La Ley de Memoria reabre el debate sobre la tumba de Queipo de Llano en la Macarena

Las declaraciones del ministro de Pedro Sánchez no pillan por sorpresa en el seno de la hermandad de la Macarena, propietaria del templo que acoge las tumbas del general que lideró el golpe militar contra la II República en Sevilla y de su mujer. Más allá del debate político, la corporación de la Madrugada sevillana no ha recibido hasta el momento requerimiento oficial por parte de las administraciones públicas para la exhumación, ni por parte del Gobierno central en base a la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Rodríguez Zapatero, ni por parte de la Junta de Andalucía a través de la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática.

La hermandad, a través de su junta de gobierno, repitió el mensaje que lleva haciendo público desde hace años, que no es otro que «cumplir escrupulosamente, tal y como ha venido haciéndolo, la legislación vigente». «En virtud de esta disposición y respeto a las leyes de un Estado democrático, la hermandad de la Macarena actuará en cada momento según indique la legislación que le afecte», añadió ayer la junta de gobierno que encabeza José Antonio Fernández Cabrero.

«Se les ha de dar una sepultura digna, donde las familias decidan, pero no pueden estar en un lugar preeminente porque eso es una especie de homenaje a los protagonistas de la Dictadura», insistía Bolaños, que adelantó que, en cuanto entre en vigor la Ley, se pondrá en marcha el procedimiento administrativo que culmine con la salida de Queipo de Llano de la Macarena. Fernández Cabrero, a este respecto, precisaba a este periódico que la hermandad está a la espera de conocer «la aplicación de la Ley» para actuar.

A la espera de que la Ley se publique en el BOE, el texto normativo que contó con el respaldo mayoritario del pleno del Senado fue el mismo contemplado en el proyecto de ley que semanas atrás remitió el Congreso de los Diputados, ya que en la tramitación no se aceptó ninguna enmienda al mismo.

Pero, ¿qué dice la nueva Ley?. El artículo 35 aborda los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y en el punto cinco señala que cuando dichos elementos estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo. Aquí estaría el caso de Queipo de Llano y la basílica de la Macarena.

Si bien, el punto seis del citado artículo viene a enredar aún más el debate jurídico, lejos de la contienda política. « Lo previsto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley».

En el año 2017, con Manuel García como hermano mayor, la hermandad modificó la lápida de la tumba de Queipo de Lleno. Antes se podía leer: «Aquí reposa a la paz del Señor el excelentísimo señor teniente general d. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 18 de julio de 1936 (fecha del levantamiento). 5 febrero 1875. 9 marzo 1951». Tras la modificación, la inscripción es: «Aquí reposa a la paz del Señor, hermano mayor honorario, d. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 5 febrero 1875. 9 marzo 1951». Con el escudo de la hermandad. Esto es, desapareció toda alusión al cargo militar en el Ejército del bando nacional y al golpe militar.

Las palabras de Bolaños llevan erróneamente a pensar que la exhumación de los restos de Queipo de la basílica es algo inminente. Si bien, la propia Ley contempla un proceso complejo. En su artículo 36, punto uno, señala que la Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de las administraciones públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las Comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados. El procedimiento para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática será establecido reglamentariamente.

El artículo 37 aborda el procedimiento de retirada o eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática y los plazos. «No habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos incluidos en el catálogo de manera voluntaria, la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de dichos elementos. En todo caso se dará trámite de audiencia a las personas interesadas por un plazo de quince días hábiles. El procedimiento se resolverá y se notificará su resolución en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de su incoación. La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática recogerá siempre el plazo para efectuarla, no siendo este superior a tres meses».

Y la Ley contempla multas coercitivas, aunque, alternativamente o una vez impuestas las multas, la administración competente podrá realizar la retirada subsidiariamente.

El procedimiento que recoge la Ley abre unos escenarios que no terminan de aclarar una salida para los restos del militar franquista, en los que son parte fundamental la familia Queipo de Llano. ABC de Sevilla se ha puesto en contacto con el despacho de abogados que lleva los intereses de la familia, que traslada que están estudiando el asunto.

La hermandad, que cuenta en su poder con varios informes jurídicos realizados por prestigiosos bufetes de abogados sobre esta cuestión, tiene que conocer con la opinión de la familia, pues de actuar por su cuenta sin tomar en consideración la postura familiar, sobre todo si fuera contraria a la exhumación, podría incurrir en un delito penal.

En este punto, la corporación de la Madrugada sevillana plantea el columbario proyectado en la basílica como «una posible vía de solución» al enterramiento del general, si así lo aceptase la familia del mismo. De no actuar la hermandad como propietaria de la basílica, se iniciaría el procedimiento de oficio por parte de la administración competente, que en el caso de Andalucía está por definir si es la Junta o el Gobierno. ¿En qué consiste esa actuación de oficio?. Habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la Ley. El debate jurídico sigue abierto.