¿Habrá que pagar para sacar una partida de defunción?

Los trabajadores se concentraron ayer a la puerta de los juzgados de Viapol para informar a los usuarios y recoger firmas con el objeto de presentar una iniciativa legislativa popular contra la privatización. Los empleados señalaron que a «nosotros no nos afecta porque tenemos los puestos de trabajo ganados por oposición, pero a los ciudadanos sí porque van a tener que pagar».

El portavoz de la Plataforma de Funcionarios del Registro Civil en toda España, Paco Leo, dijo ayer a ABC que tarde o temprano todos tenemos que acudir al Registro, al menos, tres veces en la vida, obligatoriamente: cuando nace un hijo, al tramitar el D.N.I. y cuando fallece un familiar y que esas gestiones que ahora son gratuitas supondrán un desembolso en un futuro no muy lejano.

¿Cuánto?, ¿por qué? Explica Leo que la Ley 18/2014 que está ahora mismo en proceso de enmiendas en el Congreso es la que «legisla por la puerta de atrás para privatizar el Registro y cobrar de forma opaca por este servicio público». Dice que luchan para desmontar unos argumentos que consideran «falacias» pues aunque la ley dice que el servicio será gratis «al entregárselo a los registradores dejara de serlo» porque además la normativa añade que «quedan afectados los aranceles que cobran los registradores mercantiles».

Argumenta que estos profesionales son funcionarios pero trabajan como una empresa privada declarando el Impuesto de Actividades Económicas por lo que es «inimaginable que a alguien que lleve una actividad fiscal privada se le dé un negocio y se le diga que no cobre por el servicio que da».

Los funcionarios piensan que los registradores mercantiles no van a cobrar, en un principio, por tramités en el Registro Civil, pero lo financiarán con otros aranceles. Así, y según Leo, ya se han creado nuevas obligaciones como, por ejemplo, que cada año los empresarios pasen los libros de registros de sus empresa por el Registro Mercantil, como obliga una instrucción del 12 de febrero de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

También dice que cuando se dé un poder ante notario, la constitución no tendrá valor si no se pasa por dicho registro. «O sea, crean obligaciones que antes no existían para financiar el Registro Civil y, cuando tengan metidos los pies, cobrarán directamente por los trámites».

La cantidad de este servicio «en régimen de monopolio» la desconocen pero asegura Leo que el negocio está servido pues sólo en Sevilla capital se expiden al año 100.000 certificados sólo de nacimiento, matrimonio y defunción. Comenta que una viuda, por ejemplo, para tramitar su pensión tiene que sacar cinco o seis partidas de defunción del marido y que eso le puede costar 300 euros.

La entrada en vigor de la Ley 18/2014 está prevista para el próximo 15 de julio.