El brutal asesinato del celador que señaló al Ayuntamiento de Sevilla

Gaspar García encontró la muerte el 8 de enero de 2006 cuando se dirigía a su puesto de trabajo en el hospital. Estaba muy cerca, en la calle Isaac Peral, en Reina Mercedes, cuando una pequeña de 7 años se cruzó en su camino. La niña se metió corriendo en la carretera cuando pasaba Gaspar. Gracias a que el celador no iba rápido, el atropello fue muy leve. La menor apenas sufrió contusiones pero fue el desencadenante de un crimen atroz.

Nada más producirse el accidente y sin tan siquiera comprobar el estado de su pequeña, el padre de la niña, Ricardo Suárez, vació dos cargadores de su pistola sobre el celador que acababa de parar su vehículo para ver cómo estaba la pequeña. A la víctima no le dio tiempo a bajarse, ni siquiera a decir cuatro palabras. El asesino empezó a dispararle conforme se iba acercando al vehículo. Una testigo clave en el juicio posterior, que solicitó protección para no sufrir represalias, vio cómo Ricardo ejecutaba al celador escondida detrás de un contenedor.

Su testimonio también sirvió para procesar a la madre de la niña, María Luisa Cortés, quien desde la más absoluta frialdad, se dirigió al coche del celador y abrió la puerta del conductor para facilitarle la tarea a su marido, que recargó su pistola por segunda vez para asegurarse que al menos cinco disparos alcanzaban a la cabeza. La víctima no tuvo ni la más mínima posibilidad.

Después de vaciar el segundo cargador, el matrimonio se preocupó entonces por el estado de la pequeña, que ya estaba en brazos de un tío suyo. Fue trasladada al hospital. Diagnóstico: contusiones leves. A poca distancia, la Policía Nacional iniciaba el trabajo en el escenario del crimen. Ricardo Suárez puso tierra de por medio y huyó a Portugal. Doce días después se entregaba en la frontera de Ayamonte con entrevista mediática incluida. Su abogado le aconsejó que regresara a España y fue a buscarlo en compañía de un periodista de Antena3 que recogió sus primeras declaraciones: «Fue el arrebato de una persona que no piensa, al ver a su hija tirada en el suelo. Yo le pido a todos los padres que se pongan en mi lugar. Le pido a los jueces que tengan un poco de consideración«. Trató de justificarse, asegurando que creía que el celador era miembro de un clan rival.

Meses después, en el juicio, Ricardo añadió a su versión que había bebido alcohol. La Audiencia Provincial lo condenó a 21 años de cárcel, que después el TSJA revisó a la baja, al negar que hubiera existido ensañamiento. A su mujer le impusieron inicialmente 15 años como cooperadora necesaria, pero el Supremo acabó reduciendo la condena a más de la mitad. Se quedó en 6 años porque el tribunal descafeinó su grado de implicación a una simple cómplice.

El brutal crimen acabó señalando al Ayuntamiento porque el clan del asesino estaba viviendo en el albergue municipal donde el Consistorio los había realojado después de haber salido huyendo de El Vacie tras sufrir un tiroteo. El accidente se produjo prácticamente en la puerta del citado albergue. El Gobierno municipal, entonces dirigido por el regidor socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, justificó la medida y el gasto que había asumido por motivos humanitarios. Una familia oficialmente pobre pero que tenía armas y pudo pagarse un letrado sin recurrir al turno de oficio.

El realojo de esta familia no fue la única medida polémica con chabolistas que adoptó el Ayuntamiento en esa etapa. Grabado a fuego están los 42.000 euros que recibió cada familia en 2004 para que abandonaran el asentamiento de los Bermejales y poco después se supo que habían invertido ese dinero en hacerse con viviendas en el mercado negro que hay detrás de buena parte del parque público del Polígono Sur. El clan de los Caracoleños fue el gran beneficiado por esa medida y una de las familias que han sido protagonistas de las luchas internas que se viven a diario en las Tres Mil Viviendas.