Mercasevilla: el mayor caso de corrupción se queda en dos años de cárcel para Fernando Mellet

Pese a que el fiscal había pedido 24 años de prisión y 40 de inhabilitación, la Audiencia le impone dos años por malversación de caudales públicos e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Sólo se le condena por conceder una beca a la hija de presidente de los mayoristas del pescado pero se le absuelve de prevaricación , falsedad en documento mercantil y malversación relacionados con las prejubilaciones de empleados en Mercasevilla, contrataciones a una consultora o pagos a la asociación de mayoristas.

La sección IV de la Audiencia obliga a Mellet a indemnizar a la Fundación Socio Asistencial Mercasevilla con 16.412,12 euros, la cantidad de la beca otorgada a Carmen Vela, la hija del presidente de los mayoristas del pescado. Se le reclama la cuantía de esta ayuda con la que la acusada cursó un postgrado de diseño gráfico en la universidad de Saint Martins de Londres a cargo de Mercasevilla. Vela responderá también de esa multa «conjunta y solidariamente en su condición de partícipe a título lucrativo».

Los otros trece acusados resultan absueltos de todo. La sentencia, de 95 folios, provocó un gran júbilo entre los trabajadores de Mercasevilla, que se abrazaron al conocerla.

El fallo, en el que ha sido ponente el juez Francisco Gutiérrez, justifica la condena a Mellet únicamente en la concesión de la beca. Porque estiman que esa beca supuso «un ejercicio desorbitado de las funciones encomendadas a Mellet por cuanto carecía de facultades para concederla, e incluso, de haberlas tenido, lo hizo a espaldas del Patronato. En este sentido, se afirma que se concedió «sin causa lícita, abusando de forma desorbitante de las funciones encomendadas» .

Una beca que, según insisten los jueces, ni siquiera la había solicitado ni a Mercasevilla ni a su fundación, ni fue aprobada por órgano de gobierno ni publicadas sus bases, objetos, requisitos y cuantía. Mellet «decidió personalmente» conceder esa ayuda pese a conocer que no se le habían otorgado poderes para adoptar tal decisión» y recalca que la ayuda «no se ajustaba a los fines de la entidad».

De este modo, y después de que la acusada solicitara la beca Talentia y no le fuera concedida por IDEA en junio de 2008, Mellet se la otorgó con cargo a la lonja. Así, «el 8 de julio se transfirieron a la cuenta corriente de la acusada 3.556 euros y otros 3.556 el 31 de julio, el 16 de enero de 2009 otros 3.000 euros y 6.500 euros el 22 de enero de 2009».

El tribunal considera probado que Mellet ordenó a la que había sido su secretaria que ingresara 3.000 euros en la cuenta de la acusada y que « para ocultar en lo posible el origen del pago, le indicó que firmara ella un cheque, lo cobrara y lo ingresara en metálico» . Además, se recalca que cuando se había transferido el dinero «como quería evitar que constara cualquier dato que lo pudiera relacionar con el pago», le dijo a su secretaria que lo anulase para que hiciese la transferencia un becario del departamento.

Esa es toda la condena frente a las absoluciones de otras acusaciones que formuló la Fiscalía después de que elPP retirase la acusación particular. El tribunal justifica su fallo en que tendría que haberse acreditado que existía «una confabulación entre el director general y los responsables contables», algo que no ha ocurrido.

Y añade que la mayoría de las irregularidades contables que se atribuyen a Mellet se subsanaron durante el año contable. «No podemos considerar acreditado que el acusado fuera el autor de las infracciones irregulares contables ni que las mismas se hicieran para ocultar los delitos de los que se le acusa», dicen. También se explica que el objetivo no era calificar si Mellet gestionó con profesionalidad y rigor Mercasevilla, ni si algunas de sus decisiones fueron acertadas, sino que el cometido de los jueces «se ciñe a decidir si algunos de los actos carecían de causa lícita, ocasionando que caudales públicos se sustrajesen definitivamente del patrimonio público».

Sobre las prejubilaciones, afirman que, aunque hubiera errores o irregularidades, «esas prejubilaciones respondían a una estrategia empresarial legítima y razonable, con independencia de los resultados de la misma».