España, suspensa en seguridad vial

El estudio, realizado sobre las grandes ciudades españolas, revela que, pese a las diferentes políticas y medidas de movilidad sostenible que se están implementando, un 60,5% de las personas que residen en grandes ciudades reconocen utilizar el coche para sus desplazamientos habituales, ya sea un vehículo particular, transporte público (taxi o los VTC) o el coche compartido, valorando por encima de todo la seguridad, la comodidad y la capacidad de carga que aporta este medio de transporte. Al coche le siguen el transporte público (18,8%), los desplazamientos caminando (8,2%), la bicicleta o patinete (7,7%) y la motocicleta o ciclomotor (4,8%).

La población encuestada en las 10 principales ciudades españolas ha manifestado en un 43,5% su predisposición a utilizar el transporte público para desplazarse al centro de la ciudad para realizar actividades como ir de compras; y en un 38,3% a moverse andando, especialmente en salidas de ocio. Pero la aceptación de otras formas de movilidad como el coche compartido (8,2%), la motocicleta (4,7%) o la bicicleta/patinete (3,7%), que se utilizan principalmente para ir a trabajar o al centro de estudios, es muy baja.

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La opinión de los encuestados sobre la facilidad de los desplazamientos urbanos es bastante positiva en aspectos como la iluminación o el estado de la vía en general, siendo el aparcamiento en el caso de los coches el que recibe peor puntuación, ya que el 73% de los encuestados opina que la facilidad para aparcar en las grandes cuidades es «regular o mala». En términos globales, la valoración media otorgada en cuanto a «facilidad de desplazamientos» es buena, con 2,91 puntos sobre 5, destacando la «facilidad para moverse por la ciudad en moto», valorada como muy buena en un 58,8% de los casos.

Según el ranking de los 10 problemas con los que se encuentran las grandes ciudades planteados en el Barómetro Fesvial de Seguridad y Movilidad 2022, la seguridad vial ocupa el octavo puesto, por detrás de otros como el estado de limpieza de las calles y de la recogida de basuras. Sin embargo, los problemas de movilidad y accesibilidad son la segunda mayor preocupación, siendo el primero la seguridad ciudadana.

El estudio también muestra que las principales ciudades españolas obtienen un aprobado en seguridad vial, con una valoración media de 2,94 puntos sobre 5 en lo que se refiere a usuarios no motorizados (peatones, ciclistas y usuarios de patinetes), y de 3,05 puntos en el caso de los usuarios motorizados.

Los aspectos mejor evaluados en el Barómetro Fesvial son los referidos a la situación de las señales de tráfico, semáforos y paneles informativos: seis de cada diez ciudadanos consideran que se encuentran en una situación buena o muy buena en cuanto a visibilidad, número, claridad, estado de conservación y funcionamiento. También obtiene una buena valoración el transporte público, especialmente el estado de conservación, la limpieza, las rutas y las conexiones.

El nivel de formación en seguridad vial de los habitantes de las grandes ciudades es donde se han obtenido las puntuaciones más bajas, poniendo de relieve la necesidad de campañas de sensibilización sobre las nuevas formas de movilidad dirigidas a todos los colectivos. Los encuestados también se muestran a favor de la imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa para todos los usuarios de la vía (peatones, conductores, ciclistas, usuarios de patinetes...).

Las cuestiones sobre las que la ciudadanía se muestra más conforme hacen referencia a las medidas que garanticen unos mínimos de seguridad sobre las nuevas formas de movilidad (bicicletas y patinetes), tales como la obligatoriedad del uso del casco, disponer de un seguro o la prohibición de circular por las aceras y calles peatonales.

Por el contrario, las medidas que menor apoyo reciben, aunque en cualquier caso con una posición a favor superior al 50%, son los límites de velocidad «específicos» (20 km/h en vías donde acera y calzada compartan plataforma, 30 km/h en vías de un solo carril por sentido de circulación), y a la prohibición de accesos de vehículos con altas emisiones al centro de la ciudad, o el tránsito de vehículos a determinadas zonas de la ciudad, salvo en el caso de los residentes.