El 'banco malo' pide el desalojo de los okupas de la calle Feria en Sevilla

Este edificio pasó a manos de la Sareb en septiembre del año pasado. Como consta en la nota simple del registro a la que ha tenido acceso ABC, en esa fecha el juzgado de Primera Instancia nº 10 dictó un auto que otorgaba el título de adjudicación de la finca a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que la inscribió en el registro el pasado mes de marzo.

Fuentes judiciales han confirmado a este periódico que el pasado mes de julio, la nueva propietaria de este edificio pidió al juzgado el lanzamiento de todos los inmuebles que conforman la finca a excepción de un piso situado en la primera planta. Aquí reside una familia con indicios de vulnerabilidad, según el estudio previo realizado por la Sareb.

Desde la sociedad explican a ABC que cada vez que reciben un activo ponen en marcha un sistema dual en la gestión de activos ocupados, «que es un procedimiento muy garantista para este tipo de casos y acorde con la actual legislación de vivienda». ¿Y en qué consiste este proceso? La Sareb estudia la situación de las personas que okupan el inmueble adquirido y evalúa su nivel de riesgo de exclusión. «Si queda demostrada la vulnerabilidad de los ocupantes de la vivienda y además colaboran, se para la operativa comercial y el equipo de VAyS (Vivienda Social y Asequible) pasa a gestionar la situación de la familia, a la que se le ofrece un alquiler social y un contrato social de seguimiento y acompañamiento, que le ayude a encontrar trabajo y mejorar sus condiciones de vida, en colaboración con las administraciones públicas y los servicios sociales».

En esa evaluación positiva también juega a favor la colaboración de las familias y su interés en salir de esa situación desfavorable. En el caso del número 158 de la calle Feria, la Sareb ha concluido que a excepción de la familia que reside en uno de los pisos de la primera planta, no hay indicios de vulnerabilidad en el resto de hogares. Por lo que se ha seguido la demanda de desalojo contra ellos.

Por ahora la juez titular del juzgado no ha resuelto la petición de la Sareb. El proceso judicial se está dilatado porque en el procedimiento se han personado los okupas con un letrado. Desde la Sareb esperan que el desalojo se produzca en próximas fechas. Tras recuperar las viviendas, la sociedad las va sacar a la venta y el dinero se utilizará en el repago de la deuda que está avalada por el Estado. La operación inmobiliaria puede generar importantes dividendos para las arcas públicas ya que el precio del metro cuadrado en la calle Feria está por encima de los 4.000 euros.

La Sareb se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos que acumulaban las entidades bancarias que tuvieron que ser rescatadas tras el crack financiero. La sociedad nació como una entidad privada pero a día de hoy es pública al adquirir el Estado más del 50% de sus participaciones.

Entre los vecinos que llevan años denunciando la situación irregular de esta finca, cunde el temor de que no se produzca el desalojo y que la actual situación se siga prolongando. No en vano llevan años soportando una convivencia cada vez más difícil. Además señalan que el piso que por ahora se libraría del desalojo lo okupa una de las personas más conflictivas del bloque. «Es cierto que tiene un niño pequeño con necesidades, pero es también la persona que controla las viviendas, la que arrienda a los otros okupas los pisos», explica una vecina.

El denominado banco malo admitía en un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) que tenía más de 3.600 inmuebles okupados por personas que no cumplían los requisitos para ser declaradas vulnerables o que no quieren regularizar su situación. Entre esas propiedades se encontraría la mayor parte de la finca de la calle Feria, compuesta por cinco viviendas y varios locales comerciales.

La historia de okupación que arrastra esta propiedad es larga. En 2012 se produjo el primer movimiento sonado cuando un grupo de personas instalaron allí la Corrala Alegría, respaldada por el movimiento del 15M. Los pisos estaban a nombre de una empresa sevillana del sector inmobiliario que denunció aquellos hechos entonces. El desalojo se produjo pocas semanas después y los okupas acabaron sentados en el banquillo. El juicio tardó en celebrarse y esas dilaciones fueron determinantes para que los procesados acabaran absueltos.

Aquel primer proceso de desalojo fue rápido porque apenas mediaron unas semanas. Pero poco efectivo porque la propiedad continuó sin uso, a pesar de que estaba prácticamente reformada. La crisis económica había lastrado para siempre al promotor que nunca logró sacar adelante el proyecto inmobiliario.

Antes de la pandemia del Covid, los vecinos de la calle Feria empezaron a detectar que se producían nuevas entradas en la finca. La rotación era constante de ciudadanos de origen rumano, algunos de ellos acompañados de menores. Fue entonces cuando los vecinos constataron que incluso se habían publicado algunos anuncios en internet ofreciendo en alquiler los pisos okupados. Desde entonces, la convivencia en el entorno se ha ido deteriorando. Ya son varias las denuncias que han planteado los vecinos contra estos okupas por amenazas, insultos o por causar daños en el entorno.