La Junta de Andalucía cierra su oficina de la vivienda en las Tres Mil por amenazas de vecinos a los trabajadores

La plantilla venía sufriendo desde el pasado verano continuas amenazas y agresiones verbales por parte de vecinos afectados por los cortes de luz. Unos apagones provocados por los enganches ilegales que dan energía a las incontables plantaciones de marihuana que crecen en el interior de pisos públicos. Fuentes de la plantilla detallan a ABC que el punto de inflexión definitivo fueron dos episodios ocurridos en noviembre y el pasado mes de enero, en el que se traspasaron por completo «las tensiones habituales» con las que se han acostumbrado a trabajar estos empleados tras dos décadas de presencia en las Tres Mil Viviendas.

En noviembre, unas 50 personas asaltaron la oficina tras salir ardiendo un transformador y quedarse sin luz una parte de la barriada Martínez Montañés. Los nueve trabajadores que conforman la plantilla de esa sucursal se vieron acorralados por una turba que les amenazaba. «Pasaron por encima del vigilante de seguridad» y aunque nadie resultó herido, si hubo empujones y a una de las trabajadoras le arrancaron la mascarilla para verle la cara. «Te dicen siempre que van a ir a tu casa, que saben cuál es tu coche. Todos los días salías y llegabas al trabajo con miedo».

En enero, otros tres vecinos arremetieron a patadas contra la reja que se colocó para proteger la puerta principal de la oficina y destrozaron el portero electrónico. Según detallan, la Policía Nacional tuvo que sacarlos escoltados de la oficina para evitar males mayores. Representantes de estos trabajadores se entrevistaron con el Comisionado del Polígono Sur , que se comprometió a trasladar el problema a la Subdelegación del Gobierno. Pero los apagones se han seguido sucediendo y ante el recrudecimiento de la situación, se ha ordenado el cierre.

La gerencia de esta agencia pública, dependiente de la Consejería de Fomento , le ha trasladado a los trabajadores que está buscando una nueva ubicación lo más próxima al Polígono Sur. El viceconsejero ha pedido además por carta al subdelegado de Gobierno que adopte medidas para que se intervenga en el barrio en materia de seguridad. A pesar de la experiencia vivida, la plantilla , compuesta principalmente por administrativos y trabajadores sociales, quiere volver a estar presente en el barrio. «No podemos dar la sensación de que los mafiosos de la marihuana han ganado terreno. Las administraciones tienen que estar en el barrio«.

Los nueve empleados que han estado soportando una situación muy difícil en los últimos meses, sobre todo a raíz de que empeoraran los cortes de luz por los incendios de transformador , están recolocados temporalmente en la oficina que tiene AVRA en San Bernardo, pero siguen acudiendo a las Tres Mil Viviendas a realizar el trabajo de campo que tienen asignado. Tareas en las que tienen que ir escoltados por la Policía Autonómica como las visitas a comunidades de vecinos en donde tienen que lidiar con los problemas entre familias, averías en los bloques o intentar averiguar si se está haciendo uso de la vivienda como invernadero de marihuana .

Los trabajadores exigen un protocolo de seguridad porque advierten que los acompañamientos de la Policía es una medida insuficiente. Como empleados de la agencia de vivienda están en la diana de muchos vecinos porque les responsabilizan de los cortes de luz o porque los ven como una amenaza porque esconden detrás de la puerta un cultivo de marihuana y no quieren ser descubiertos. «El confinamiento hizo que las mafias se hicieran con más pisos. Hay familias que vivían honradamente de la venta ambulante y al no poder salir de casa, acabaron por aceptar el ofrecimiento de montar un cultivo en su casa a cambio de dinero»