Cronología del caso Velintonia: de la inacción política a la posible subasta de la casa de Aleixandre

1995: Esperanza Aguirre, por entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, pide al alcalde José María Álvarez del Manzano que declare la casa Bien de Interés Cultural. El intento queda en nada. Al poco tiempo, el Ayuntamiento manifiesta su deseo de adquirir la vivienda, pero se topa con el problema de que los herederos han alquilado la primera planta del inmueble a un diplomático.

2006: La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que inició las protestas por el estado de Velintonia en 1995, se inscribe en el Registro Nacional de Asociaciones.

2007: El Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid acordaron en 2005 ponerse en contacto con los herederos de Aleixandre para «buscar posibilidades y fórmulas de adquisición» de la casa. Se sientan a negociar por vez primera en enero de 2007, sin llegar a ningún acuerdo. La gerencia del Ayuntamiento realiza una tasación y las administraciones implicadas realizan una primera oferta de 1,95 millones de euros. Los herederos, según Carmen Calvo, entonces ministra de Cultura, piden más de 6,5 millones, «una cifra desorbitada, impagable e injustificada para los recursos públicos». Calvo asegura que estos rechazan una segunda oferta de 2,8 millones y el ministerio decide retirarse (en mayo de ese año) de la negociación. Además, desde la administración afirmaban: «El interés arquitectónico del edificio es nulo y no existe contenido del poeta en el mismo».

2009: Velintonia se tasa, a petición de los herederos, en más de cuatro millones de euros, según reveló un reportaje de 20 Minutos.

2017: Paloma Sobrini, a la sazón directora general de patrimonio cultural de la CAM, afirma en Radio 3 que «las declaraciones de BIP o BIC no se pueden utilizar para impedir que sucedan cosas o para promover que sucedan cosas», y asegura que esas modalidades de protección no se ajustan a Velintonia.

2018: El Ayuntamiento de Madrid plantea la expropiación de la casa del premio Nobel, la misma operación que ejecutaron con Peironcely, la casa de Vallecas que fotografió Robert Capa en los primeros meses de la Guerra Civil. El entonces delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible, José Manuel Calvo, aludió a una valoración de los servicios técnicos municipales que tasaba en 3 millones de euros el valor del inmueble. «Para adquirirlo iniciaríamos un proceso de expropiación, o de acuerdo con los propietarios si es posible materializar ese acuerdo», dijo Calvo. El Ayuntamiento, finalmente, expropió Peironcely por 870.000 euros y renunció a hacer lo mismo con Velintonia.

2019: Un informe encargado por la Comunidad de Madrid al catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Zaragoza, José-Carlos Mainer, y difundido por El País defiende la conservación de Velintonia, aunque no especifica el grado de protección que merece: «Preservar esos rincones y el recuerdo de quienes los habitaron me parece muy importante. Y en este marco de actuación, el rescate de la casa resulta algo de lo que no es fácil zafarse».

2020: Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, afirma en sede parlamentaria que «teniendo en cuenta el escaso valor arquitectónico del inmueble en sí mismo, así como la ausencia de contenido mueble o documental en la vivienda, no posee el valor que requiere la figura de BIC según el marco jurídico vigente, como tampoco una especial significación para poder considerarlo BIP». A finales de 2020, tres de los cinco herederos de Velintonia inician los trámites para la extinción del condominio de la propiedad y su venta pública en subasta judicial. En abril de 2021 un juzgado de primera instancia de Madrid estima la demanda y ordena la venta de Velintonia en pública subasta judicial.

2021: La Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid inicia el procedimiento para declarar Bien de Interés Patrimonial (BIP), el segundo nivel de protección previsto en la ley de patrimonio, la casa de Velintonia. La iniciativa del departamento que dirige Marta Rivera de la Cruz, si todo sigue los cauces previstos, se completará en un plazo máximo de seis meses. La declaración BIP protege el «valor simbólico que esta casa tiene en la historia de la literatura española» y sigue el criterio del Ministerio de Cultura, que en un informe emitido en junio instó a aplicar esta figura porque a este bien porque «sin tener valor excepcional», sí destaca «por su especial significación histórica». Según explican desde la administración la declaración BIP no impide la subasta del inmueble, y los herederos que solicitaron la extinción del condominio afirman que «la venta en pública subasta se va a llevar a delante con independencia de la incoación de expediente BIP sobre Velintonia».