Mercedes Alaya: «La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos los delitos de corrupción»

Los casos de corrupción se suceden en España. Vamos de los ERE a la Púnica, de Palau a Nóos, de Bárcenas al 3%... y tiro porque me toca. A estas alturas, ¿cree en los políticos?

No puedo considerar que toda la clase política sea de la misma manera. Confío en ciertos políticos y en otros nada.

¿Vota usted o ya está descreída?

Hace tiempo que ya no voto, lo cual refleja mucho la decepción política que sentimos los ciudadanos.

¿Deberían crearse juzgados especializados en corrupción en España?

Hay casos, como el de los ERE, Avales, Invercaria... que no pueden ir a la Audiencia Nacional, por lo que considero necesario la creación de juzgados dedicados a temas de corrupción en la capital donde esté ubicada la sede política de cada comunidad autónoma porque son asuntos muy complejos. Estos juzgados deberían estar dotados de los medios necesarios y personal cualificado, de expertos en auxilio juridiscional, como funcionarios de Hacienda, de la Intervención.... Sería suficiente con que hubiera uno o dos juzgados en cada Comunidad, dependiendo de su tamaño.

¿Es necesaria una reforma del Código Penal para incrementar las penas por delitos de corrupción?

Sí, para incrementar las penas en determinados delitos de dicha naturaleza que ahora no tienen pena de prisión. La corrupción en muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere. Así tenemos el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación. Además, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación. El ejemplo clásico de prevaricación, como ocurre supuestamente en el caso de los ERE, es prevaricar para malversar. Eso ocurre en casi todos los delitos de corrupción, que habitualmente se inician con una prevaricación, con una resolución injusta. Si comparamos la prevaricación administrativa con la judicial están en absoluta desigualdad, porque la prevaricación judicial sí está castigada con penas de uno a cuatro años de prisión.

También deberían contemplarse penas de cárcel para la autoridad o funcionario público que reclame aranceles, derechos o tarifas que no existan o sean superiores a las existentes, así como para el funcionario que asesore a personas o entidades privadas de las que dependa que luego tengan relación con su propia actividad en la función Pública. También debería castigarse con prisión a quien falsifique las cuentas de una entidad pública, ya que normalmente se falsifican para maquillarlas y sólo se castiga con pena de prisión cuando se le cause un daño a dicha entidad. De hecho, en el delito societario sí se contemplan penas de cárcel para ese mismo hecho cuando por parte del administrador de una sociedad mercantil se falsean las cuentas de la misma.

Eso que está diciendo remite directamente a las imputaciones de los expresidentes Chaves y Griñán en el caso de los ERE.

Bueno, Griñán sí está imputado por prevaricación y malversación, pero Chaves sólo por prevaricación, cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad que el señor Griñán, sin olvidar que fue en su etapa como presidente cuando dio comienzo a la actividad presuntamente ilícita. Habrá seguro mucho que hablar sobre los entresijos políticos, por aquellos quienes los conozcan, entre los cuales no me sitúo, que han hecho que la acusación haya sido sólo por prevaricación. Por ello abogo por un Pacto de Estado por la Justicia para que todos los partidos políticos acuerden que no se utilizará nunca como moneda de cambio en un pacto político la acusación o no acusación por un determinado delito o la acusación por un delito menos grave.

¿Debería modificarse la regulación sobre financiación de partidos políticos?

Sí, por supuesto. Habría que modificar el artículo del Código Penal dedicado a la financiación ilegal de los partidos políticos porque es una norma en blanco que remite a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Merece crítica el actual y reciente delito de financiación ilegal de los partidos políticos porque se ha introducido no en los delitos de corrupción o contra la Administración, sino en los de blanqueo de dinero. Está penado recibir donaciones anónimas, revocables y finalistas de 500.000 euros, pero no cuando se reciben cantidades inferiores a ese dinero. Además, ahora es perfectamente lícito recibir inmuebles por parte de partidos políticos siempre que se acredite quién los dona y el documento de transmisión. Por el principio de transparencia, de igualdad de oportunidades entre los diferentes partidos políticos y de lucha contra la corrupción, la financiación de los partidos políticos se debería limitar a las asignaciones públicas y limitar las asignaciones privadas a herencias y legados pues obviamente en las mismas no hay ninguna finalidad directa.

[Lee nuestro editorial sobre las declaraciones de Alaya]