Limpiando los resortes del poder

Sin duda, las dos heroínas de la película serían las dos jueces que están cargando sobre sus hombros el peso de las intrincadas relaciones entre supuestos corruptos: Estela San José y Pilar de Lara, ambas de los juzgados de Lugo. Fue esta última la que, hace ahora cuatro años, inició la primera de un rosario de operaciones: la «Carioca», que tenía como eje central el «Queen’s», un prostíbulo del polígono lucense de O Ceao. En el burdel, presuntamente, se daba empleo a prostitutas menores de edad, se agredía a las chicas que allí trabajaban y se practicaban abortos ilegales.

Pero entre la clientela del prostíbulo se encontraban personalidades de cierto renombre en el panorama empresarial lucense: el exitoso empresario farmacéutico Jorge Dorribo o el excobrador de la ORA Javier Reguera, reconvertido en especulador inmobiliario. La empresa de Dorribo, Nupel, suministraba un kit de preservativo y sábanas desechables a las trabajadoras del «Queen’s» , mientras su dueño, José Manuel García Adán, tenía una fluida relación con los poderes públicos, que se encargaban de facilitarle los accesos al local y evitarle, en la medida de lo posible, problemas con la Justicia.

Subvenciones millonarias

Con Adán ya entre rejas, su amigo Dorribo sería el siguiente en caer. En mayo de 2011, la juez San José lo detuvo junto al director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y a uno de los subdirectores de este organismo de la Xunta. Estaban acusados de componer presuntamente una máquina que llenaba de subvenciones las arcas de las empresas de Dorribo y, a cambio, inflaba de sobornos los bolsillos de algunos cargos públicos. Era la «operación Campeón».

Aquel que era considerado un ejemplo de emprendimiento (pues presumía de acuerdos con monarquías petroleras de Oriente Medio sin salir de su sede en Lugo), viéndose acorralado, empezó a tirar de la manta . Fue así como implicó al exministro de Fomento José Blanco, a quien afirmó haberle pagado 200.000 euros a cambio de que intercediese por él ante los ministerios de Sanidad y Economía.

La juez De Lara siguió tirando del hilo del burdel «Queen’s» y lo que se encontró fue una de las madejas más enmarañadas de la historia de Galicia. El excobrador del ORA Javier Reguera, propietario de los terrenos donde se asentaba el prostíbulo, era delegado de Doal, una empresa del grupo Vendex, titular de varias concesiones de servicios municipales en ayuntamientos de Galicia . Algunas de ellas, presuntamente, irregulares. Fue así como en septiembre de 2012 dio comienzo la «operación Pokemon», en cuyo marco detuvieron al gerente de la empresa, Gervarsio Rolando, al propio Reguera y al antiguo número dos de Xosé López Orozco, Francisco Fernández Liñares, junto con cargos de diversos ayuntamientos. El supuesto cerebro de la trama, conocido como «O Cura», al que algunos imputados identifican con el propio alcalde de Lugo, sigue en la sombra.

Para hacer que Galicia deje de ser un escenario de película de mafiosos de perfil bajo, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, llevó al Parlamento su propuesta de crear un órgano independiente contra la corrupción. Según datos del Ministerio Público, Galicia registró un delito de este tipo cada dos días . Un porcentaje, sin duda, impropio de un país desarrollado.