Un juez ordenó la venta en subasta pública de la casa de Aleixandre meses antes de la protección BIP

En la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso ABC, el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid declara la extinción del condominio sobre el inmueble y la puesta a la venta de la casa que cobijó al poeta y donde este recibió a la Generación del 27 y a gran parte de los escritores de la posguerra. Esta decisión pone fin a la división existente entre los herederos, que a lo largo de los últimos años han sido incapaces de llegar a un acuerdo para vender la 'Casa de la Poesía', ya fuera a instituciones públicas o a compradores privados.

Quienes decidieron acudir a la justicia para la extinción del condominio, a finales del año pasado, fueron tres de los cuatro herederos de la rama Merlo. Estos cuatro hermanos tienen la propiedad del 40 por ciento del inmueble. Amaya Aleixandre , sobrina segunda del poeta y cara visible de la familia, ostenta el otro 60 por ciento. El juez, ante el allanamiento de los dos demandados y teniendo en cuenta que en este tiempo «no ha habido una expresa oposición a la venta del inmueble sino tan solo que los codueños han discrepado de su precio», establece una subasta que sería efectiva si se cubre el precio de salida.

La fecha de ejecución de la subasta la decidirá el juzgado, que en estos momentos está en trámites de comprobar requisitos formales para su publicación, según ha aclarado a este diario José Rodríguez , marido de una de las herederas y portavoz de la familia Merlo-Usera. Su intención es que, «tal y como establece la sentencia firme» y con independencia de la incoación del expediente BIP sobre Velintonia, la venta en subasta pública se ejecute. «Vamos a seguir adelante con la subasta, siempre. Si resulta desierta, convocaremos una segunda subasta, y así sucesivamente», afirmó.

Antes harán uso de su derecho como interesados de la resolución publicada el pasado día 13 de este mes para la incoación del expediente BIP de Velintonia y notificarán a la Consejería que dirige Marta Rivera de la Cruz su oposición a una medida que, a su juicio, «desvirtúa el precio de la subasta».

En un escrito remitido a este organismo público pasado agosto, tres herederos de la rama Merlo lamentaron que tras quince años en los que las administraciones públicas han coincidido en afirmar que Velintonia «carece de especial significación histórica, artística o arquitectónica» que le haga merecedora de esta clase protección, se vuelva ahora «a valorar este asunto» justamente cuando «se ha acordado la venta en pública subasta del inmueble».

La Comunidad de Madrid, el día 13 de agosto, les había avanzado que «la protección que en su caso se le pudiera reconocer al inmueble es independiente del procedimiento judicial» del condominio. La directora general de Patrimonio, Elena Hernando , subrayó que «la declaración como BIP no impide que se lleve a efecto la venta del inmueble». En efecto, la resolución no impide la venta, pero sí limita el uso de la casa al obligar a mantener la disposición de algunas de las salas.

Según declararon a este diario José Rodríguez y Víctor Usera , dos de los herederos, «se trata de una depreciación oportunista, una expropiación sin justiprecio. Cualquier acto que realicen y que suponga una manipulación para alterar el precio de la subasta tendrá una respuesta en los tribunales», y manifestaron su sorpresa ante cómo se han precipitado los acontecimientos.

Cuando decidieron recurrir a la vía judicial para resolver las diferencias sobre la herencia, se produjo la visita de José Manuel Rodríguez Uribes a Velintonia, la primera que realizaba un ministro en 38 años, la redacción en junio de un informe por parte del ministerio que avalaba la declaración BIP, una carta de Miquel Iceta instando a ello a Rivera de la Cruz en julio y la resolución de este mes de diciembre . «Después de 25 años de desprecio e inacción, cuando saben que tenemos intención de venderla, como legítimamente podemos, de repente, sacan un informe que contradice una serie de informes anteriores», señalan.

En 2020, Elena Hernando afirmó en sede parlamentaria que «teniendo en cuenta el escaso valor arquitectónico del inmueble en sí mismo, así como la ausencia de contenido mueble o documental en la vivienda, no posee el valor que requiere la figura de BIC según el marco jurídico vigente, como tampoco una especial significación para poder considerarlo BIP». Seguía la línea marcada por Paloma Sobrini , su predecesora en el cargo, que en 2017 explicó que ninguna de esas modalidades de protección se ajustaban al caso de Velintonia.

Un informe encargado por la Comunidad de Madrid a José Carlos Mainer , catedrático emérito de Literatura de la Universidad de Zaragoza, defendió en 2019 la conservación de Velintonia, pero sin concretar qué tipo de protección debía aplicarse. «Preservar esos rincones y el recuerdo de quienes los habitaron me parece muy importante. Y en este marco de actuación, el rescate de la casa resulta algo de lo que no es fácil zafarse», zanjaba en el documento, difundido por 'El País'.

Acerca de la posible declaración BIP de Velintonia, Amaya Aleixandre comentó a ABC que considera que es «más importante y necesario que las administraciones se pongan de acuerdo en la adquisición del inmueble que en una protección del mismo». «Desde luego, es mi prioridad [venderla a la administración pública], pero no puedo estar segura de lo que quieren los otros dueños de la vivienda. Supongo que todos queremos venderla a un precio razonable, pero no sé si las administraciones van a hacer algo para que esto sea una realidad», remató.

El Ministerio de Cultura tiene la intención de convocar una reunión de trabajo a la Comunidad y al Ayuntamiento cuando concluyan los trámites del expediente.