Dan la incapacidad absoluta a una profesora sevillana por depresión

Así lo entendían desde el despacho de abogados Jiménez Bidón cuando interpusieron una demanda contra una resolución de la Junta de Andalucía para defender los intereses de una profesora sevillana con más medio siglo de tratamiento médico por su estado.

Ahora, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha reconocido la incapacidad laboral absoluta a esta profesora que, entre otras patologías, muestra una depresión severa y fibromialgia , corrigiendo de esta forma la decisión de la Junta de Andalucía que sólo le había concedido una incapacidad total, lo que la habilitaba para desarrollar trabajos como administrativa, por ejemplo, pero no para seguir como docente.

En este caso y tras la decisión de la Junta de Andalucía de sólo concederle la incapacidad total, la profesora se mostraba en desacuerdo con el grado de incapacidad reconocida e interpuso recurso de reposición a fin de que se declarara la situación de incapacidad permanente absoluta , que le incapacitara para toda profesión u oficio, que fue desestimado por la Administración autonómica. Así lo ve un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, que ha reconocido la jubilación por incapacidad laboral absoluta a esta profesora de 57 años.

Dependiente de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, esta funcionaria de carrera desempeñaba labores como profesora de Educación Especial en dos colegios de la provincia de Sevilla. Diagnosticada de fibromialgia y tras más de 26 años siendo tratada por los servicios de psiquiatría de diferentes hospitales hispalenses, en 2018 el Instituto Nacional de Seguridad Social le reconoce una jubilación por incapacidad laboral para su profesión habitual, esto es, maestra.

Pero el cuadro pluripatológico que padece esta profesora sevillana, sobre todo la psicopatología crónica y severa, le interfería por completo en su vida diaria, no estando capacitada para desempeñar actividad laboral reglada alguna , «con la eficacia, asiduidad, constancia y responsabilidad debidas».

Es por ello que interpone un recurso junto a numerosos informes psiquiátricos de hospitales públicos y privados que controlan a la paciente desde 1994. En todos ellos queda corroborado que la demandante «clínicamente presenta estado de ánimo crónicamente deprimido, con una disminución acusada de interés por casi todas las cosas, así como una fatiga acusada con intensa pérdida de energía que le dificulta mucho su día a día, disminución de la capacidad de pensar y de concentrarse, tensión muscular en forma de ansiedad, así como sentimientos de impotencia, inutilidad y de fracaso».

Por ello, el juzgado ha estimado la demanda contra la Consejería de Educación y le reconoce la incapacidad laboral para todo tipo de trabajo y una pensión vitalicia del cien por cien de su base reguladora, poco más de 2.300 euros mensuales.

«En el presente caso existe una abundante prueba, documental pública y privada, así como un contundente informe pericial, que permiten concluir que la demandante se halla claramente inhabilitada para la realización de cualquier trabajo », concluye la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.