principales responsables de este batalla por el control del cultivo y venta de marihuana, los trabajadores de muchos servicios públicos (limpieza, autobuses, sanitarios, etc.) han pedido desarrollar su trabajo bajo acompañamiento de la Policía Nacional. Incluso la Policía Local lo ha planteado debido a su falta de «medios y formación» cuando tienen que hacer frente a fusiles de asalto AK-47.

El Polígono Sur de la ciudad de Sevilla se encarama todos los años al podio de los barrios más pobres de España. A este índice económico, se le podría unir otros factores como la delincuencia, la inseguridad o las drogas, que lo convierten en un punto de conflictividad permanente de la ciudad de Sevilla. Pero bajo el término Polígono Sur se engloban barriadas más normalizadas y obreras, y a veces se toma la parte por el todo. Por eso, habría que poner el foco en las Tres Mil Viviendas, que engloba los núcleos de pisos bajo el nombre de Murillo y Martínez Montañés, que desde el pasado fin de semana ha sido epicentro de los episodios de tiroteos.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró este martes que el Ejecutivo está reforzando con efectivos de la Policía Nacional las Tres Mil Viviendas para «evitar que haya una revancha o réplica, como suele ocurrir de forma casi automática cuando hay un enfrentamiento» entre bandas dedicadas al mundo de las drogas, como ocurrió el pasado sábado, cuando chocaron los clanes de los Caracoleños y los Naranjeros. Fernández añadió que el Gobierno está trabajando para «dar con el paradero de los que puedan portar este tipo de armas, de las que tuvimos conocimiento mediante esos vídeos que han estado virando por todos los medios y redes sociales».

Pero tras la evidente falta de seguridad en la zona, los agentes de la Policía Local han pedido a la Jefatura que se paralicen todos los protocolos de acompañamiento a las Tres Mil Viviendas, como los que a diario realizan con los servicios de limpieza de Lipasam, Tussam o alumbrado público, según anunciaban CSIF y Sindicato de Profesionales de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme). «No podemos jugar con la vida de las personas», señaló Luis Val, presidente de Sppme. Hasta ahora las patrullas de Lipasam, por ejemplo, entran en algunas zonas acompañadas de agentes locales.

En este sentido, el sindicato Jupol de la Policía Nacional ha reclamado al Ministerio del Interior y la Dirección General de Policía el envío y uso de «armamento especializado y vehículos blindados» tras estos tiroteos.

Sobre esta situación se pronunció el propio alcalde, José Luis Sanz. Como no podía ser de otra forma, garantizó la prestación de servicios públicos con normalidad en el barrio, salvo en «dos puntos concretos», donde los efectivos municipales deben entrar acompañados por agentes de la Policía Nacional. Además, señaló que la solución a los episodios recientemente producidos, con tiroteos con 'armas de guerra' –se utilizaron AK-47–, sólo se solucionan con actuación de la Policía Nacional.

«Si no se producen actuaciones policiales concretas, el problema no tiene solución», aseguró. El alcalde tendrá una reunión con el comisionado del Polígono Sur, Jaime Bretón, y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, para analizar los problemas de seguridad ciudadana que se están produciendo en las Tres Mil Viviendas.

Atención sanitaria

Sanz insistió en que los servicios públicos se siguen prestando en el barrio y que se «está aprovechando el despliegue de la Policía Nacional para cubrir también a la Policía Local en puntos muy concretos del barrio. Los servicios municipales se están prestando en la zona, salvo en puntos muy concretos, donde no se entra si no es con el acompañamiento de la Policía Nacional». En esos puntos concretos, explicó el alcalde, Lipasam entra, por ejemplo, solo con barrederas y máquinas, pero no con personal barriendo.

El cuestionamiento del desarrollo de los servicios públicos en estas zonas más conflictivas tras los últimos tiroteos también ha llegado al sector sanitario, cuyos servicios también se están viendo afectados por el clima de inseguridad reinante en el Polígono Sur.

Los sanitarios que prestan servicio en el centro de Atención Primaria Polígono Sur (adscrito al área hospitalaria del Virgen del Rocío), ven con preocupación los últimos acontecimientos, especialmente los que han de prestar asistencia domiciliaria, tanto médicos como personal de Enfermería.

«Muchas de esas visitas están en zonas complicadas y en esos casos, salvo que la cosa cambie, vamos a necesitar el respaldo de las fuerzas de seguridad para hacer nuestra labor asistencial, lo cual va complicar mucho nuestro trabajo», comenta uno de estos profesionales.

Aunque están acostumbrados a desarrollar su tarea en condiciones difíciles, los últimos sucesos hacen temer por su seguridad personal incluso a los más veteranos.

Además del centro de Atención Primaria, que presta servicios de medicina, enfermería y urgencias, en el Polígono Sur se ubica también (en la misma calle, rotulada Bendición y Esperanza) un centro de tratamiento de adicciones (CTA) que atiende a adictos a todo tipo de sustancias (especialmente, heroína y cocaína), al juego y a pacientes con adicciones comportamentales. En este centro se dispensan metadona y buprenorfina a los drogadictos que aceptan el tratamiento. «En el centro de drogodependencia está todo tranquilo en este momento, no ha llegado ningún paciente que tenga dificultades en su atención. Sin embargo, al haber mayor presencia policial, se está dando el caso de que tenemos menos pacientes de los habituales y constatamos la inasistencia a citas concertadas o a la recogida de su tratamiento», cuenta a ABC uno de los médicos que trabaja en el CTA.

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