El registro civil, la próxima batalla de Gallardón

Con esta medida, la gestión de los registros civiles dejará de estar en mano de los funcionarios de Justicia y se trasladará a los registradores mercantiles. Además, este Real Decreto-ley también anuncia la informatización del registro. En julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes.

Gallardón trata de solucionar con estas reformas los problemas que arrastra la Justicia española. Los registros civiles acumularon el 44% de las quejas presentadas en 2012 contra la Administración de Justicia, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Los cambios también tienen que ver con el enorme volumen de trabajo de la administración. Al año se tramitan unos 3,3 millones de certificados y copias desde este registro. Gracias a la nueva plataforma digital muchas de las operaciones se eliminarán, ya que los ciudadanos no tendrán que acercarse físicamente al registro.

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) también se ha sumado a las quejas. Tras conocer la decisión del Consejo de Ministros ha afirmado que la reforma de Gallardón ratifica «una vez más el camino emprendido por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia y su privatización».

Este colectivo se ha mostrado disgustado con el hecho de que esta nueva responsabilidad recaiga sobre los registradores mercantiles y no sobre los secretarios judiciales. «El Ministerio de Justicia ha faltado al respeto y la consideración a los secretarios judiciales, tras reiteradas promesas de que asumiríamos esta competencia».

Es el principal argumento de los sindicatos. CCOO alerta de que desaparecerán cerca de 4.000 puestos de trabajo porque, aunque el personal actual de los registros pase a oficinas judiciales, «todas las administraciones realizarán amortizaciones de plantillas en aquellos órganos judiciales que entiendan sobredotados, tal y como permite la Ley Orgánica del Poder Judicial».

CSI-F suaviza su aviso y califica de «incertidumbre» la situación de los más de 2.500 funcionarios de este registro dependientes de las comunidades autónomas.

El Ministerio de Justicia ha salido al paso de estas informaciones y se ha comprometido a mantener el empleo de los funcionarios e interinos adscritos al territorio que es de su competencia.

En principio no. El Real Decreto-ley aprobado el viernes dice expresamente que «continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo». La creación de esta plataforma digital será financiada íntegramente por una nueva Corporación de derecho público formada por todos los registradores que están al frente de las oficinas mercantiles que se harán cargo de la llevanza del Registro Civil.

Sin embargo, los sindicatos no acaban de fiarse. CCOO afirma que «habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes como matrimonios civiles o nacionalidad, mientras CSI-F asegura que «previsiblemente» la reforma incidirá en la gratuidad de los registros.