Villalobos responsabiliza a los funcionarios de tramitación de las ayudas directas que él firmaba

En una comparecencia judicial en la que sólo accedió a contestar las preguntas de su letrado, Rodríguez Villalobos aseguró que confiaba en sus funcionarios, algunos de los cuales también están imputados en esta causa, y que él no intervenía en la tramitación de los expedientes de ayudas .

Su versión contrasta con la tesis expuesta por el magistrado José Ignacio Vilaplana en el auto dictado el 3 de febrero pasado por el que lo citaba a declarar. El juez que investiga las irregularidades en la feria agroganadera que organiza el Ayuntamiento de Gines sostiene que la concesión de sucesivas ayudas de 6.000 euros durante los años 2007, 2009, 2010 y de 4.000 euros en 2011, «habría venido determinada por la sola voluntad del presidente de la Diputación», a la vista de las diligencias policiales, periciales y documentales que se han practicado.

Villalobos relató que él firma unas 7.000 resoluciones al año como presidente de una institución que da servicio a 105 municipios de la provincia y que maneja un presupuesto anual superior a los 400 millones de euros. Dada la cantidad de resoluciones que los funcionarios tramitan y le trasladan para poner su rúbrica, consideró que no podía conocer el detalle de cada una de ellas, máxime cuando se trata de ayudas dadas hace trece o diez años.

Tanto la Fiscalía como la Guardia Civil creen, en cambio, que el dirigente socialista - uno de los principales apoyos de la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Dí az- tuvo un papel decisivo en el reparto de fondos públicos para financiar una feria organizada por el Ayuntamiento de Gines durante diez años (2007-2016) «sin regulación» ni «instrumento normativo alguno».

El alcalde actual del municipio del Aljarafe, Romualdo Garrido , y el anterior, Manuel Camino Payán (2007-2015), ambos del PSOE y también imputados, « se habrían concertado para conseguir la obtención ilícita» de subvenciones «con los responsables de la Diputación Provincial», señala el auto. Cargos municipales y de la Diputación «habrían ultimado la presentación de la correspondiente solicitud de ayuda y elaboración ad hoc de documentación tendente a justificar el otorgamiento de unas sucesivas y recurrentes subvenciones excepcionales carentes de fundamento y motivación», expuso el instructor.

Tras la breve comparecencia de Villalobos, que no contestó preguntas del juez ni del fiscal, declararon como investigados el secretario general y el interventor de la Diputación, Fernando Fernández-Figueroa y Eduardo López , respectivamente. Ambos justificaron la falta de convocatoria pública para repartir los fondos públicos esgrimiendo razones de interés público, social, económico o humanitario. Según el auto, en el expediente no hay valoración alguna que motive la excepcionalidad de las ayudas para una feria que se organiza todos los años.

En este aspecto técnico-jurídico radica el quid del caso: si hubo o no discrecionalidad en la distribución del dinero público. Ambos funcionarios defendieron la legalidad de las ayudas y argumentaron que la propuesta de resolución de las mismas bastaba para justificar su interés especial, por lo que no hacía falta más motivación que esa. Estuvieron declarando más de hora y media, en presencia de las defensas y de los letrados de las dos acusaciones populares ejercidas por el grupo municipal Imagines y el PP andaluz.

Además de la citadas ayudas, la Diputación abonó directamente dos facturas de 2.407,90 y 2.589,40 euros en 2013 y 2014 a la empresa Eventali por dos servicios prestados al Ayuntamiento en concepto de «montaje de gradas» y de «producción Una Pará en Gines 2014». En este caso, el interventor explicó que no sabía que se estaban pagando gastos contraídos por el Ayuntamiento. Si lo hubiera conocido, no hubiera autorizado su abono como si fuera un contrato menor. El procedimiento correcto habría sido tramitar una subvención o un patrocinio.

El juez pospuso la declaración de otros tres investigados, entre ellos dos exdiputados provinciales del PSOE.

El día 26 está previsto que declare el que fuera jefe de Gabinete de Villalobos, el exdiputado socialista Antonio Pradas Torres , miembro de la ejecutiva regional del partido. Su declaración se espera con expectación porque en 2018 ya descargó la responsabilidad en su jefe político. Aseguró que había tramitado las ayudas «por delegación del presidente». También ha sido citado en el juzgado el jefe de Relaciones con los Territorios y exalcalde socialista de La Roda, Manuel Silva Joya.