El Ministerio de Educación sobre el acuerdo para el catalán en las aulas: «Nosotros no tenemos nada que decir sobre esta cuestión»

Este martes han dicho: « Nosotros no tenemos nada que decir sobre esta cuestión », consultados esta vez por el acuerdo conocido este mismo martes entre el PSC, ERC, Junts y los comunes para dar respuesta (que no acatar) con una proposición de ley a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a impartir, al menos, una asignatura troncal en español o el 25% de las clases en Cataluña , informan Daniel Tercero y Esther Armora . ¿Con qué fórmula? El texto acordado fija el catalán como lengua « normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo ».

Las mismas fuentes del ministerio dirigido por Pilar Alegría han añadido que es el TSJC el que « tiene que decir si le parece suficiente para cumplir la sentencia o no » y que «hoy cuatro partidos han anunciado un acuerdo para modificar una ley. Ya está. No hay más ».

Sin embargo, que el Ministerio de Educación no tenga a estas alturas nada que decir es, al menos, debatible. «Si con esta propuesta se da por cumplida la sentencia, así se lo notificará el Govern al Tribunal y entonces el Ministerio, la Abogacía del Estado o la Alta Inspección (el actor es indiferente porque los tres son Gobierno central), se tendrá que pronunciar sobre este tema , ya que el Tribunal les dará traslado en el marco de lo que se llama incidente de ejecución de sentencia», explica una abogado experto en Derecho Público.

«Será en este momento procesal cuando el Ministerio de Educación tendrá que decir si una proposición de ley puede dar al traste con lo que dice el TSJC sobre el 25 por ciento de las clases en castellano . El Ministerio tendrá una posición dificil y algo tendrá que decir sobre una proposicion de ley que no quiere acatar el 25 por ciento de las clases en castellano», agregan las mismas fuentes.

El ministerio ha negado este extremo y ha dicho que a la Abogacía del Estado se le pidió «opinión sobre si la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) estaba reconocida para pedir la ejecución forzosa y la Abogacía contestó».

Y, además, el Tribunal pidió que la Alta Inspección informe si se está cumpliendo la sentencia. Cosa que la Alta Inspección hará « cuando venza el plazo », han asegurado las mismas fuentes ministeriales a ABC.

Por su parte, Escuela de Todos , que agrupa a 15 asociaciones, unidas para conseguir la aplicación de la sentencia del TSJC, ha publicado un comunicado en el que asegura que la proposición de ley « no afecta en nada a la ejecución de la sentencia de 16 de diciembre de 2020 que obliga a aplicar un modelo de conjunción lingüística en todo el sistema educativo catalán».

Además, lamentan que « no se haya aprovechado el intenso debate de los cuatro grupos parlamentarios para haber regularizado la situación del régimen lingüístico del sistema educativo catalán» y agregan que «el contenido de esa proposición ley no impedirá la ejecución de la sentencia».

Por lo tanto, advierten, «el Consejero de Educación debe cumplir en su literalidad el auto del 4 de mayo de 2022 y dictar las instrucciones a los centros educativos para que se cumpla la sentencia y garantizar su cumplimiento. El plazo para hacerlo vence el 31 de mayo. Quedan 7 días ».