El Ayuntamiento de Sevilla deja en el limbo a los policías locales afectados por la oposiciones anuladas

En junio de 2020 se conocía la sentencia de la juez de lo Contencioso-Administrativo número siete de Sevilla, en el que se daba la razón a uno de los opositores por las sospechas de que varios aspirantes habían tenido acceso previamente a las respuestas del caso práctico. La prueba principal eran los propios exámenes firmados por los opositores -familiares directos y amigos de agentes de plantilla- que llegaron a responder de la misma manera, usando las mismas expresiones que había en la plantilla de corrección e incluso repitiendo las erratas. Para la juez del Contencioso eran sospechas suficientes para invalidar el proceso y volverlo a repetir.

Este asunto, que por vía penal quedó en una absolución para miembros del tribunal y un grupo de opositores, llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que afeó al Ayuntamiento que no interviniera cuando se denunciaron las irregularidades: «Tan graves irregularidades pervierten el proceso selectivo en el momento en el que se produjeron. La competencia no ha sido limpia. Los principios de mérito y capacidad , y de igualdad en el acceso a la función pública, no han sido respetados en el proceso selectivo y por ello, la sentencia hubo de ser estimatoria».

El pasado 23 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía firmaba un decreto en el que daba firmeza a la sentencia y concedía al Ayuntamiento de Sevilla un plazo de dos meses para su ejecución motu proprio. Algunas fuentes consultadas señalan que este plazo podría concluir el 21 de mayo, a escasos días de las elecciones municipales. En cambio, otras apuntan que podría ser después de los comicios. En caso de que el Ayuntamiento no ejecute el fallo, las partes personadas podrán solicitar su ejecución.

En este sentido, el gobierno del socialista Antonio Muñoz, según han indicado a este periódico de nuevo fuentes municipales, se encuentra aún analizando la sentencia judicial sobre este proceso de oposición, a través de los letrados de los Servicios Jurídicos Municipales, el servicio de Recursos Humanos y la Secretaría Municipal. Pero el tiempo corre en contra.

Si bien, mientras el Ayuntamiento de Sevilla toma una decisión, han quedado suspendidos todos los procesos de traslados o cambios en los agentes afectados, que mantienen hasta entonces sus actuales funciones.

Esto ha dado lugar a que tres agentes hayan quedado excluidos de un concurso de traslado de puestos de trabajos correspondientes a la categoría de policía pertenecientes al Cuerpo de Policía Local. En dicha resolución, de fecha de 27 de abril y firmada por el secretario municipal, se señala sobre estos tres agentes que «el nombramiento como funcionario de carrera en la categoría de policía ha sido declarado nulo por sentencia firme».

Una situación similar se ha dado, según ha podido conocer este periódico, con uno de los 56 agentes afectados por las oposiciones de 2012 que por concurso quiso acceder a una plaza en la Policía Local de Jerez de la Frontera. El recurso de otro agente opositor llevó al Ayuntamiento jerezano a cursar un escrito al Consistorio hispalense preguntando por la situación de dicho policía. La respuesta fue en el mismo sentido, su nombramiento como funcionario de carrera ha sido declarado nulo. No obstante, estos agentes siguen ejerciendo como tal en la Policía Local de Sevilla.

Como ya adelantara ABC una de las opciones que mantiene encima de la mesa el Ayuntamiento es la inejecución de la sentencia como vía de escape para no cambiar nada. En este sentido, fuentes consultadas por este periódico señalan que los máximos dirigentes municipales están trasladando a los agentes afectados que ésta será la solución que adopten. En cambio, existe un informe de Recursos Humanos que concluye que hay que ejecutar la sentencia, lo que supondría la expulsión de más de 50 agentes del cuerpo.

El Ayuntamiento de Sevilla estudia algunos precedentes de no ejecución. En 2016, el Ayuntamiento de Málaga indemnizaba con 28.000 euros a cada uno de los aspirantes que denunciaron irregularidades en unas pruebas para ingresar en la Policía Local y que habían sido convocadas en 2002, catorce años antes. También en vía Contencioso, la Justicia concluyó que se debía repetir parte del proceso porque se produjo una filtración.

En este asunto, el TSJA admitía que obligar a repetir las oposiciones provocaría «un sacrificio desproporcionado» para el Consistorio que tendría que haber expulsado a un tercio de la plantilla que estaba en ese momento en servicio. En 2014 el alto tribunal andaluz admitía que no era posible ejecutar la sentencia.

En el caso de Sevilla, de repetirse el examen práctico y las siguientes pruebas de las oposiciones, el Ayuntamiento tendría que volver a convocar a 232 personas, muchos de ellos antiguos opositores que ya tienen una plaza en propiedad. Son los daños colaterales. El Ayuntamiento ya apeló sin éxito ante el TS que la repetición de las pruebas iba a lesionar los derechos de aquellos aspirantes que no fueron acusados en el procedimiento penal y sobre los que se presupone que actuaron de buena fe.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico subrayan, además, que la ejecución de la sentencia conllevaría la expulsión de los funcionarios que ganaron esa plaza en ese proceso, se pondría en cuestión los actos ejecutados por esos funcionarios durante su ejercicio como autoridad; lo que podría acarrear una lluvia de reclamaciones y demandas de vecinos.