Las multas que te pueden poner por saltarte el confinamiento y usar el coche sin justificación

Conviene tener en cuenta que en coche solo se permiten desplazamientos individuales, y siempre que se incluyan en los supuestos establecidos en el artículo 7 del real decreto que declaró el estado de alarma. Así, está permitido acompañar a personas con discapacidad o por causa justificada. Se puede abandonar el confinamiento como comprar alimentos , productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

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También se permiten los desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, así como el retorno al lugar de residencia habitual.

Al margen de estos supuestos, no podremos desplazarnos en coche, ni en ciudad ni en carretera, excepto en el caso de los vehículos de transporte con el objetivo de garantizar los suministros.

Las multas, según la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 , podrán oscilar entre los 601 y 30.000 euros.

Para graduar la multa, la normativa sanciona con el grado mínimo con entre 601 y 10.400 euros , el grado medio con entre 10.401 y 20.200 euros y el grado máximo con una sanción de entre 20.201 y 30.000 euros.

Se considera desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, y serán considerados como agravantes la alegación de datos falsos o inexactos, lo que podrían elevar la causa a delito, así como la negativa a identificarse. En este caso, las multas variarán entre los 601 y los 30.000 euros. Sin embargo, la reiteración de este incumplimiento podría elevar la multa hasta los 60.000 euros.

Pero hay más. El Código Penal recoge penas de prisión de tres a dieciocho meses a quienes se resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en su artículo 556. En el 550, el mismo texto recoge las penas por atentado contra la autoridad , la resistencia y la desobediencia, lo que incluye «los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo», con penas de cárcel de entre uno y cuatro años de internamiento.