Dolores Delgado respalda el trabajo «muy riguroso» de los fiscales en la investigación contra Don Juan Carlos

Delgado está hoy en la capital andaluza en una visita de trabajo con la Fiscalía de Sevilla, donde ha atendido a los medios sobre los dos decretos firmados por el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón y que se conocieron ayer que ponían fin a las tres diligencias de investigación que cercaban a Don Juan Carlos desde hace algo más de tres años por razón de su patrimonio.

«Son dos decretos donde se han analizado todas las pruebas practicadas, se hace un repaso de todas las diligencias de investigación en materia de cooperación internacional, análisis de los informes periciales económicos que había, al tiempo que de ese relato se ha extraído consecuencias jurídicas con todas las circunstancias concurrentes», ha explicado la fiscal general del Estado, al tiempo que ha resaltado que « h a sido un trabajo muy riguroso, muy profesional y donde grandes fiscales se han implicado en ello y la prueba es la altura jurídica de los decretos».

Veinticuatro horas después de conocerse la decisión de la Fiscalía, la jefa del Ministerio Público ha valorado el trabajo realizado por sus compañeros durante estos años de investigación, que ha concluido en dos decretos en los que no se recoge reproche penal alguno contra el padre del Rey, ya sea por «insuficiencia de indicios incriminatorios», por «prescripción del delito», por «la inviolabilidad del Jefe del Estado» o por ser válida la regularización fiscal acometida.

De esta manera se ponía fin a más de tres años de pesquisas articuladas en dos bloques. El primero versaba sobre «un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011» del AVE a la Meca a un consorcio español y «su posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros ( 100 millones de dólares ), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM», en Panamá, de la que Don Juan Carlos era «titular real».

Incluían también, por acumulación, las pesquisas sobre las transferencias de un empresario mexicano al padre del Rey mediante una persona interpuesta y los gastos que le sufragó su primo Álvaro de Orleans mediante una fundación con cuenta en Suiza.

La investigación contra el padre del Rey tiene su origen a finales de 2018 a partir de unos audios del comisario José Manuel Villarejo en los que Corinna Larsen afirmaba que Don Juan Carlos tenía fondos ocultos y testaferros en el extranjero y había recibido comisiones por su intermediación en la adjudicación a un consorcio español del AVE a la Meca. Esta investigación afloró que el padre del Rey, de 2008 a 2012, tuvo una fundación en Panamá con cuenta en Suiza en la que recibió de Arabia Saudí 100 millones de dólares. También que su primo, Álvaro de Orleans, le había costeado 8 millones de euros en vuelos privados habiendo abdicado ya, un pago en especie nunca declarado.

Sobre la comisión en sí, la Fiscalía de Suiza, que también estuvo investigando, no encontró pruebas . Sobre los vuelos, Don Juan Carlos acometió una regularización fiscal y pagó una multa de 4,2 millones a Hacienda. La verificación de ese afloramiento es lo que ha alargado el cierre de la investigación. Una vez los peritos de Hacienda contrataron que se comparecía con la realidad de lo percibido en ejercicios no prescritos, hubo luz verde para archivar el caso.

En cuanto a las segundas diligencias, se trataba de unos fondos enviados a Don Juan Carlos a través de una persona interpuesta, el coronel del Aire Nicolás Murga, que los usaba para irle pagando gastos personales y familiares con tarjeta. Anticorrupción abrió la investigación a principios de 2019 y después, las asumió la Fiscalía del Supremo. Don Juan Carlos, al hilo, acometió otra regularización para bloquear el posible delito fiscal. Hacienda también la da por veraz y espontánea.