Las mafias del Este se lucran con mano de obra esclava en el campo sevillano

«Cuando se produjo el cierre de fronteras, estas organizaciones dejaron de operar porque no podían introducir en el país mano de obra. Pero con el final de las restricciones, se ha producido un repunte que se está notando con el incremento de asuntos que nos están llegando a la Fiscalía«. La fiscal delegada de Extranjería de Sevilla, Natividad Plasencia, recuerda que no hace mucho la mayoría de los casos en los que trabajaba estaban relacionados con la explotación sexual y la trata de mujeres para prostituirla. Ahora cada vez le llegan más operaciones que hablan de otro tipo de explotación, la de carácter laboral. «Los asuntos de explotación sexual siguen siendo mayoritarios pero ojo que estamos ya en un porcentaje del 60-40% y el perfil de las víctimas está cambiando«. De la mujer extranjera recluida en un burdel, al hombre inmigrante malviviendo en una casa de aperos.

Las redes que están desmantelando en el campo sevillano son principalmente de origen rumano y moldavo, que explotan a compatriotas a los que engañan en su país con falsas promesas de trabajo estable. Unas organizaciones que han aprovechado la reapertura de fronteras y los grandes flujos migratorios derivados de crisis humanitarias como la guerra de Ucrania, para obtener más mano de obra esclava.

La última operación de la Policía Nacional ha mostrado la peor cara de estas organizaciones, capaces de explotar a personas discapacitadas para ganar mucho dinero. Sus cabecillas vivían a todo trapo: «Circulaban en vehículos de gama alta, compraban en zonas como la calle Serrano en Madrid y encima podían llevar en efectivo 8.000 ó 9.000 euros para sus gastos del día a día», detalla en una entrevista para ABC el jefe del grupo III de la brigada central de trata de seres humanos de la Policía Nacional. Su equipo trabajó codo con codo con el grupo II de la unidad contra las redes de inmigración ilegal (UCRIF) de la brigada provincial en una investigación que ha conseguido llegar hasta Rumanía dónde cayó uno de los integrantes de la banda que había huido de España.

Esta investigación, que ha mandado a prisión a seis personas, nació en la habitación de un hospital de Sevilla donde en julio del año pasado ingresaba un hombre de origen rumano con discapacidad intelectual. Le había arrollado un tractor cuando trabaja en el campo. No hablaba español y no llevaba documentación encima. «Ese detalle suele indicarnos que podemos estar ante una persona víctima de trata porque estas organizaciones lo primero que hacen cuando llegan los trabajadores aquí es quitarles todos sus papeles para que no puedan moverse libremente«, detalle el jefe del grupo II de la UCRIF.

Desde el centro sanitario alertaron a la Policía. El trabajador presentaba lesiones graves pero pudo comunicarse con los agentes a través de un traductor. La víctima les fue relatando que trabajaba muchas horas en el campo y que apenas comía, algo que se confirmó por los signos de desnutrición que presentaba. Gracias a esa primera declaración, los agentes supieron que había una red que estaba explotando a ciudadanos rumanos en la zona de Brenes.

Los trabajadores habían sido captados en Rumanía en ambientes marginales. Les habían comprado el billete de autobús hasta España y al llegar a Sevilla, empezaba a crecer la deuda que acaban de contraer con la organización. «Del jornal que podían ganar al día le descontaban los gastos de alquiler de la casa, de traslado diario al campo...» Una serie de costes que les impedía saldar alguna vez las cuentas con los mafiosos. Los agentes han comprobado en más de una ocasión cómo la víctimas de estas redes acaban rebuscando comida en los contenedores para subsistir.

Las situaciones de explotación que han destapado estos equipos policiales pueden poner los vellos de punta: personas atadas para que no se escaparan al regresar del trabajo en una finca; menores sin escolarizar que son obligados a recolectar frutos; víctimas que terminan desfalleciendo porque son llevadas hasta la extenuación. «Cuando el calor aprieta, la situación se vuelve muy peligrosa porque son personas a las que tienen trabajando de seis de la mañana ocho de la tarde sin apenas descanso, ni comida», detalla el jefe de grupo de la brigada central.

¿Y cuál es la relación de estas mafias con los agricultores españoles? La Policía explica cómo estas organizaciones buscan una fachada de aparente legalidad. Constituyen empresas cuyo objeto social está relacionado con actividades del campo y se ofertan como intermediarias entre el propietario de la explotación y las cuadrillas. «Ellos ponen las cuadrillas y la persona que contrata lo hace con la empresa, no directamente con los trabajadores. Es una forma también de desentenderse de cualquier problema que pudiera surgir con esa mano de obra», detalla uno de los responsables policiales de la operación Danubio.

Fuentes del sector admiten que esa subcontratación ha favorecido que se produzcan los abusos. Desde la Policía reconocen que no es ningún secreto las condiciones en las que se encuentran estos trabajadores, pero la clave está en cuánto se paga a esas supuestas empresas por las cuadrillas que proporcionan para cada campaña. Un precio muy por debajo de lo que marca el convenio del campo. «Estos trabajadores viven en localidades pequeñas. Los vecinos los ven, saben dónde residen, normalmente en casas en precarias condiciones o incluso naves. No se puede decir que no se sabe lo que está pasando«. Este agente pone de ejemplo la colaboración que ha prestado en esta operación el Ayuntamiento de Brenes para desmantelar una red que tenía hasta cinco personas en régimen de esclavitud.

Esta organización se movía por todo el país, desplazándose de campaña en campaña. Una parte de la investigación llevó a los agentes hasta Salamanca donde se habían desplazado para proseguir con el modus operandi. A pesar de la experiencia adquirida, a los dos jefes de equipo de la Policía no les deja de sorprender hasta dónde son capaces de llegar estas redes. Una de las víctimas que liberaron en una de las viviendas que controlaba la organización en Sevilla era una chica rumana de apenas 23 años, a la que explotaban en el campo y también como esclava sexual. La tenían encerrada en un piso donde era usada al antojo de los miembros de la organización. «Son despiadados. Para ellos las víctimas son simple mercancía».