La DGT instalará 122 nuevos radares en 2025

En paralelo la DGT ha experimentado un aumento significativo en la recaudación por multas de velocidad en los últimos años. Este incremento se debe a diversos factores, entre ellos la intensificación de los controles de velocidad, el aumento del parque automovilístico y la mayor concienciación sobre la importancia de respetar los límites de velocidad.

Coincidiendo con este aumento en el número de cinemómetros, también se ha incrementado su recaudación. Según los datos oficiales de la propia DGT, en el año 2015 recaudó por sanciones de tráfico 413.254.703 euros. La pandemia de Covid-19 provocó una disminución temporal en el tráfico y en la recaudación por multas -45 millones en 2020- pero esta tendencia se revirtió rápidamente a medida que se levantaron las restricciones.

Ya en 2023, según acaba de publicar la DGT, se recaudaron 501 millones. El récord en los últimos 10 años tuvo lugar en 2022, cuando se ingresaron 507 millones.

La ubicación de los radares ha sido objeto de crítica por organizaciones de usuarios y expertos en tráfico. Mientras los radares en puntos de alta siniestralidad son necesarios para reducir accidentes, muchos dispositivos «se colocan en tramos con límites de velocidad poco realistas», explican a ABC desde el gabinete jurídico de Pyramid Consulting. Sus analistas consideran que esto genera sanciones automáticas con cuantías que, aunque no resten puntos, suponen una importante fuente de ingresos para la Administración.

El 70 % de las multas interpuestas están relacionadas con el exceso de velocidad, un área donde la instalación de radares fijos y móviles ha crecido significativamente. Sin embargo «gran parte de estos radares se colocan en tramos que no presentan una especial peligrosidad, a menudo con límites de velocidad bajos que favorecen sanciones de 100 euros sin pérdida de puntos. Esto refuerza la percepción de los conductores de que el objetivo prioritario es la recaudación, no la seguridad», aseguran los abogados de Pyramid Consulting.

Sin embargo, desde la DGT defienden la instalación de los radares argumentando que la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 21% de los siniestros mortales. Así, en 2023 con datos a 24 horas dentro del ámbito DGT, se registraron 211 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente.

Llevar una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en siniestros viales. Como ejemplo, desde Tráfico aseguran que a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón se salve en un atropello, mientras que a una velocidad de 30 km/h, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5%. Según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) si las velocidades medias descendieran en tan solo 1 km/h en todas las carreteras de la Unión Europea cada año podrían prevenirse 2.200 muertes.

En base a los resultados del Proyecto Europeo Baseline, en lo que respecta a la velocidad, el nivel de cumplimiento del límite de velocidad establecido en España varía en función del tipo de vía.

Mientras que en autovía el 63% de los turismos circulan a la velocidad permitida, en las autopistas este porcentaje baja al 51%. En las carreteras convencionales el cumplimiento del límite de velocidad establecido es del 43%, un nivel bajo, similar al que registra Bélgica (46%).

En vías urbanas con límite de 50 km/h, el nivel de cumplimiento de la velocidad por parte de turismos es de un 65%. En las calles de 30 km/h, el nivel de cumplimiento es del 32%, el valor más alto de los tres países para los que se dispone de datos.

Cabe destacar, además, que la velocidad media de los turismos en las calles 30 es 11 km/h inferior a la de las calles 50 (36 frente a 47 km/h), una diferencia que supone una gran reducción del riesgo de atropello mortal o grave.

Según un un informe de la DGT sobre la evolución de las denuncias desde 2015 según las provincias y las infracciones cometidas, el exceso de velocidad está detrás de dos de cada tres multas. Le siguen no tener la ITV en regla, utilizar indebidamente por el teléfono móvil, no llevar puesto el cinturón de seguridad y tener el carné caducado o carecer de él.

Desde la implantación de radares hace 20 años en España, las víctimas mortales en carretera han disminuido en un 75 %, lo que sugiere una correlación positiva entre el aumento de estos dispositivos y la reducción de accidentes graves.

Sin embargo, el debate sobre la recaudación de multas y su destino sigue siendo un tema controvertido. Según la legislación vigente, los ingresos obtenidos por sanciones de tráfico deben destinarse íntegramente a la mejora de la seguridad vial, incluyendo infraestructuras, educación vial, investigación y asistencia a víctimas.

Sin embargo el destino de esta recaudación no está del todo claro, lo que ha llevado el pasado 26 de enero a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, a solicitar al Gobierno de España que destine el dinero que la Dirección General de Tráfico (DGT) recauda con los radares instalados en la provincia a «mejorar nuestras carreteras y a aliviar el colapso que sufren cada día los malagueños». Si se quiere mejorar la seguridad vial «hay que mejorar el tráfico y, para reducir el número de accidentes, hay que mejorar las carreteras y las infraestructuras viarias en la provincia; es lo que llevamos reclamando a Sánchez y al ministro Puente todo este tiempo», ha incidido la dirigente.

Desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA) destacan el importante número de denuncias formuladas mayoritariamente en autopistas y autovías, «y no en las carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas». Su presidente, Mario Arnaldo, considera que «la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación».

Por otra parte, en los últimos años, se han endurecido las sanciones. Estas medidas buscan según la DGT reducir accidentes, pero «el aumento de las cuantías y la pérdida de puntos que conlleva la realización de cursos para recuperar el permiso y exámenes de recuperación genera dudas sobre su verdadera voluntad», argumentan los abogados de Pyramid.

Los expertos en gestión de multas han detectado un aumento en la judicialización de sanciones, especialmente en casos donde se perciben errores procedimentales «ya que la Administración no remite las pruebas necesarias para acreditar las infracciones».

Esto pone en evidencia desde su punto de vista «la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades para garantizar que los fondos se utilicen de acuerdo con su propósito original a nivel nacional».