La Justicia corrige a la Junta de Andalucía y concede la incapacidad absoluta a una profesora sevillana con fibromialgia

En febrero de 2020 la Consejería de Educación y Deportes , en concreto la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, emitió una resolución en la que aprobaba la jubilación por incapacidad permanente total para su profesión habitual, pero no para otras tareas.

Tras esta decisión de la Administración autonómica, la docente, a través de su letrado Carlos Jiménez Bidón, acudió a los tribunales para insistir en sus pretensiones, siendo estimado su recurso. Para la juez, queda probado, «pese a las reticencias sin argumentación alguna de la Consejería de Educación y Deporte», según el abogado, que el cuadro clínico crónico, progresivo e irreversible de la trabajadora le impide realizar cualquier actividad laboral con un mínimo de profesionalidad, dedicación y constancia.

Además, en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada expone que las patologías que presenta la actora no sólo le impiden realizar sus funciones como profesora de secundaria, sino que la incapacitan para realizar cualquier profesión en la que tenga que mantener un horario laboral preestablecido y cumplirlo de forma habitual y con regularidad.

La docente sevillana, de 62 años y con más de tres décadas ejerciendo como profesora de Secundaria en un instituto de la capital hispalense, padece fibromialgia y fatiga crónica, además de una cardiopatía isquémica y un trastorno adaptativo con reacción depresiva prolongada.

Patologías todas ellas crónicas, progresivas e irreversibles, con un tratamiento simplemente a nivel paliativo, «con mala evolución e incierta recuperación» , tal y como especifica el informe de síntesis de Inspección Médica.

Pero pese a tal aseveración, el Equipo de Valoración de incapacidades (EVI), resolvió que las patologías que padece la trabajadora «le imposibilitan totalmente para el desempeño de las funciones propias e su cuerpo, escala, plaza o carrera pero no la inhabilitan por completo para cualquier profesión», sin especificar, a juicio de la juez, los motivos que le llevan a tal conclusión.

En cambio, los informes médicos aportados por el abogado Jiménez Bidón corroboran que las patologías que la actora padece la «limitan para las tareas de responsabilidad hacia sí misma o hacia terceros, tareas de sobreesfuerzos moderados manejo de cargas, y la imposibilitan para realizar cualquier trabajo, incluido el domestico y las actividades de la vida cotidiana. Así pues, resulta difícil pensar en alguna profesión distinta, en términos de eficacia, que pueda desempeñar la actora».

«Con estas dolencias, entendemos que la paciente no puede realizar o mantener un horario laboral preestablecido y cumplirlo de forma habitual y con regularidad ya que como dice el informe de síntesis está limitada para tareas de responsabilidad hacia sí misma o hacia terceros, tareas de sobreesfuerzos moderados, manejo de cargas y prevé una mala evolución», concluye la juez en la sentencia en la que da la razón a la docente y le reconoce el derecho a la jubilación por incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo, pasando a cobrar una pensión vitalicia de 2.300 euros netos al mes