El juez cree que la Diputación de Sevilla «alteró» documentos para justificar ayudas «arbitrarias»

Como adelantó ayer ABC, el magistrado José Ignacio Vilaplana ha reactivado esta causa abierta en febrero de 2017 citando a declarar como investigados a diez altos cargos actuales y exresponsables de la institución provincial, entre ellos su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), y quien fuera su jefe de Gabinete de Presidencia, Antonio Pradas Torres , miembro de la ejecutiva regional del partido y exdiputado nacional por Sevilla.

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla sospecha que al menos uno de los expedientes remitidos por la Diputación al Juzgado «podría haberse visto alterado a raíz de la investigación» iniciada . En un auto dictado el 3 de febrero, el instructor destaca que en el sumario consta una nota de régimen interior mediante la cual el jefe del Gabinete de la Presidencia de la Diputación solicita un informe al secretario general después de que el presidente considerase que la ayuda tenía carácter excepcional.

Sin embargo, la citada nota «tiene sello de salida electrónico de fecha 13/12/2017, muy posterior al año de tramitación de la subvención excepcional y de su propio otorgamiento», advierte. Para entonces, la Guardia Civil ya estaba investigando la organización de La Pará e iba tras la pista de las ayudas directas concedidas por la Diputación al Consistorio en los años 2007, 2009, 2010 y 2011 . A estas se sumaron otras dos «subvenciones encubiertas» en 2013 y 2014, que consistieron en el pago de dos facturas a la empresa que montaba las gradas en la feria.

La Secretaría General de la Diputación —cuyo titular, Fernando F.F.G., también está citado a declarar como investigado el 19 de marzo— aportó al juzgado un informe favorable a la última resolución firmada por el presidente , por la que otorgó una ayuda de 4.000 euros. La cuantía de las tres anteriores era de 6.000 euros y, según el juez, su concesión directa, «sin concurrencia ni convocatoria pública», es fruto de «la sola voluntad» de Villalobos.

El magistrado echa en falta documentos esenciales para justificar la excepcionalidad de dichas ayudas, como defiende la Diputación, que afirma que la Ley General de Subvenciones permite ayudas directas, «que pueden concederse por interés público, social, económico o humanitario » y, desde su enfoque, «ese fue el fundamento desde el que se concedieron unas ayudas que contribuyeron a la dinamización económica del municipio».

En los expedientes no consta la delegación de competencias desde la Presidencia de la entidad para dar las ayudas directas conforme al reglamento interno ni tampoco una declaración expresa de su carácter excepcional.

La Diputación niega que haya fabricado ningún documento para exculparse. Asegura a ABC que la nota a la que se refiere el instructor está datada en febrero de 2011, según la copia que tiene en su poder la Secretaría General, si bien ignora por qué la fecha del documento que obra en la causa es del 13 de diciembre de 20 17.

No es el único informe que le chirría al juez. En su auto, afirma que uno de los empresarios contratados «a dedo» por el Ayuntamiento ginense para el montaje de instalaciones de la feria, Miguel Ángel Rodríguez García , «habría aportado unos ficticios convenios de colaboración» con la Corporación. El juez no le da pábulo a los mismos y apunta que no es cierto que fueran elaborados para la organización del evento en sus ediciones de 2013 a 2016.