El contenedor de piña que llegó de Colombia a Sevilla con 367 kilos de cocaína ocultos que salpicó a varios agentes

La Fiscalía de Sevilla pide ocho años de cárcel para dos policías nacionales, un guardia civil, un escolta de Interior y siete acusados más, a los que reclama 45 millones de euros de multa

Prisión sin fianza para dos policías nacionales y un guardia civil implicados en un alijo de cocaína

Cajas de frutas con drogas incautadas en una operación policial anterior Sergio rodríguez

La Fiscalía Nacional Especializada contra el Narcotráfico de Colombia solicitó colaboración con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional para vigilar un contenedor procedente del puerto de Buenaventura Valle del Cauca con destino a Sevilla. En el mismo se guardaba 367 kilos de ... cocaína oculto en cajas y cajas de piñas. La operación policial destapó la presunta implicación de dos agentes de la Policía Nacional, uno de la Guardia civil, y un escolta del Ministerio del Interior.

Estos cuatro investigados más otros siete acusados serán juzgados a partir del 13 de noviembre en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía solicita para ellos ocho años de cárcel y una multa de 45 millones de euros por un delito contra la salud, según el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso este periódico.

La Fiscalía Especializada contra el Narcotráfico de Colombia estaba investigando una organización dedicada al narcotráfico internacional, que sacaba la mercancía en contenedores desde puertos colombianos hasta España. Solicitó colaboración a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para «una entrega controlada», es decir, permitir la entrada del contenedor y seguirlo hasta su destino, para entonces actuar.

Contravigilancia

El buque llegó a Málaga el 7 de septiembre de 2022. Dos días después los funcionarios policiales procedieron a la inspección de dicho contenedor, que contenía palés con cajas de cartón que llevaban piñas, y oculto en el suelo del contenedor la cocaína. El 14 del mismo mes, el contenedor fue trasladado por tierra hacia Sevilla. En un área de servicio de la A-92 paró. Allí comenzó el control y contravigilancia de los dos policías y el escolta de Interior imputados a bordo de un Audi A6, según la Fiscalía. El objetivo era garantizar el traslado de la droga.

El camión llegó a una nave del polígono La Isla, en Dos Hermanas. Un día después se procedió a la descarga de la mercancía lícita, las piñas, en dicha nave. Después volvió a salir el camión de la misma. En otra nave del mismo polígono se cambió la cabeza tractora, para iniciar el camino hacia un polígono industrial de Carrión de los Céspedes, alquilada por otro de los acusados. Allí se descargó la droga. El camión volvió a salir ya sin el contenedor. Con un radial, tuvieron que cortar los bajos del contenedor para extraer los paquetes de cocaína.

Asuntos Internos

Fue en ese momento cuando miembros de la unidad central de la Udyco de la Policía Nacional, junto a Asuntos Internos, actuaron. Detuvieron a sus dos compañeros y al escolta de Interior a las afueras de la nave mientras hacían funciones de contravigilancia. Dentro se encontraban otros cuatro acusados, entre ellos el guardia civil, realizando «operaciones para la recepción, extracción y posterior distribución de los 365 paquetes ocultos en el suelo del contenedor.

Los paquetes rectangulares venían embalados en plásticos y film transparente, con un peso cada uno de un kilogramo aproximadamente, que contenían cocaína. El peso total ascendía 367 kilos. Su pureza base era de 79,125%. Vendido al por mayor su valor en el mercado podía alcanzar los 14,4 millones de euros. Al por menor, casi 38 millones.

Con la pertinente autorización judicial, la Policía Nacional llevó a cabo registros domiciliarios en Gelves, Sevilla, Camas y Espartinas. Se intervinieron armas, móviles, drogas y varios vehículos de los acusados. También registraron las taquillas de los dos policías investigados.

Como informó este periódico en septiembre del año pasado, siete de los acusados están prisión preventiva desde entonces, entre ellos, los tres agentes y el escolta del Ministerio del Interior, por decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor, al frente de este caso. Los dos agentes del Cuerpo Nacional están destinados en la provincia de Sevilla mientras que el miembro de la Benemérita tiene su puesto en Huelva.

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