Sólo en Sevilla hay casi 6.000 cargos y funcionarios públicos que están aforados ante los tribunales

Fueron los sucesivos casos de corrupción política los que han convertido la palabra «aforado» en un término frecuentemente usado. Los miembros de la clase política con ese privilegio son parlamentarios andaluces, diputados y senadores, y miembros del Gobierno. En Sevilla, hay 18 parlamentarios autonómicos, 12 diputados en el Congreso y 4 senadores. El Estatuto de Autonomía establece que, durante su mandato, su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde al TSJA. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible ante el Tribunal Supremo.

El presidente de la Junta sólo responde ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, lo mismo que los consejeros.Si los delitos se cometen en Andalucía, responden ante el TSJA.

Pero hay más aforados, tantos como jueces y fiscales o miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: más de 200 jueces y 92 fiscales (en Sevilla y provincia). También 2.718 agentes de la Guardia Civil y 2.877 policías. Jueces y fiscales son encausados por el TSJA si cometen un delito en el ejercicio de sus funciones. Si es por motivos relacionados con su profesión, policías y guardias civiles son juzgados por la Audiencia Provincial. El fuero de los políticos es más amplio ya que si un diputado comete un delito (aunque no tenga que ver con su trabajo) sigue siendo aforado mientras que los otros aforados son juzgados por tribunales ordinarios si el delito no es en ejercicio profesional.

El debate de los aforados sigue abierto. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, su presidente en Andalucía Occidental, Juan José Parra, reconoce que el número es demasiado elevado. «Hay muchísimos aforados» , sobre todo en política, pero matiza que ser aforado «no da tantas ventajas» ya que también «priva» de recursos. Si un político es juzgado por el TSJA pierde la posibilidad de recurso que tenía en un juzgado Penal. Parra cree necesario «un estudio detenido», ya que no se puede eliminar los aforados de un plumazo. Más bien apunta a una «reducción ponderada» o matizar aforamientos en función de los delitos.

Desde Jueces para la Democracia, su representante en Andalucía, Santiago García, también cree que son muchos y que habría que ir al modelo europeo en el que no hay tantos políticos aforados. Ve lógico que los políticos fueran juzgados por el juez natural, el que le corresponda por vecindad en lugar de un tribunal superior.

García recuerda que en el caso de los parlamentarios es aún más grave porque cuando un tribunal va a procesar a un político debe pedir el suplicatorio del presidente del Parlamento. Por ello desde JD son partidarios de «empezar a quitar fueros» e ir hacia tribunales naturales. Aunque también hay que revisar el hecho de que sea un solo juez el que dicte sentencia y que fueran órganos colegiados.

Juan José Navas, portavoz de la sección territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de la Asociación Francisco de Vitoria, recuerda que ser aforado no es equivalente a tener impunidad, y no lo ve «un privilegio». En este sentido explica que la mayor parte de aforados en España, jueces y fiscales, lo son para evitar ser enjuiciados por otros jueces pudiendo en algunas ocasiones perder el derecho a la segunda instancia. Navas cree esencial «tener plena confianza en la probidad e imparcialidad» de todos los jueces y tribunales». Pero es partidario de «regular de mejor manera el régimen jurídico del aforado». Sobre todo, cuando un político comete un hecho más allá de sus funciones o competencias.

Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente, recuerda que el aforamiento de jueces y policías se remonta a «tiempos inmemoriales» y está justificado ya que se trata de colectivos en contacto permanente con delincuentes y es lógico que tengan «cierta protección» exclusivamente para los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Para Gallardo es «absurdo» mezclar esa cuestión con un tema tan preocupante como que «los políticos se aforan en los tribunales donde están los jueces que ellos pueden nombrar». El representante del Foro Judicial recuerda que, tanto en el Supremo como en el TSJA, parte de los jueces son nombrados por el Parlamento. Con todo cree que es «una situación escandalosa» que no está justificada, ya que el aforamiento político sólo tiene sentido para delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones pero no para otros. «Es un disparate procesal que hay que arreglar de alguna manera. Hay que revisarlos y mantener estrictamente los necesarios», dice.