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Por ello, explicó que hay familias que están ya «absolutamente al límite» y que una variación de 20 o 30 euros mensuales supone que no puedan afrontar el gasto. «Eso incide en una mala alimentación , porque hay viviendas en las que el único ingreso que entra es una pensión no contributiva de 400 euros».

Cáritas, además, reclama mayor información a la hora de tramitar el Ingreso Mínimo Vital y ha observado un elevado número de solicitudes denegadas. Además, la mayoría de las que sí se han aceptado aún no han percibido ingreso alguno.

El informe de 2020 no ha puesto de relieve especiales problemas respecto a las personas que han tenido que suspender su actividad económica por las restricciones sanitarias. «Los ERTE han sido un colchón amortiguador pero estamos preocupados de qué ocurrirá cuando se acaben estas prestaciones, porque muchos se verán abocados al desempleo y acabarán viniendo a las cáritas personas que no acudían frecuentemente», indicó Pérez de Ayala.

Otro de los asuntos que reclama Cáritas a las administraciones es el fortalecimiento de los servicios sociales comunitarios, que siguen contando con escasos recursos materiales y humanos y que está llevando a la Iglesia a asumir ayudas que corresponden a la Administración pública. También pide la modificación urgente de la Ley de Extranjería para regular la realidad de miles de ciudadanos que, aun trabajando, «son invisibles y carecen de derechos para acceder a una vida normalizada».

Respecto a los barrios más pobres, que un año tras otro no sólo no mejoran sino que empeoran su situación, Cáritas pide revisar los planes integrales , que se han quedado obsoletos, y que no han conseguido corregir los problemas en estas zonas.