El PSOE de Sevilla tumbará la nueva tasa de basuras que impone Pedro Sánchez

El objetivo de la Delegación de Hacienda es que la propuesta se someta al refrendo del Pleno este 18 de octubre, lo que permitiría que estuvieran en vigor a partir del 1 de enero. Para ello cuenta con el apoyo asegurado de los tres concejales de Vox, que votarán a favor de la bajada de los impuestos y tasas. Pero los de Abascal tienen claro que no darán su respaldo a la subida de la basura, la denominada 'tasa Sánchez', puesto que no están dispuestos a que sean los sevillanos los que asuman de su bolsillo el coste del reciclaje. Todo ello, a pesar de que una ley estatal obliga a que así sea. Fuentes del partido reconocen a ABC que las políticas sostenibles van en contra de su ideología y que, por tanto, no serán «cómplices» de ellas. Tampoco tendrá el gobierno de José Luis Sanz el respaldo del PSOE, que volverá a votar en contra como ya hiciera con el primer proyecto que el PP llevó al Pleno, a pesar de que la Ley la han diseñado sus compañeros en Madrid.

Fuentes del grupo municipal socialista señalaron a este periódico que su postura pasa porque el ejecutivo local retire su propuesta y haga un estudio económico «más transparente y consensuado». Aseguran en el PSOE que la adaptación a la Ley 7/2022 que propone la Delegación de Hacienda «no tiene en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, ni premia los esfuerzos por reciclar o separar residuos». Tampoco aceptan que «la tasa sea igual para todos, sin importar el barrio o el comportamiento ambiental». Frente a ello, proponen eliminar el importe autonómico sobre vertederos e incineración para que sea «asumido o compensado» por la Junta. Además, apuestan por «ajustar el estudio de costes por barrios», así como por una progresividad fiscal. Es decir, «un incremento del 25% en la cuota para viviendas con valor catastral superior a 50.000 euros, de forma que paguen más quienes tienen mayor capacidad económica».

La implantación de este gravamen responde a una directriz comunitaria en materia de reciclaje. Se trata del desarrollo de la Ley 7/2022 que obliga a los ayuntamientos a repercutir sobre los ciudadanos el pago por el depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos. En 2022 se aprobó la normativa, con un plazo de tres años para que las administraciones locales imputaran el coste a la población. Hasta ahora, el Consistorio hispalense ha asumido de su bolsillo un pago que podría rondar los 40 millones y, en caso de que su última propuesta no salga adelante, tendrá que seguir saliendo del presupuesto municipal. Eso, en la práctica, provoca una limitación de su capacidad inversora y, además, hace que se exponga al pago de una multa por incumplir la legislación.

La propuesta actual del gobierno municipal pasa por aplicar un baremo en concepto de lo que cada distrito recicle, teniendo en cuenta los principios de pago por generación y de fomento del reciclaje. El impuesto se sumaría al que se cobra actualmente en la factura del agua y que, en el caso de una vivienda de consumo 'normal', es de 13 euros bimestrales. La modificación que propone el Ayuntamiento es incrementar este fijo de los 13 a los 23,73 euros y que el resto del aumento dependa de ese criterio de reciclaje por distritos. Según los cálculos municipales, los vecinos de Los Remedios serían quienes más pagarían, mientras que los de Este-Alcosa-Torreblanca estarían en el extremo contrario. La diferencia entre unos y otros oscilaría en unos 14 euros de media. En el caso de los comercios, la cuota trimestral fija pasaría de 62,50 a 95,09 euros y podría aumentarse en 28 euros más en Los Remedios, el barrio que menos recicla.