El Constitucional critica al Gobierno por abusar del real decreto ley: «No es un cheque en blanco»

Según comunicaron los servicios jurídicos, el pleno avaló por mayoría la sentencia propuesta por el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, según la cual el Gobierno habría cumplido con las exigencias del artículo 86.1 de la Constitución, que reclama una situación de «extraordinaria y urgente necesidad» para dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decretos-leyes.

La sentencia entiende que existen razones de peso para apreciar tal situación a la vista de «los resultados discretos, cuando no insignificantes» alcanzados hasta ese momento por la regulación legal en la materia, la Ley Orgánica 3/2007, así como de «la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva la igualdad entre hombres y mujeres», lo que exigiría una acción normativa inmediata mediante la elaboración de un nuevo texto articulado, integral y transversal.

El Tribunal aprecia una «conexión adecuada entre dicha situación de necesidad y las medidas articuladas en el decreto ley, que afectan a un total de siete textos legales, dirigidas a poner fin a la persistencia a unas desigualdades en las condiciones laborales entre hombres y mujeres que acarrean a las mujeres unos perjuicios de difícil reparación, difícilmente asumibles en una sociedad moderna como la española».

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El Constitucional destaca también «la íntima conexión de las medidas adoptadas con la esfera individual de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, así como sus profundos vínculos con disposiciones fundamentales de la Constitución, tratándose de cuestiones de la máxima relevancia que exigían una acción normativa absolutamente inmediata».

En opinión del TC, la actuación pública orientada al logro de esos objetivos no admitía «ningún retraso, ni siquiera el que conllevaría culminar la tramitación legislativa de las proposiciones de ley que estaban en curso en el momento de la aprobación del decreto ley». En consecuencia, la sentencia descarta que el Gobierno haya incurrido en un uso abusivo o arbitrario de la alegación de la existencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad».

Cabe recordar en este punto las que se incorporaron al texto aprobado que impone una serie obligaciones para las empresas de cara a clarificar las condiciones laborales de la plantilla. Básicamente, la ley busca extender la exigencia de redacción de los planes de igualdad a empresas de cincuenta o más trabajadores, creando la obligación de inscribir los mismos en un registro. Además, establece expresamente el derecho del trabajador a la remuneración correspondiente a su trabajo, planteando la igualdad de remuneración sin discriminación.

Además, el decreto equiparó la duración de los permisos por nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores. Ya también se contemplaba la adaptación de la normativa de Seguridad Social a las medidas previstas en la regulación laboral, redefiniendo las prestaciones a la luz de los nuevos derechos. De igual manera, se creó una nueva prestación para ejercicio corresponsable del cuidado del lactante conforme a las novedades introducidas tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Asimismo, el real decreto-ley incluyó una medida de protección social de carácter extraordinario y urgente mediante la recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado.

No obstante, el fallo cuenta con el voto particular conjunto formulado por los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, los cuatro miembros del denominado bloque conservador.

Critican que el Poder Ejecutivo dicte normas con rango de ley debiera ser una excepción, al incidir en la separación de poderes e imposibilitar que los representantes populares puedan debatir y, en su caso, aprobar tales normas, menoscabando el principio democrático. «El decreto ley no es una alternativa a la ley, ni un cheque en blanco, sino un remedio excepcional para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad», aducen.

Estos magistrados creen que «el TC no debe claudicar en la función de control de los decretos leyes» porque su cometido es «garantizar la preminencia de la única norma que es expresión del poder constituyente», por lo que instan a no confundir «necesidad con conveniencia u oportunidad política o con extraordinaria y urgente necesidad».

«Tampoco cabe confundir la corrección de las medidas con la justificación de la urgencia, ni sustituir al Gobierno en esa función de justificación por las alegaciones del abogado del Estado, ni considerar que justificar sea lo mismo que sentar afirmaciones apodícticas o explicar las medidas», señalan, conforme expone el TC en su comunicado.

A su juicio, en este caso «no se justifica la necesidad de utilizar una norma de urgencia y excepcional, evitando la tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, atendido además que se trataba de una norma de la máxima relevancia, lo que obligaba al Gobierno a extremar el celo a la hora de justificar y razonar la urgencia que fundamentaba su decisión de acudir a una norma excepcional».