El artículo por el que el Gobierno obliga a la Macarena a sacar a Queipo de Llano

La misiva, firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, y a la que ha tenido acceso ABC de Sevilla, comienza recogiendo el espíritu del nuevo texto normativo aprobado en las Cortes Generales y publicado en el Boletín Oficial del Estado la semana pasada.

Martínez López traslada a la junta de gobierno de la hermandad que, según consta en el preámbulo de la Ley, esta nueva norma pretende cerrar una «deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana».

El objeto de la Ley, según expone la carta, incluye el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Asimismo, incluye acciones destinadas a promover la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, así como a adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

En este sentido, el Gobierno recuerda que también se inscriben las previsiones relativas a símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática, es decir, aquellos que exaltan, personal o colectivamente, la sublevación militar y la dictadura franquista, a sus dirigentes, a los participantes en el sistema represivo o a las organizaciones que sustentaron el régimen posterior a la guerra.

La carta de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, antes de realizar su petición expresa a la hermandad, subraya que, desde 1951, los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, dirigente de la sublevación de 1936 y responsable de la represión en Andalucía en fechas posteriores, «reposan bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena». Esto es un error en la misiva.

Asimismo, también apunta el Gobierno que en dicho templo se hallan en el templo los restos mortales de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra.

«Durante los últimos años, la paradoja que supone esta presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración ha sido objeto de un amplio debate social, del que se han hecho eco numerosos medios informativos y publicaciones nacionales e internacionales», señala Francisco Martínez López en su misiva.

Por todo esto y con la Ley en la mano, el Gobierno traslada a la hermandad que «es obligado poner fin a esta situación». Además de recoger el artículo 38.3 sobre los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936, la carta añade el 35.5, que señala que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos». En los casos de Queipo de Llano y Bohórquez, la responsabilidad es de la hermandad como propietaria del templo.

El Gobierno reconoce que la hermandad de la Macarena desempeña «un indudable papel referencial, tanto en la ciudad de Sevilla como en el resto del territorio nacional», y valora las declaraciones públicas de José Antonio Fernández Cabrero, «expresión inequívoca tanto de respeto hacia las disposiciones legales vigentes como de compromiso con su cumplimiento».

A este respecto, el secretario de Estado de Memoria Democrática traslada a Fernández Cabrero en la carta que no tiene duda de que la observancia de las normas que establece la Ley «se inscribe adecuadamente en los criterios de funcionamiento de la hermandad».

Por consiguiente, mediante la presente carta agradece «su buena disposición para facilitar al máximo y a la mayor brevedad posible la realización de los trámites necesarios para la exhumación y traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de Francisco Bohórquez Vecina».

El equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se pone a disposición de la hermandad para cualquier duda o consulta sobre el cumplimiento de la Ley.

«Una Ley de todos y para todos, que fomenta la cohesión y solidaridad de la ciudadanía y las distintas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Una Ley que defiende la democracia y los derechos fundamentales como paradigma común y horizonte imborrable de nuestra vida pública, convivencia y conciencia ciudadana», concluye la carta del Gobierno remitido a la hermandad de la Macarena.