La juez absuelve a Torrijos y a los otros nueve acusados por la venta de suelos de Mercasevilla

De este modo, la juez Yolanda Sánchez Gucema ha realizado en la mañana de este miércoles una lectura pública del fallo de una sentencia que llega casi ocho años después de que la juez Mercedes Alaya comenzara a investigar el caso Mercasevilla y tras veinte sesiones de juicio. Durante la lectura del fallo, los acusados y sus abogados no han podido ocultar sus muestras de alegría por un caso que empezó a instruir en el año 2010 la juez Mercedes Alaya.

El asunto ha llevado al banquillo a diez acusados (seis menos que inicialmente), entre ellos el ex primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), o Domingo Enrique Castaño , ex asesor del ex alcalde hispalense Alfredo Sánchez Monteseirín, así como el concejal socialista Gonzalo Crespo (que fue presidente de Mercasevilla); la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamente ; el ex asesor de la lonja, Jorge Piñero ; el economista José Antonio Ripollés ; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez ; su hijo y responsable de Sanma, Luis Sánchez Manzano ; y el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró; además del que fuera gerente del mercado central de abastos, Fernando Mellet, ya condenado –en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en octubre de 2014– junto a su segundo, Daniel Ponce , a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho en relación a la «mordida» de 450.000 euros solicitada a unos empresarios de La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería que iba a poner en marcha esta sociedad dependiente del Ayuntamiento.

A todos ellos se les han atribuido delitos de fraude y exacciones ilegales por los que la Fiscalía reclamaba una condena de dos años de cárcel para los diez acusados. Además, en el caso de Torrijos y Castaño se reclamaban nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito adicional de prevaricación.

Para los empresarios, el Ministerio Público solicitaba inhabilitación especial para contratar con entes que formen parte del sector público y la nulidad del concurso y del contrato firmado entre Mercasevilla y Sando en febrero de 2006. Tras 20 sesiones de juicio , éste quedó visto para sentencia el 10 de marzo por parte de la juez Yolanda Sánchez Gucema .

Según consideró el Ministerio Público, hubo «una decisión política» para adjudicar a Sanma el concurso público , cuyo pliego presentaba «deficiencias técnicas» y estaba hecho «con mucha prisa, como si la decisión estuviera tomada y el concurso fuera un paripé». En la investigación se señaló que la constructora se vio beneficiada, presuntamente, mediante dos cláusulas descritas en el pliego de condiciones: la denominada limitación al alza –«penalizaba extrañamente» las ofertas superiores al 10% de la media de las restantes– y el derecho de superficie previo. Este último requisito sólo lo cumplía Sanma, ya que meses antes adquirió parte de los suelos de Mercasevilla a la empresa Larena98, que se deshizo de los terrenos por dificultades para construir. En el auto de cierre de instrucción, la juez Merceces Alaya sostuvo que hubo «un concierto previo» entre los acusados con el fin de que el citado concurso «fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma». El concurso fue adjudicado a Sanma.