Elena Ramallo, experta en violencia de género, sobre la ley trans y la polémica del caso Candi: «El sexo no es mutable»

Es ella la que pide hablar con este periódico tras publicarse ayer el caso de Candi, una mujer transgénero que acumula varias condenas por malos tratos a dos exparejas durante su 'fase masculina'. Cabe recordar que Cándido –así se llamaba hasta el año pasado– pasó una primera vez por la cárcel tras un primer episodio de violencia de género y que sigue a la espera de la petición de indulto presentada tras la orden de «ingreso inmediato en prisión» por la condena a su siguiente pareja. Hace un año este hombre acudió al Registro Civil de Sevilla, confesó que se sentía mujer y, sin presentar mayor documentación que su consentimiento, pasó de estar reconocido dentro del género masculino al femenino, evitando de este modo seguir siendo juzgado por otras causas pendientes por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla. El abogado de la víctima tildó esta actuación de «indubitado fraude de ley».

La experta Elena Ramallo lamenta que esta ley permita cambiar de sexo sin más requisitos que la propia voluntad de la persona, «comprometiendo la protección de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad». «El cambio de sexo registrado, al estar desprovisto de requisitos adicionales a la mera manifestación de la persona, crea una situación que podría desdibujar los principios fundamentales en los que se sustenta la protección de las víctimas de violencia machista», apunta.

Ramallo no sólo fija su atención en la desprotección de las víctimas, sino en los beneficios de estos defraudadores porque «la legislación actual podría permitir a los agresores el acceso a refugios y otros espacios seguros destinados exclusivamente a mujeres». Es decir, un maltratador podría coincidir con víctimas de violencia de género en supuestos centros de protección y apoyo a las mujeres en peligro tras afrontar el proceso de cambio de sexo. Elena Ramallo recalca para ABC que «el sexo no es mutable». «Esto no quiere decir que yo no esté a favor de dar derechos a las personas trans, pero estos derechos de una minoría no pueden estar por encima de los derechos de la mayoría de una población, como son las mujeres».

La experta en los derechos de las mujeres no duda en poner el foco de atención sobre los responsables políticos de esta ley trans: «Los legisladores son responsables de las leyes que aprueban, de sus fallos y de sus consecuencias». Elena Ramallo recuerda que apoyó que en esta ley se recogiese que «los maltratadores no se pudieran beneficiar» de la norma. «El problema está en que en el cambio de sexo registral no se puede detectar el fraude porque no podemos infiltrarnos en la mente de las personas para saber su voluntad. Lo recordaba el fiscal del caso del ertzaina trans acusado de agredir a su mujer».

La defensora de los derechos de las mujeres critica que, «como con otras leyes con desastrosas consecuencias, como la del 'sí es sí', mujeres, juristas, expertos en derecho, médicos y psicólogos hemos advertido repetidamente sobre las consecuencias de la falta de control, rigor y seguridad jurídica en la aplicación de la ley trans». Para Elena Ramallo «es urgente e imprescindible realizar modificaciones legislativas para establecer un equilibrio entre los derechos de las víctimas de violencia machista y los derechos de las personas trans».

Ramallo asegura que en este movimiento contra la desprotección generada por la ley trans cuenta con el respaldo de la Agrupación Amanda (madres y padres con hijos con una situación alarmante por la ley Trans) y señala que recursos como el que ha presentado la Comunidad de Madrid en el Tribunal Constitucional para solicitar la modificación de la ley sigue las pautas «que hacemos muchos juristas y mujeres», aunque pide que esta causa «no sea sustanciada en términos políticos que se piense en los ciudadanos, en los derechos de los menores y las mujeres y en la paz social». «Es fundamental que el legislador tome en cuenta las advertencias y preocupaciones expresadas desde diversos sectores de la sociedad, para garantizar que las leyes de protección a las víctimas de violencia machista no se vean socavadas por una falta de control en el registro de cambio de sexo».