Tras la pista de los esclavos del siglo XXI en el campo sevillano

Quien habla es Fernando, uno de los inspectores que trabaja en la unidad contra las redes de inmigración y falsedades documentales (UCRIF). Hablar de esclavitud podría trasladar al lector a sociedades con escaso nivel de desarrollo. Pero ganar dinero con la mano de obra esclava es una realidad en el primer mundo, en países europeos como España donde las víctimas habituales no son los nacionales sino los extranjeros que no tienen regularizada su situación y que además suelen entrar de la mano de organizaciones que las someten a un control férreo.

No se tratan de situaciones aisladas. En sólo el último año y medio, la Policía Nacional ha detenido a 38 personas y ha identificado a cerca de 80 víctimas de este tipo de explotación sólo en la provincia sevillana. La mayoría de los detenidos son extranjeros, principalmente de Rumanía y de otros estados de la Europa del Este porque en sus países es donde realizan las labores de captación. Forman parte de organizaciones que operan como auténticas mafias. El dinero que obtienen de explotar a los trabajadores lo «suelen enviar fuera donde tienen su patrimonio a buen recaudo».

Este incremento de trabajo no es sólo una percepción policial; la propia Fiscalía sevillana lleva advirtiendo en los últimos años cómo están aumentando las causas judiciales por la trata de seres humanos con fines de explotación laboral cuando no hace mucho las víctimas mayoritarias eran las mujeres explotadas con un claro objetivo sexual. Es un negocio lucrativo que se aprovecha de la vulnerabilidad de personas sin papeles y sin recursos. «Hay quien se ha lanzado por la ventana desesperada porque no tenía dinero para enviar a su familia; quien busca comida en la basura porque no les dan ni de comer; embarazadas trabajando de sol a sol que llegan a perder a su hijo».

ABC ha acompañado a la UCRIF en una de sus investigaciones para conocer sobre el terreno cómo se desarrollan estos operativos que van detrás de la pista de los esclavos del siglo XXI. «Los primeros datos nos llegan por informaciones de antiguas víctimas, de vecinos...de alguien que sabe que hay cuadrillas que están trabajando en el campo en condiciones infrahumanas o que viven en muy precarias condiciones».

Y a partir de ese primer hilo, los agentes empiezan con los seguimientos de los transportes que trasladan a los grupos de jornaleros al campo. Esas vigilancias son muy complicadas, de muchas horas, como detalla el inspector de la UCRIF, porque a la más mínima sospecha de que están cerca, los trabajadores suelen salir huyendo. «Los manijeros que los vigilan de cerca, los tienen aleccionados. Muchos de ellos vienen de países donde los cuerpos policiales no inspiran confianza. Pero nosotros tenemos que hacerles ver que venimos a ayudarles».

Antes de las ocho de la mañana partimos en varios coches camuflados hasta una explotación agrícola en Villamanrique. Ese día se ha optado por ésa para hacer una inspección sobre el terreno porque el equipo que ya está en el campo, vigilando los movimientos de las furgonetas, confirman que no se han movido de allí. «Estamos hablando de cuadrillas que las están trasladando continuamente. Cuando acaban una recogida, las mandan a otro sitio en el mismo día, incluso salen de la provincia y se marchan a explotaciones de Córdoba o Huelva».

Los agentes de paisano van acompañados de un equipo de la UPR uniformado, que son los que acceden por sorpresa al recinto agrícola. A pesar de los preparativos, nada más aproximarse a la entrada del camino agrícola que da acceso a la finca, ya han sido vistos y varios de los trabajadores sale corriendo. Finalmente son paradas dos cuadrillas, de unas veinte personas cada una. Mujeres y hombres de diversas nacionalidades: sudamericanos, africanos y de la Europa del Este que estaban recogiendo cebollas. Cada uno de los dos grupos está controlado por un manijero, un hombre y una mujer de nacionalidad rumana que además son matrimonio. Él le explica a la Policía que lleva 20 años en España y que es la persona que se encarga de reclutar al personal.

Con la Policía va una inspectora de Trabajo, curtida en estas tareas, que carpeta en mano va pidiendo a cada uno de los trabajadores que les enseñen su documentación. La mayoría muestra una fotografía de su pasaporte que guardan en el móvil. Esto obliga a los agentes a consultar en la base de datos si están en situación regular. A pesar de que la inspección se desarrolla de manera pacífica, los policías que se encargan de vigilar el dispositivo intervienen por seguridad los cuchillos que lleva cada jornalero para cortar los frutos y evitar problemas en caso de que «alguien se ponga nervioso».

En ese instante se presenta uno de los socios de la cooperativa que lleva esa explotación agrícola. Le explica a la inspectora que los jornaleros los recluta el manijero, que están dados de alta y que sus nóminas las pagan por transferencia bancaria. Pero la inspectora ha detectado ya que hay seis jornaleros que admiten que no tienen regularizada su situación y otros cuatro que no presentan documentación pero aseguran que pueden demostrar que la tienen en regla. Los seis primeros, a priori, no pueden estar trabajando de manera legal. Así que indiciariamente, los agentes abren diligencias por un posible delito contra el derecho de los trabajadores. Uno de los jornaleros reconoce también a los agentes que es un amigo quien le paga. Él no sabe nada de transferencias.

La inspectora cita al empresario para que pueda aclarar todas estas circunstancias. «En este caso la tarea va a ser fácil porque no hay intermediarios. Lo difícil es cuando hay una propietaria de la finca, que le vende el fruto en el árbol a una empresa, que a su vez subcontrata la recolección». Las mafias saben de la existencia de estas telarañas de sociedades y constituyen empresas para tratar de mostrar una fachada legal con la connivencia de gestorías que tienen pocos escrúpulos.

Uno de los agentes más veteranos trata de quitarle tensión a la situación y bromea con algunos de los trabajadores. El objetivo no es otro que ganarse poco a poco la confianza de aquellos que pudieran estar sufriendo una situación de explotación laboral pero no se atreven a hablar. Estas inspecciones sorpresa son el primer paso de estas investigaciones que se basan principalmente en el testimonio de las víctimas. Sin ellas es casi imposible construir un caso. Por eso a quien da el paso, la Policía les ofrece la posibilidad de poder regularizar su situación o regresar a su país. Son muchos los que optan por lo segundo tras la experiencia vivida; pero hay quien ha conseguido salir adelante en España y ha acabado ayudando a los agentes alertando de nuevos compatriotas en peligro.

Los seis trabajadores irregulares son trasladados en calidad de detenidos por una infracción administrativa hasta la comisaría mientras que el resto se queda en el campo y abre sus bolsas para comer. Algunos en silencio sacan algo de fruta de unas tarteras. A las pocas horas, los seis irregulares son puestos en libertad. La Policía espera haber sembrado. Estas inspecciones también quieren mandar el mensaje de que están muy encima, pero que ellos no son el enemigo sino quien los explota y se aprovecha de su necesidad.