El Gobierno lanza un decreto escoba para transponer directivas europeas y cumplir promesas pendientes

Lo hará a través de uno de sus instrumentos preferidos, el real decreto ley, y en puertas de la campaña, lo que hace difícil separar el conjunto de medidas que se van a aprobar este martes de un cierto tono electoralista.

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Nerea San Esteban

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Según el borrador del texto del real decreto, al que ha tenido acceso ABC, el Gobierno no solo va a aprobar -como ya se esperaba y ha sido anunciado por varios ministros- la prórroga de algunas de las medidas más emblemáticas de la respuesta gubernamental a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, como la rebaja del IVA o las ayudas para abaratar el transporte público, sino que va a aprovechar para aprobar la transposición de un puñado de directivas europeas en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo o de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y para sacar adelante también una serie de compromisos políticos a los que el anuncio de elecciones anticipadas había perfilado un futuro más que incierto.

«En los últimos años, hechos como la repetición de las elecciones generales en 2019, la existencia de un Gobierno en funciones durante un tiempo prolongado o el estallido de la pandemia del Covid-19 explican la acumulación de retrasos en la transposición de directivas», se justifica el Ejecutivo en el borrador del real decreto ley al que ha tenido acceso ABC. Amparado en esa sucesión de desgracias, a la que tanto se está refiriendo el presidente del Gobierno en las últimas semanas, y a la amenaza de que ese retraso en la transposición de las normas europeas se sustancie con la imposición de multas millonarias, el Gobierno ha decidido abordar por decreto el traslado a la normativa nacional de la directiva de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, que básicamente revisa de arriba abajo la legislación española sobre absorciones, fusiones y escisiones empresariales, nada menos.

El problema, indican fuentes jurídicas, es que la transposición ideada por el Ministerio de Justicia no se limita a trasladar lo establecido en la directiva sino que supone un cambio integral de la regulación mercantil. «A las alturas que estamos, lo razonable es que la actividad legislativa del Gobierno se limitara a aquello que es más urgente, como la prórroga de las medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, y se dejara al próximo gobierno las medidas que tengan un carácter más estructural», aseguran fuentes de CEOE.

El Ejecutivo señala que «dichas directivas se encuentran en riesgo de multa con arreglo a lo establecido en el artículo 260.3 del Tratado Fundacional de la UE, al existir en algún caso un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea» y que «dado que el plazo de transposición finalizó el día 31 de enero de 2023, España ha recibido el 22 de marzo de 2023 una carta de emplazamiento de la Comisión Europea por falta de notificación de medidas de transposición». También existe un procedimiento abierto de infracción sobre la segunda transposición, cuyo plazo venció ya el 30 de junio de 2021. Y en el caso de la directiva de conciliación, el plazo caducó el pasado 1 de agosto de 2022. «Ante la gravedad de las consecuencias de seguir dilatando la incorporación al ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobación de un real-decreto ley para dicha transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea», explica el Gobierno en el texto al que accedido ABC.

Para reforzar el argumento, el borrador legal cita como ejemplo una sentencia del TJUE contra España en febrero de 2021 por el retraso en la transposición de una directiva relacionada con los datos personales, y que supuso el pago de 15 millones de euros «en concepto de suma a tanto alzado» más 8 millones como multa coercitiva.

El Ejecutivo se excusa por utilizar el real decreto-ley como instrumento de transposición y alega que el Tribunal Constitucional (en su sentencia 1/2012, de 13 de enero) avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución Española cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España». Fuentes jurídicas cuestionan esta argumentación gubernamental y recuerdan que el anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en febrero y desde entonces ha habido tiempo suficiente para aprobarlo como proyecto de ley.

El decreto escoba de hoy incluye, entre otros asuntos, la autorización del Gobierno al Ministerio de Transportes para que, mediante acuerdo con el ICO, desarrolle la línea de avales para la compra de primera vivienda destinada a residencia habitual y permanente por los jóvenes y familias con menores a cargo (por un máximo de 2.500 millones de euros), así como un retoque legal que permitirá aplicar la nueva normativa a los procesos de estabilización de interinos anteriores a 2021, lo que facilitará sus pruebas de acceso y cambio de la inspección de trabajo.

Además, incluye cambios en la cotización de las prácticas, en concreto sobre la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación. La entrada en vigor de esa previsión, inicialmente fijada para el 1 de octubre de 2023, «ha de demorarse hasta el 1 de enero de 2024 puesto que las prácticas formativas, remuneradas o no, no se realizan con carácter general al inicio de los cursos académicos sino en el segundo o tercer trimestre de dichos cursos», apunta el texto.