El futuro del agua pasa por una política de Estado

«Los ríos españoles son, en su mayoría, ríos mediterráneos: frágiles y con episodios cada vez más intensos y frecuentes de sequía e inundaciones como consecuencia del cambio climático . De ahí que tengamos que ir hacia una política hidráulica distinta», aseguró Inés Torralba , directora del Instituto Aragonés del Agua . Apostar decididamente por las fuentes alternativas sería el mejor camino, expresó su compañero de coloquio Julià Álvaro , secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana . Adela Martínez-Cachá , consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de Murcia , aprovechó la ocasión para recordar que en dicha región «usan el 90% del agua que depuran» y emplean «con absoluta normalidad el agua desalada». La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha también coincidió en la búsqueda de «medidas alternativas que aminoren la presión sobre el Tajo », para que el río «goce de un caudal ecológico adecuado que le permita conservar sus especies animales y vegetales »; las cuales están despareciendo , «según los últimos informes de la Red Natura 2000», citó Elena de la Cruz . «Trasvasar de media anual unos 350 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo es una barbaridad», sentenció. Martínez-Cachá respondió de inmediato: «Los trasvases deben ser absolutamente necesarios porque la cuenca del Segura transforma el 3% del recurso (agua de regadío) a nivel nacional en progreso para España: Murcia exporta más del 20% de los alimentos que este país pone en otros mercados».

«En el tema del agua, a veces, no necesariamente lo más escaso es el recurso sino la voluntad de cooperación y coordinación de políticas», comentó Gonzalo Delacámara , del grupo de Economía del Agua de la Fundación IMDEA Agua . «Estamos ignorando que el agua no es un tema ambiental o sectorial, sino que debería ostentar un rango de política de Estado para superar los enfrentamientos coyunturales y partidistas », zanjó el experto.

«El problema de la gestión del agua tiene una solución política, pero a partir de una buena base técnica, económica y social», apuntó Alberto Garrido , director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín . «Yo creo que lo que nos ha pasado es que hemos atravesado un periodo de dificultades económicas que han impedido a las administraciones disponer de los recursos necesarios para ir afinando la ingeniería del agua, que es una forma de hacerla más productiva y sostenible». El catedrático mencionó, además, la posibilidad de incorporar otra herramienta al mix del agua (trasvases, desalinización y depuración): «Crear una póliza de seguros para que los regantes puedan transferir parte de su riesgo al sistema asegurador agrícola que funciona en España desde hace cuatro décadas y que es uno de los más desarrollados del mundo».

José Manuel Claver solicitó a la Administración una mayor vigilancia sobre «los miles y miles de pozos ilegales que existen en todas las cuencas» y que «no están ayudando al sostenimiento del sistema hidráulico». Asimismo, habló sobre la inversión realizada por los miembros del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, que él preside, para modernizar sus cultivos. Y pidió un control volumétrico de los consumos , en lugar de medir el metro cúbico por superficie.

Sobre la desalación se extendió Delacámara: «¿Por qué no usamos unas infraestructuras que hemos generado como sociedad con mucho esfuerzo y apoyados en fondos europeos ?», se preguntó. «No nos resuelven el problema en las cuencas más afectadas, pero nos aportan recurso», se respondió, ofreciendo a continuación una serie de «paradójicos» datos. «España posee el quinto valor del mundo en términos de capacidad instalada de desalación. Sin embargo, a nivel nacional, de media, nuestras plantas se utilizan al 18%. Luego, por supuesto, hay variaciones a nivel local».

Claver advirtió: «La desalación no es la panacea». Y expuso a continuación una serie de desventajas. «Las plantas necesitan la misma cantidad de energía que una gran ciudad para funcionar». En cuanto al precio del metro cúbico, incluyendo la amortización, Claver calculó que rondaría el euro. «La evacuación de la salmuera perjudica a la posidonia oceánica». Claver también aludió a la peor calidad del agua desalada (hay que remineralizarla). Pero lo que más le preocupa es el contenido en boro: «Por lo que sabemos gracias a la desaladora de Torrevieja -que se puso como ejemplo en numerosas ocasiones durante el Foro- es que resulta 1 miligramo de éste por litro. Por encima de 0,5 miligramos, agrava a los cítricos, melocotoneros y un gran número de cultivos».

En materia de depuración , Garrido, explicó que «como país, tenemos que ir a un tratamiento terciario », para que la reutilización sea un hecho y no contribuya a la contaminación de los ríos. «El objetivo final es el que establece la Directiva Marco del Agua : unas masas de agua de calidad compatible con el desarrollo económico y social», concluyó.

«En el ciclo urbano del agua las competencias son municipales; eso implica que, en un país como el nuestro, que es el tercero de Europa con mayor número de municipios, tenemos 2.500 operadores . Cada contrato en un ayuntamiento es una regulación, pero imperfecta. Y este contrato, en presencia del cambio climático, es demasiado estático», manifestó Delacámara. «Hay un marasmo de normativas que en muchos casos pueden colisionar o que no están claras. Si el agua es de todos los españoles debería haber una normativa específica y diáfana», opinó Claver. «Regular el mercado del agua que está ligado al régimen concesional nos va a dar más flexibilidad y seguridad », añadió Garrido.

Por último, a la pregunta del moderador del Foro ABC del Agua, sobre cómo debería ser el futuro plan hidrológico nacional para solucionar los problemas de gestión, los representantes políticos expresaron su opinión, aunque sin entrar en detalles.

«El nuevo plan hidrológico nacional se tiene que basar en el consenso , en un uso racional del agua y teniendo en cuenta cuál es la biodiversidad que hay alrededor de los ecosistemas hidráulicos», manifestó Álvaro. «Cuando oímos hablar de un plan hidrológico nacional queremos oír hablar de justicia y de equidad para todos los territorios. No queremos que se aprueben restricciones para Castilla-La Mancha, mientras en otras regiones se regularizan regadíos ilegales que proliferan a nuestra costa. A la sequía que sufrimos per se, se suma otra sequía: una sequía impuesta de ser solidarios a la fuerza sin que nadie tenga en cuenta las necesidades de Castilla-La Mancha», se quejó de la Cruz.

«Sin planificación no podemos hacer política del agua», insistió, a su vez, Martínez-Cachá, parafraseando a García Tejerina. «Ya está escrito, en más de 65.000 folios, cuál es la situación de cada una de las cuencas, de sus demandas actuales y futuras, los usos máximos, las situaciones ecológicas o los problemas medioambientales, por ejemplo», subrayó la consejera de Murcia, que se mostró confiada en alcanzar un acuerdo entre territorios, «como el memorándum de entendimiento firmado en el año 2013 », impulsado por el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que «establece las garantías técnicas y jurídicas de los trasvases». «La distribución de los recursos naturales no es justa ni injusta, es la que es», matizó Torralba. «Y cada comunidad, siempre que hablemos de territorios con el mismo desarrollo social y económico equiparable, tiene que ir a una especialización económica acorde con los recursos disponibles », sugirió.