La deuda del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe crecía un millón de euros cada año

Así, el Ayuntamiento socialista de Huévar, donde se produjo la supuesta compra de votos por parte del PSOE revelada por ABC, dejó las arcas municipales con una deuda de treinta millones de euros. Pero además, la mayor parte de esa deuda, unos quince millones de euros, eran con la Seguridad Social .

Y, según parece, el ritmo de crecimiento de la deuda era tan grande que crecía cada año un millón de euros. O lo que es lo mismo, se incrementaba cada ejercicio en un montante equivalente a la tercera parte de los presupuestos de la Corporación municipal que, con menos de 2.800 habitantes, tiene a su disposición cada año unos tres millones de euros.

Por ello la alcaldesa, la popular María Eugenia Moreno, ha decidido encargar una auditoría a una empresa externa para cuantificar con exactitud todos esa deuda que le dejaron los regidores socialistas. Según explicó a ABC, lo primero que van a auditar es la empresa municipal Sodinvar (Sociedad de Desarrollo Industrial) para corroborar esos datos iniciales que han podido conocer y que arrojan otro más.

Dentro de esa deuda contraída por los regidores socialistas, también se debía más de un millón de euros a la Agencia Tributaria. La alcaldesa explicó que con la auditoria quiere aclarar lo ocurrido ya que muchos vecinos la paran por la calle para preguntarle y «saber lo que ha pasado».

Con esa situación y tras la denuncia de ABC ayer el Ayuntamiento recibió la visita del secretario general del PP, Teodoro García Egea, para reunirse con la alcaldesa, darle ánimos y conocer de primera mano la situación y conocer la documentación con las pruebas de esa compra de votos por parte del PSOE.

Tras la visita, en la que el dirigente popular también pudo ver la trituradora que dejó de funcionar tras la quema de documentos y que sigue en un despacho del Ayuntamiento, García Egea explicó que ahora van a esperar para ver si la Fiscalía actúa de oficio antes de enviarle la documentación. En el caso de que no fuera así, el PPlo llevaría a la Fiscalía con los documentos que ahora estudian los servicios jurídicos.