El exasesor jurídico rechaza «una conspiración» en la venta de los suelos de Mercasevilla

En el juicio que investiga el supuesto fraude en la adjudicación del suelo de la lonja, Piñero recalcó que «siempre» actuó «de absoluta buena fe», negando que recibiera «instrucciones» de Mellet para «favorecer» a Sanma, la filial de Sando , en el concurso público, ni tampoco para incluir en el pliego de condiciones las dos cláusulas que centran la polémica para que la empresa malagueña resultara ganadora. El jurista indicó que «en absoluto» recibió instrucciones de ese tipo, rechazando también que tuviera conocimiento de las modificaciones de los pliegos que fueron presentados a la comisión ejecutiva de Mercasevilla el 8 de noviembre de 2005 y a la junta de accionistas en la reunión del 30 de noviembre de ese mismo año.

Piñero, acusado al igual que los otros nueve procesados de un delito de fraude y exacciones ilegales, afirmó que no remitió ningún borrador del pliego de condiciones a Antonio Rodrigo Torrijos —entonces vicepresidente de la empresa y primer teniente de alcalde por IU— y que éste tampoco participó en la mesa de contratación del concurso, pronunciándose en la misma línea en el caso del exdirector de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y del exconcejal socialista y entonces presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo , a los que eximió de responsabilidades en la elaboración de esos documentos. «No tengo ni idea de pliego ni he hecho en mi vida un pliego administrativo», añadió el investigado, que fue vicesecretario del consejo de administración del mercado central sevillano y que precisó que los órganos societarios de la lonja le encargaron que interviniera en la elaboración del pliego de condiciones en lo relativo a las cuestiones civiles y mercantiles y en «estrecha colaboración» con la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés . A «los técnicos», tanto a los de Urbanismo como a los de Mercasa, sí aludió en bastantes ocasiones para delegar en ellos buena parte de responsabilidad en torno a la inclusión de las cláusulas polémicas en el pliego. El investigado, que fue nombrado secretario de la mesa de contratación del concurso, agregó que, en el momento de abrir los sobres con las distintas ofertas presentadas, «no hubo comentarios» sobre las mismas.

Asimismo, preguntado por el fiscal sobre cómo se decidió que la venta de los suelos se hiciera mediante concurso público, el exasesor jurídico del mercado fue contundente al señalar que «nunca» habló de adjudicación directa , «ni por informe ni de palabra», de manera que «siempre se habló de una adjudicación con respeto a los principios de publicidad y concurrencia, pidiendo ofertas públicas a través de la prensa». En esta línea, Piñero dijo que se le encargó realizar un informe jurídico al respecto de forma «muy apresurada, demasiado», ya que se le encargó «con poco tiempo para hacerlo» . «Me importaba muy poco que fuera de una manera u otra, sinceramente, siempre que se cumplieran los requisitos de legalidad», declaró.

En su propio turno de defensa, y para culminar su declaración, el investigado aseguró que ha sido procesado «por un par de manifestaciones ambiguas de varios testigos, básicamente el secretario y el interventor municipales, pues no conocían con profundidad los detalles del pliego por los que se les preguntaba en la instrucción. Y si se les hubieran explicado bien que las cláusulas de las que se habla estaban desde el principio, hoy no estaríamos aquí. Se conocían de sobra dichas cláusulas y si se hubieran incluido a posteriori hubieran saltado a la primera. Aquí, en realidad, no ocurrió nada». Preguntado por quién «mandaba en este proceso», Piñero señaló a «los del Ayuntamiento» , entonces gobernado por PSOE e IU, añadiendo luego que aludía a «los políticos» .

En la sexta jornada de la vista oral también prestó declaración como investigado el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano , quien negó que interviniera de manera alguna en la elaboración del pliego de condiciones o que solicitara a Fernando Mellet que introdujera en dicho pliego cláusulas para favorecer a su filial Sanma, que resultó adjudicataria. Sánchez Manzano defendió que su empresa presentó un precio «bastante ajustado» al concurso, de 106 millones de euros. «Nuestro interés por el suelo de Mercasevilla era manifiesto y no se ha ocultado nunca, pero jamás hubo pacto previo ni negociación ni intervención alguna», señaló, matizando que desconocía los detalles del proceso y que éstos quedaban en manos del director del área inmobiliaria, el también procesado José Luis Miró . «Él tenía capacidad de decisión».