El PSC cede y acuerda con ERC y Junts que el español no sea «lengua de aprendizaje» en las aulas catalanas

El texto del acuerdo, que se aprobará en el pleno de esta misma semana por el procedimiento de lectura única y por urgencia extraordinaria, fija el catalán como lengua «normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo» y el uso del español, más allá de la asignatura lingüística, lo remite a los proyectos lingüísticos de los centros, cuya utilización estará condicionada por diversos factores, incluido el tiempo de uso del español en los patios y el comerdor, por ejemplo, y también su utilización en internet a la hora de gestionar recursos educativos.

Estos factores que determinarán el uso de las lenguas oficiales en los colegios y los institutos, más allá de las asignaturas lingüísticas, serán «la situación sociolingüística general», «los objetivos de normalización lingüística» y «la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los intrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas», según recoge la proposición de ley registrada por los cuatro grupos.

Para determinar el alcance de la «presencia» de las dos lenguas (a la que en el Valle de Arán, Lérida, se suma el aranés) se tendrá en cuenta una visión global que debe incluir «todos los espacios educativos y los recursos de aprendizaje, también los de carácter digital». Una «presencia» que se determinará «exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada para cada uno de los centros», lo que supone un rechazo implícito a los porcentajes mínimos fijados por los tribunales.

La referencia al español en la proposición de ley, que en el acuerdo de marzo de los mismos cuatro grupos recibía el categoría de «lengua de aprendizaje», un pacto roto por Junts, se limita ahora a aparecer, su uso, como «curricular y educativo», sin ninguna referencia a su uso como lengua vehicular o lengua de aprendizaje. Y que se garantiza que tiene que tener «una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos».

Cuando entre en vigor la nueva ley, una vez aprobada en el Parlamento catalán esta semana y se publique en Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), los centros escolares deberán adaptar sus proyectos lingüísticos, que serán «verificados» por la Consejería de Educación, que asume de esta manera toda la responsabilidad judicial en caso de posibles impugnaciones legales. De esta manera, los cuatro grupos pretenden, con esta «verificación», quitar presión a los directores de los centros educativos.

La proposición de ley, que tiene solo dos artículos y tres disposiciones adicionales, ha sido celebrada por los representantes de ERC, Junts y los comunes, al poco de dar a conocer el acuerdo, señalando que con la propuesta se «blinda» la inmersión lingüística, un modelo educativo que los tribunales han declarado ilegal si se aplica, como hasta ahora, con el 100% de las asignaturas en catalán y dejando «residual» el uso del español.

Así, tanto David Cid como Mònica Sales de la Cruz, portavoces de los comunes y de Junts, respectivamente, han dejado claro que la propuesta legislativa mantiene el catalán como única lengua vehicular de las escuelas de Cataluña. «Este texto no es un acatamiento a la sentencia del 25% si no una respuesta», ha añadido Sales de la Cruz, en atención a la prensa para presentar el acuerdo.

En la misma línea, Marta Vilalta, portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, ha recordado que en los próximos días, además de la nueva ley, el Govern catalán aprobará un decreto-ley que complementá la norma para «alejar las togas de las escuelas» y evitar los porcentajes del uso de las lengiuas oficiales en las aulas de la comunidad.

Una interpretación del acuerdo bien diferente ha sido la que ha expresado Alícia Romero, portavoz del PSC, quien ha señalado que la nueva norma «recoge los objetivos que nos marcamos (los socialistas) ya en el acuerdo de marzo» entre los cuatro grupos, que incluye que «el castellano ha de ser lengua de aprendizaje» y que, además, con «este instrumento», la nueva ley, se «dará mejor cumplimiento a las sentencias», más allá de «matices que pone cada grupo parlamentario».