El rector pide al Ministerio que le aclare cómo aplicar la LOSU antes de proclamar el sufragio en la Universidad de Sevilla

Castro, que este lunes ha presentado unos convenios con el Ayuntamiento de Sevilla, ha dicho al ser preguntado por el tema que a la comunidad universitaria «nos sorprende mucho que hayan aprobado la Ley pro el procedimiento de urgencia una norma que, una vez aprobada, tardan mucho en publicarla en el BOE«, Con ello se refería a que la nueva norma aún no ha sido incluida en el Boletín Oficial del Estado.

En este sentido, el rector ha explicado que en los los veinte días próximos a su publicación, el Ministerio les va a mandar a las universidades una carta aclaratoria de un conjunto de cuestiones que se le plantearon y de las que, según ha recalcado, aún no tiene respuesta acerca de cómo deberán aplicarse.

«Cuando tengamos la nota aclaratoria, entonces empezaremos a trabajar y haremos todo lo que dice la Ley«, ha dicho el rector que aún no ha iniciado los trámites para cambiar el estatuto y proclamar el sufragio universal ponderado en la Hispalense. Actualmente la fórmula que se emplea para elegir al máximo responsable es de la votación por el claustro, un órgano formado por unas 300 personas en lugar de toda la comunidad universitaria, en este caso formada por más de 70.000 entre docentes, alumnos y personal de administración y servicio.

La LOSU ha establecido que habrá un plazo de dos años para realizar el cambio estatutario. En cualquier caso, la Hispalense sigue siendo la única institución académica pública de España que no utiliza el sufragio universal ponderado como método de elección de su máximo responsable.

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Castro también se ha referido al hecho de que la Hispalense haya iniciado el proceso de desascripción del CEU como consecuencia de la aprobación de la futura Universidad Fernando III, la segunda privada que ya cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía. El rector, cuyo consejo de Gobierno aprobó el pasado viernes no ofertar plazas de nuevo ingreso para los grados que se imparten en el CEU, ha recordado que todos los rectores andaluces «votaron desfavorablemente» a la creación de esa universidad ya que no cumplía los requisitos legales para ello.

Además, el rector ha defendido que el espacio que el CEU va a ocupar es «el del centro adscrito de la Universidad de Sevilla« y que cuando hablan de los recursos humanos se habla de personal que está contratado por el centro adscrito de la Universidad de Sevilla. Castro alega que en el catálogo de titulaciones que anuncian incluyen un doble de ADE con Derecho cuando ellos no tienen Derecho porque es una titulación del centro adscrito. «No pueden hacer un doble título con un título suyo y uno nuestro», ha recalcado el rector insistiendo en que «lo más sensato» es no ofertar nuevas plazas aunque sea la Junta de Andalucía la que tenga la última palabra sobre el tema.

Desde la Consejería de Universidades han asegurado que, en cualquier caso, la Junta de Andalucía velará en todo este proceso por garantizar la seguridad jurídica y los derechos del alumnado y de las partes.

En este sentido afirman que el proceso de se tendrá que materializar con la firma de un convenio de desadscripción entre la Universidad de Sevilla y las entidades de las que dependen los centros adscritos, en el que se deberán detallar las condiciones, el itinerario y los plazos para llevarlo a cabo, tal y como se recoge en la normativa andaluza de universidades.

Una vez suscrito el convenio por cada una de las partes (uno por cada entidad), el documento tendrá que remitirse a la Junta de Andalucía para su aprobación.

De hecho, según recuerdan, no es la primera vez que una universidad inicia un procedimiento de estas características. Y en cuanto a las plazas que se ofrecen cada curso académico, es competencia del Ministerio la aprobación de dicha oferta, según lo señalado en las memorias aprobadas de los grados.