La venta de suelos de Mercasevilla, sin relación con el caso de los ERE

Lo sentenciado este miércoles supone la segunda rama del caso que inicialmente surgió de las investigaciones en el mercado central de abastos de Sevilla, el de las comisiones ilegales solicitadas a empresarios como «colaboración con la Junta de Andalucía» . De aquellas pesquisas puestas en marcha por la juez Mercedes Alaya en primavera de 2009 a causa de las «mordidas» en esta compañía, con mayoría de acciones municipales, se destaparon en verano las supuestas irregularidades en el concurso para adjudicar el derecho de superficie de Mercasevilla, con el trasfondo de una gran operación urbanística a medio plazo puesto que el mercado iba a trasladarse de esos suelos a otros en La Rinconada.

En julio de aquel 2009, la entonces titular del Juzgado de Instrucción 6 aludió por vez a la venta «ilegal» de los suelos de Mercasevilla durante un interrogatorio a los quehabían sido directores de la lonja, Fernando Mellet y Daniel Ponce, que estaban siendo investigados por las extorsiones a empresarios. Esta operación urbanística fue amañada, según la magistrada, para que la constructora Sanma -una filial del grupo malagueño Sando- ganara el citado concurso pese a no presentar la oferta económica más ventajosa para el mercado central, que fue de Noga (52 millones de euros más puso en su propuesta).

La constructora se vio beneficiada, presuntamente, mediante la inclusión en el pliego de condiciones de dos polémicas cláusulas: una para la limitación al alza de las ofertas económicas -que extrañamente penalizaba las propuestas superiores al 10% de la media de las restantes- y otra que daba ventajas a quien ostentara un derecho de superficie previo en los amplios terrenos del mercado. De entre las compañías aspirantes, este último requisito sólo lo cumplía Sanma, ya que meses antes había adquirido parte de los suelos de Mercasevilla a la empresa madrileña Larena98, la cual se deshizo de los terrenos por dificultades para construir y que luego llegó a denunciar que aquella operación (una subrogación) no se había ajustado a la legalidad y que había sido engañada por trabas artificiales por parte de los responsables de la lonja con la intención de que Sanma le comprara su derecho. Alaya sostenía que hubo un «concierto previo» entre los acusados con el fin de que el citado concurso «fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma». Según la fiscalía, el concurso público de los suelos se hizo con un pliego de condiciones elaborado «a la medida de los intereses de Sanma».

El asunto ha llevado al banquillo a diez acusados, entre ellos el ex primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), que era vicepresidente del mercado, o Domingo Enrique Castaño , ex asesor del ex alcalde hispalense Alfredo Sánchez Monteseirín, así como el concejal socialista Gonzalo Crespo (que fue presidente de Mercasevilla); la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo, María Victoria Bustamente ; el ex asesor jurídico de la lonja y secretario del consejo de la misma Jorge Piñero ; el economista José Antonio Ripollés ; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez ; su hijo y responsable de Sanma, Luis Sánchez Manzano ; y el ex vicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró ; además del que fuera gerente del mercado central de abastos, Fernando Mellet , ya condenado -en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en octubre de 2014- junto a su segundo, Daniel Ponce, a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho en relación a la «mordida» de 450.000 euros solicitada a unos empresarios de La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería que iba a poner en marcha la lonja, dependiente del Ayuntamiento hispalense en su gestión.

Inicialmente fueron 16 los acusados , pero la juez Alaya dejó finalmente fuera del caso al no encontrar sustento suficiente para mantener las imputaciones a seis de ellos. En este grupo se encontraba el que fuera gerente de Urbanismo en aquella etapa de gobierno local socialista Manuel Marchena. La instructora dio por cerrada la causa en primavera de 2015, seis años después de que arrancaran las investigaciones.

La Fiscalía de Sevilla solicitaba dos años de cárcel para los diez acusados a cuenta de un presunto delito de fraude y exacciones ilegales , o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declarara la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y de los actos derivados del mismo. Además, en el caso de Torrijos y Castaño reclama nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito adicional de prevaricación. Según consideró el Ministerio Público, hubo «una decisión política» para adjudicar a Sanma el concurso público, cuyo pliego presentaba «deficiencias técnicas» y estaba hecho «con mucha prisa, como si la decisión estuviera tomada y el concurso fuera un paripé».

Mellet ya carga en sus espaldas con la condena de la primera rama del caso, la de las comisiones ilegales exigidas a empresarios, y aún está pendiente de juicio de la tercera rama, la del delito societario por el agujero contable en el mercado central de abastos sevillano durante su etapa al frente del mismo.

Directamente, no debería tener ninguna, puesto que desde el Ayuntamiento han recalcado en todo momento del largo proceso que Mercasevilla tenía la suficiente autonomía en la toma de decisiones a pesar de que el 51% de sus acciones sean municipales. Nadie llegó a ser imputado como miembro del Ayuntamiento en sí, ya que Antonio Rodrigo Torrijos y Domingo Enrique Castaño lo fueron por su presencia en los órganos de dirección de la propia lonja (vicepresidente y consejero, respectivamente).

Eso sí, el asunto puede tener una importante consecuencia económica por el litigio que Sando mantiene con el Ayuntamiento por otra cuestión ligada al mercado central. En su día, Mercasevilla reclamó a todas las partes implicadas en el proceso, de manera subsidiaria, nada menos que 25 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, petición que enojó muchísimo a Sando. Tanto que la compañía malagueña abrió entonces otra vía judicial para reclamar al mercado central prácticamente esa cantidad, 25 millones, por los perjuios causados entre un litigio judicial de algo más de 14 millones por las acometidas eléctricas que no se llegaron a instalar en los suelos -con lo que no pudieron levantar las naves que pretendían- y por la imposibilidad de ejercer su derecho sobre la propia superficie del mercado, derecho que había ganado por el famoso concurso juzgado. El dictamen del Juzgado de lo Penal 13 en torno a este concurso tiene una enorme influencia en estas reclamaciones que tienen contra las cuerdas al mercado.