Escándalo Dieselgate
El abogado que quiere tumbar a Volkswagen desde España: «Nos han abierto las puertas»
Más de 7.000 compradores se han unido ya a la macrodemanda colectiva contra el fabricante por el escándalo de manipulación de emisiones Dieselgate, y esperan conseguir hasta 6.000 euros por vehículo afectado
Más de 7.000 compradores españoles se han unido ya a la macrodemanda colectiva contra Volkswagen por el escándalo de manipulación de emisiones Dieselgate, y se calcula que superarán los 10.000 cuando a final de año se presente la causa. Según Vilches Abogados, el bufete que la pilota (bajo el paraguas de la plataforma « Afectados TDI »), los afectados aspiran a obtener una indemnización de hasta 6.000 euros por vehículo.
«Se trata de la mayor demanda civil en cuanto a agrupación de personas afectadas», explica Manuel Vilches , socio director de Vilches Abogados. En España hay 683.626 damnificados por la instalación de un dispositivo de manipulación de emisiones en el motor diésel EA 189, en modelos de las marcas Volkswagen, Skoda, Audi y Seat vendidos desde 2009 hasta 2015. El plazo para unirse a la demanda permanecerá abierto hasta finales de diciembre, puesto que al acabar el año expirará el período para poder reclamar.
En mayo, la automovilística, el primer fabricante mundial de vehículos, llegó a un acuerdo con unos 200.000 compradores alemanes para compensar con entre 1.350 euros y 6.250 euros a los compradores de los vehículos afectados. Otras sentencias individuales han obligado al fabricante a recomprar el vehículo afectado , descontando la depreciación. En Estados Unidos, compensó a los afectados con entre 5.000 y 10.000 dólares y recompró los coches a los usuarios que así lo demandaron, tras un acuerdo de 17.500 millones con las autoridades judiciales. También se han alcanzado acuerdos con compradores en otros países, como Australia.
En España, el 17 de febrero se celebró el juicio por la vía civil que inició la organización de consumidores y usuarios OCU, que reclama 3.000 euros para los más de 7.500 afectados. Dicho juicio permanece desde hace siete meses a la espera de sentencia . La OCU consideró que la vía civil era la única posible para los afectados, después de que se desestimara la denuncia por la vía administrativa y de que el procedimiento penal se trasladara a Alemania.
Depreciación y daños morales
La causa de Afectados TDI pedirá daños morales y materiales, al entender que existió un incumplimiento contractual por parte de Volkswagen, que según sus cálculos, supuso una depreciación del 8 al 10% del valor de los coches afectados , al incluirse en los vehículos un sistema desactivador concebido para arrojar valores falsos sobre el banco de pruebas, algo específicamente prohibido por la normativa europea. Vilches, además, detalla que en los últimos meses dos sentencias judiciales han abierto camino: « Nos han abierto las puertas a un mega caso, a poder acudir todos juntos ».
El letrado se refiere a una sentencia del 11 de marzo en el que el Tribunal Supremo habilita la facultad de reclamar directamente a Volkswagen sin necesidad de demandar a los concesionarios, como había que hacer antes. La sentencia, como adelantó entonces este periódico , resolvió por unanimidad un recurso de casación en el que la compradora de un vehículo reclamaba una indemnización de daños y perjuicios por la instalación en el motor de un software que manipulaba los resultados de las mediciones de emisiones contaminantes, con el resultado de condenar solidariamente a ambos al pago de una indemnización -de 500 euros en aquel caso- a la compradora. En la sentencia, el Alto Tribunal razona que «el fabricante del automóvil tiene frente al adquiriente final la responsabilidad derivada de que el bien puesto en el mercado no reúne las características técnicas anunciadas por el fabricante. Esta responsabilidad es solidaria con la del vendedor».
«Ese fallo», dicen desde Vilches Abogados, «aclaró definitivamente las dudas legales que podía haber respecto al asunto. Ahora ya no hay interpretación contraria posible , el éxito de las reclamaciones está prácticamente asegurado y lo único que va a quedar por determinar es la cuantía de la indemnización». «Una segunda sentencia, en julio, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aclaró que cada afectado puede demandar a Volkswagen A.G., la matriz alemana -y fabricante de los motores afectados-, con independencia del país en el que haya comprado el vehículo», cuenta Vilches.
Por ahora, en España ha habido algunas indemnizaciones individuales, aunque Volkswagen no ha alcanzado un acuerdo con los compradores, como sí ha sucedido en Alemania o Estados Unidos. «Están esperando a que prescriba», afirma Vilches, que insiste en que la plataforma Afectados TDI « deriva del espíritu estadounidense », puesto que el bufete es el que se hace cargo de los costes e incluso ha contratado un seguro de costas. «Jamás se ha hecho algo así en España».
El bufete ya cuenta con experiencia en el Dieselgate. « Tenemos 600 vehículos litigando ya en Alemania », cuenta Vilches. Para litigar con el gigante alemán, la plataforma ha movilizado a un equipo de más de un centenar de personas, entre abogados, catedráticos en derecho civil y procesal, documentalistas, procuradores y un equipo psicosocial con varios peritos. «Contra un gigante tienes que ir con un grupo muy grande detrás», asegura.
El escándalo, que afecta a once millones de vehículos llevó al consorcio alemán a perder en dos semanas el 40% de su capitalización, a recortar 3.000 empleos en Alemania. También ha acelerado el declive de la tecnología diésel, que en 2010 suponía el 70% de las matriculaciones y hoy ronda el 25%, forzando a la electrificación del sector y poniendo patas arriba a toda la industria, con normativas de emisiones cada vez más restrictivas. Hasta ahora, el escándalo Dieselgate ha costado más de 29.000 millones de euros a Volkswagen en llamadas a revisión de coches y procedimientos judiciales.
También supuso la condena a algunos directivos de la marca en Estados Unidos, donde se destapó el fraude, y la detención del expresidente de Audi, Rupert Stadler. Stadler, que pasó cuatro meses en prisión, y el ex CEO del consorcio, Martin Winterkorn, están siendo juzgados actualmente en Alemania por fraude, y se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel.
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