Catedráticos y rectores sevillanos creen intervencionista la Ley Castells

El rector de la Loyola, la única privada de Sevilla, cree que el ministro está haciendo «una profunda reforma y actualización» de la legislación de la que, según dice, «la música suena bien, pero la letra desafina». Pérez Alcalá, que deja claro que su universidad cumple los requisitos que establecerán para el reconocimiento de nuevas universidades, ve razonables algunos aspectos de la norma pero es crítico con otras. «No nos afecta significativamente y no vamos a tener que cambiar», dice. Así, por ejemplo ellos no exigen que el rector sea catedrático, aunque él sí lo sea. «No me parece mal. Es necesario un buen curriculum pero también capacidad de gestión y tener un buen perfil, pero no me veo mal que se abra el abanico», afirma. Lo que no le gusta es que se elimine la figura del rey de los títulos. «Habría que mantenerla porque es una tradición y una forma de dar distinción y calidad .Es el símbolo de que está acreditado por la administración»; afirma. Aún así lo ve un tema «menor» ya que en las universidades americanas el título lo emite el rector.

El decano de Derecho de la US cree que es una norma «bienienintencionada» con una expresa preocupación por la precariedad de parte del profesorado pero adolece de «cierto desconocimiento del medio universitario español». Aunque, según dice, quiere atender a sectores desfavorecidos y muestra sensibilidad con el alumnado, «sería bueno que lo hiciese también con otros sectores». Castro prefiere hablar de la democracia universitaria. Lejos de imponer el sufragio universal ponderado para la elección de rector, algo imprescindible (es el sistema generalizado en España en la pública, pero no el único), se habla de la posibilidad de elegirlo de modo indirecto a través de un órgano de naturaleza mixta, reducidísimo, con importante presencia de elementos externos a la universidad, algo inquietante», dice. Según el decano, si se hiciese así se dejaría en la Hispalense la elección de rector en manos aún de menos personas de las que lo eligen ahora y desde hace tiempo a través del claustro . «No suena muy bien», advierte. Además, como presidente de la Conferencia de Decanos de Derecho, Castro rechaza la elección de decano por el rector entre una terna propuesta por la junta del centro. «A las universidades a nivel interno le hacen falta contrapesos democráticos, no eliminarlos. Un decano no es el delegado del rector, sino el representante de la facultad elegido por ella, aunque esto no lo entiendan algunos. No basta con la presencia de hipotéticas voces independientes en los órganos colegiados, que ahora quedarían además drásticamente reducidos en su composición, porque suelen controlarlos quienes los presiden. Lo que se necesita es más cargos académicos independientes e impulsar la participación, no cercenarla», advierte. E insiste en que la Universidad es «un coro de voces, se silencien o no, y la independencia e incluso la disidencia han de ser bienvenidas».

Al catedrático de Derecho Internacional Privado de la Pablo Olavide no le parece mal que los profesores titulares sean rectores y no sólo los catedráticos. «No me parece mal, pues ambos pertenecen a los cuerpos docentes funcionarios. Ser catedrático no es sinónimo de ser competente como rector», dice. Sin embargo es crítico con otras cuestiones. Por ejemplo asegura que el establecimiento de acciones positivas en favor de la mujer en los concursos de selección que implicaría que en igualdad de condiciones tendrían preferencia, «quiebra el principio constitucional de igualdad y no discriminación». El catedrático, que vaticina frecuentes recursos cree que sería «igualmente criticable» si el sexo menos representado fuera el masculino. Pero además cree que se pretende «introducir oficialmente cierta ideología (la del ministro y su partido) en la vida universitaria, lo que contraría el espíritu de independencia, libertad y apolitización que debe presidirla». Por ello cree que se pierde una oportunidad para avanzar en la calidad de la formación para «someterla a criterios políticos y a medidas con escasez de miras» . En cuanto a la Ley de Convivencia, el catedrático admite que era necesario renovarla pero que el texto no ha sido debatido ni negociado con el profesorado universitario. Insiste en que se ha redactado sin conocer lo que ocurre en la universidad y es partidario de sanciones más duras para los que copien o plagien. «Copiar es un acto contrario al espíritu universitario, desleal hacia la institución y los compañeros y germen de futuros comportamientos corruptos en la vida política», dice.

Para la catedrática de Lengua, Lola Pons, hay aspectos positivos o de sentido común, Sin embargo, advierte de que si la norma no va acompañada de dotación presupuestaria específica, «se cae en el buenismo idílico y no en la gestión responsable». Pons se refiere a temas como el apoyo a la digitalización de archivos. «Eso es más factible para universidades jóvenes que para otras con más de 5 siglos de historia y una gestión patrimonial más compleja» , dice. En este sentido advierte que se establece un 1 por ciento de gasto público mínimo dedicado a universidades y que sigue siendo inferior a otros de la UE. «Si queremos competir internacionalmente, la dotación ha de ser de tan ambiciosa como la exigencia que se nos plantea», dice insistiendo en que la «loable intención de captar profesorado no español (hoy solo el 3% de la plantilla) no es acorde a esas cifras».

Al profesor de Anatomía Patológica, que ve muchas «luces y sombras»y poca coherencia en la norma, le choca el modelo de gobernanza propuesto por una persona de izquierda. Le llama la atención un modelo muy rectoral como de un presidente de universidad con un peso muy alto Y que los decanos se elijan entre una terna que ofrezca cada junta de facultad, le recuerda mucho «a los tiempos de Franco». En cuanto a la elección de rector, apuesta por el sufragio universal y recuerda que con la nueva norma sería elegido por un grupo más reducido y menos transparente y democrático. Que el claustro se vaya a reducir sí le parece llamativo y no ve mal que pueda ser rector un profesor titular. «No es relevante, lo es más cómo se elige al rector y quien lo elige», dice. Además cuestiona la elección de otros representantes de departamentos. También le sorprende que los mandatos rectorales se alarguen a seis años, lo que imposibilitará a algunos estudiantes participar en su elección. En cualquier caso, cree que la norma «se pulirá» en el Parlamento. Ve positivo una reforma importante veinte años más tarde y que se reduzcan los contratos temporales aunque no entren los profesores asociados o la discriminación positiva hacia la mujer.Sin embargo, cuestiona que se puedan nombrar «a dedo» los profesores distinguidos. y que se convierta en «un coladero» y cuestiona la financiación.