El Defensor del Pueblo denuncia al Gobierno de Canarias por desobediencia

En su informe correspondiente a 2013, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, señala que la Fiscalía deberá determinar si estas tres administraciones han incurrido en el "delito de desobediencia" en su variante de incumplimiento de la obligación de colaborar con determinados órganos como el Defensor del Pueblo, contemplado en el Código Penal.

Este delito, de ser cometido por autoridad o funcionario público, está penado con entre seis meses y dos años de suspensión de empleo o cargo público. El informe del Defensor del Pueblo detalla que con la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Viviendas de Canarias se tramitan un importante número de actuaciones, fundamentalmente relacionadas con el reconocimiento de la situación de dependencia .

"De forma sistemática han de emitirse sucesivos requerimientos ante la falta de respuesta en los plazos previstos", precisa el Defensor del Pueblo, que matiza que, respecto a algunos expedientes, no se ha obtenido respuesta a pesar de haberse efectuado "hasta seis gestiones por diversos canales".

Ahora el fiscal tendrá que determinar si esa conducta puede ser sancionada de acuerdo con el artículo 502.2 del Código Penal. Ese artículo tipifica el obstaculizar la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las comunidades autónomas, "negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación".

El informe del Defensor del Pueblo no precisa cuáles son los hechos que le llevan a denunciar por ese mismo incumplimiento al Ayuntamiento de Teguise .

Soledad Becerril también incluye esas dos administraciones canarias entre las que "entorpecen" el trabajo de su institución con su reiterada falta de colaboración.