El Salvador juzgará a 900 personas vinculadas presuntamente a las pandillas

Para la mayoría de los diputados de la Asamblea, leales a Bukele, las medidas otorgarán mayor orden y eficiencia a los procesos en los tribunales. Sus detractores sugieren que son, más bien, una violación al «debido proceso» y que los juicios masivos atropellan los derechos individuales de cada procesado. Además, si bien los regímenes de excepción han demostrado una reducción de la violencia a niveles históricos —han sido capturadas 71.776 personas, pertenecientes a las principales pandillas del país— los procedimientos y la arbitrariedad con los que son ejecutados también han sido objeto de duras críticas.

Estas medidas surgen en medio de constantes señalamientos en contra del Gobierno de Bukele por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la fundación salvadoreña Cristosal ha documentado y denunciado múltiples violaciones a los prisioneros de Bukele. En su último informe, Cristosal reportó la muerte de 153 reos bajo custodia del Estado entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. Diarios críticos con el Gobierno, como 'El Faro' —que recientemente migró sus oficinas a Costa Rica alegando persecución gubernamental— han retratado en múltiples investigaciones las historias de reos torturados por las fuerzas de seguridad; reos que tras de varios meses en prisión, han comprobado su inocencia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado múltiples llamados para que el Gobierno «restablezca» los derechos suspendidos en los múltiples estados de excepción que han sido aprobados una y otra vez en el país.

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Las medidas de excepción han sido un mecanismo vital para que el Gobierno de Bukele pueda ejecutar aprehensiones de manera rápida y sin atenerse a varias garantís constitucionales, como el derecho a defensa y la imposición de «toques de queda» en algunos sectores. La Asamblea Legislativa ha aprobado 16 estado de excepción desde que Bukele gobierna El Salvador. El pasado 11 de julio aprobó la decimosexta ampliación por 30 días de un nuevo estado de excepción en el país.

Sin embargo, y a pesar de los señalamientos y críticas, Bukele mantiene un indiscutible liderazgo y popularidad no solo en la región centroamericana, pero a nivel continental. Según el informe 'Imagen de Poder' de la organización Directorio Legislativo, que mide la popularidad de los presidentes americanos, el salvadoreño lidera el ranking con un 91% de aprobación. Le sigue, muy por debajo, Rodrigo Chaves, el presidente de Costa Rica, con un 71% y en tercer lugar Luis Abinader, el presidente de República Dominicana, con un 65%. El informe fue publicado el pasado 21 de julio.

Además, la reciente publicación de la Lista Engel 2023, ha beneficiado al partido e imagen de Bukele, al no figurar en ella ningún funcionario de su Gobierno y sí dos expresidentes de los partidos tradicionales salvadoreños: Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sanchez Ceren (FMLN), señalados por Estados Unidos de «orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación y lavado de dinero» mientras eran presidentes, «robando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado».

Curiosamente, conforme aumenta la percepción positiva de Bukele, también caen algunos indicadores de libertad y democracia en el país centroamericano. El informe 2023 'La recesión democrática de América Latina' publicado el 27 de julio por la Corporación Latinobarómetro, señala que en 2023 «solo el 48% apoya la democracia en la región, lo que significa una disminución de 15 puntos porcentuales desde el 63% de 2010». Y específicamente, en el caso de El Salvador, sugiere que solo el 46% de la población considera que la democracia es preferible al autoritarismo y que apenas el 32% de los salvadoreños considera que los partidos políticos «funcionan bien». «Que Bukele cuente con el 90% de aprobación, que lo pone como el mejor evaluado de América Latina, no significa que la democracia esté fortalecida en el país, sino que, por el contrario, se considera que hay un riesgo para el mantenimiento de la democracia», ha explicado la organización en redes sociales.

Este es, además, un año clave para la democracia salvadoreña. En febrero de 2024, se llevarán a cabo elecciones generales en el país. Bukele ya ha confirmado, tras una serie de polémicas decisiones por parte de las cortes y la mayoría de diputados —aliados y afines al presidente— que buscará la reelección presidencial con su partido Nuevas Ideas, a pesar de las prohibiciones constitucionales. El resto de partidos políticos están finalizando sus primarias para nominar candidatos a diputados y binomios presidenciales. En abril, fuentes de diversos partidos habían confirmado posibles alianzas entre las organizaciones tradicionalistas —como la derechista Arena y la progresista FMLN— para intentar contrarrestar la fuerza de Bukele. Pero tres meses después, toda esperanza de alianza ha muerto. Los partidos correrán por separado, cada cual con candidatos que no representan ninguna amenaza para la victoria Nuevas Ideas y el continuismo de Bukele en 2024.