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Tres años de cárcel para los primeros condenados en la trama de las comisiones de la sevillana Fitonovo

La Audiencia Nacional dicta prisión contra los cargos públicos de la primera pieza separada de las cinco que hay, que es la más leve de todas, sobre la empresa sevillana que pagó dádivas a políticos de todo el país, entre ellos a Torrijos

La Guardia Civil, durante su intervención en la empresa sevillana Fitonovo Juan Flores
Alberto García Reyes

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La trama de las mordidas que la empresa sevillana Fitonovo pagó a numerosos políticos españoles a cambio de adjudicaciones públicas ya tiene su primera sentencia. Este caso surgió a raíz de la decisión de la juez Mercedes Alaya de investigar el ... patrimonio de uno de los imputados en el caso Mercasevilla, el socialista Domingo Enrique Castaño . La Guardia Civil descubrió que los bienes de este cargo del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín se habían multiplicado muy por encima de sus ingresos, pero la clave no estaba en la lonja sevillana, sino en una empresa especializada en jardinería y montaje de juegos infantiles llamada Fitonovo que le había comprado un coche de alta gama y rehabilitado una casa . El crecimiento empresarial de Fitonovo en aquellos años fue desmedido y rápidamente Alaya conectó ambas cuestiones con una posible trama de pago de comisiones a políticos. La juez abrió una pieza separada y luego tuvo que enviar el caso a la Audiencia Nacional , ya que los empresarios habían «comprado» a cargos públicos en otras provincias, no sólo en Sevilla. Se hizo entonces cargo de la instrucción el juez José de la Mata, que en 2017 cerró la investigación abriendo cinco piezas separadas. En la principal se juzga sólo a los empresarios Rafael González Palomo y su hijo, José Antonio González Baró , junto a los miembros de la compañía que participaron en la trama. En las otras cinco serán juzgados los políticos y cargos públicos que recibieron dádivas. Cada una de estas piezas se centra en un territorio concreto y Sevilla es la última, por lo que este juicio concreto aún tardará unos meses. Pero el primero de ellos, relativo a Canarias y Extremadura , ya se ha celebrado y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha emitido sentencia condenatoria el pasado 12 de noviembre a la que ha tenido acceso este periódico. Concretamente, impone al principal cargo público implicado, un funcionario de la Junta de Extremadura que recibió de la trama 66.000 euros, tres años de cárcel y una inhabilitación de siete años. Esta primera sentencia, por tanto, sitúa a los procesados sevillanos ante un horizonte judicial muy adverso, ya que en el caso del Ayuntamiento de Sevilla los pagos probados en la fase de instrucción son muy superiores.

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