El Gobierno borra todas las líneas rojas que descartaron el puente de la SE-40 en 2001

Ninguna referencia se hace en esta segunda evaluación a la cercanía con la reserva natural que sigue siendo objeto de debate por su delicada situación. Tampoco aparecía en la primera. Lo que sí es totalmente opuesto en ambos documentos es el criterio para valorar las dos soluciones técnicas. La primera ni siquiera entraba a analizar la alternativa de un puente, pues ya se descartaba de entrada por el «severo impacto visual» y por no tener el respaldo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que entonces era el órgano que más tenía que decir, a juzgar por las veces que se menciona en la resolución de 2001. La de 2024 apenas lo nombra y se detiene a destacar las bondades del puente, que considera más viable, más sostenible y, sobre todo, más barato, aunque apenas hay alusiones al coste.

Llama también la atención que el «severo impacto» lo provocaba entonces un puente de 50 metros de galibo, que era lo que se tuvo en cuenta teniendo como referencia la altura del Centenario. Sin embargo, en este segundo intento la altura que debe tener el viaducto para no afectar a la navegabilidad del río es de 70,8 metros. El informe medioambiental recoge cierta preocupación sobre esa elevada altura y pide «ajustarse al mínimo imprescindible». Esa referencia ha despertado la sospecha de instituciones como la Autoridad Portuaria, que ayer advertía de que «esa recomendación puede suponer que el puente sea más bajo y eso sí tendría un impacto en las condiciones de navegación».

El cambio de proyecto supondrá también una reforma de los tramos que ya están terminados, pues la infraestructura se dejó preparada para continuar en subterráneo y ahora se elevará. El trazado supera los cinco kilómetros, de los que más de 3,2 son en viaducto. En la declaración de impacto ambiental se reconoce que «habrá afecciones a los tramos contiguos», pero se aprovechará la estructura construida sobre el río Guadaíra y se mantendrán todas las conexiones que estaban previstas.

Y finalmente está la cuestión de las alegaciones, que no se responden. El Ministerio de Transición Ecológica hace mención a algunas como las del Puerto, la de ayuntamientos como Coria o las de instituciones empresariales y colegios profesionales, pero no incluye la respuesta que ha dado el promotor, que es el Ministerio de Transportes. Esa es otra diferencia con la declaración de impacto de 2001, en la que sí hay mucha más atención a las alegaciones, llegando a recogerse las de propietarios privados de fincas a los que se expropió terreno para empezar las obras. Este punto es uno de los más criticados, pues se trata de un documento vinculante y que no puede ser recurrido, salvo por la vía judicial.