Mercedes Alaya: «Claro que recibí presiones políticas, entre ellas las de Alfonso Guerra y la Junta»

¿Ha sufrido presiones e injerencias políticas directas o soslayadas cuando instruyó el caso ERE, Mercasevilla, el de los avales, los cursos de formación…?

Por supuesto, a diario. ¿Cómo? A través de las manifestaciones constantes en Prensa por parte de los políticos, como cuando Alfonso Guerra dijo que yo estaba vinculada al PP, o que tenía una relación especial con Juan Ignacio Zoido, extremos totalmente alejados de la realidad, o como cuando Susana Díaz contactó con el CGPJ para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE. Pero las injerencias en mi imparcialidad e independencia que más me han dolido han sido las protagonizadas desde altos cargos del poder judicial.

Volviendo a los políticos, lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio. En los primeros años, le interesaron estas causas al PP porque estaba en una lucha política con el PSOE para sacar rendimiento político a los temas judiciales que pudieran afectar a los socialistas, pero cuando irrumpieron en la escena política otros partidos políticos emergentes, sin pasado político, como Ciudadanos o Podemos, los partidos tradicionales tenían que protegerse uno al otro y proteger así el bipartidismo, creándose una pinza entre el PP y el PSOE, lo cual se evidencia incluso desde el plano político por la escasa presencia o preeminencia de la oposición del Partido Popular en Andalucía. No obstante, quiero mostrar mi agradecimiento, en esos primeros años de instrucción, a los vocales del CGPJ, doña Margarita Robles y don Manuel Almenar, que infinidad de veces se preocuparon por mi cuando salía cualquier político de turno atacando mi independencia judicial.

Un testigo protegido en el caso de los cursos de formación, ha denunciado presiones y acoso por parte de la Junta. Eso no anima mucho a otras personas para destapar presuntos casos de corrupción.

Este señor se vio acosado mucho antes de que declarara judicialmente como testigo, porque él intentó desde dentro poner orden y denunciar todas estas irregularidades que se estaban poniendo de manifiesto. Lo que hicieron fue arrinconarlo en un despacho, sin ningún ordenador, sin posibilidades de trabajar ni ejercer ninguna labor profesional, quitándole todas las funciones que desarrollaba... Es lamentable el poder que puede ejercer la Administración pública sobre determinadas personas, un poder coercitivo, el mismo que en ocasiones ha intentado ejercer sobre mí la Junta de Andalucía. Imagino que en el caso de otras comunidades autónomas habrá otros jueces que habrán pasado por el mismo calvario.

[Lee nuestro editorial sobre las declaraciones de Alaya]